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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Gerardo Unzueta

34 años

(El Universal)

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Gerardo Unzueta

El 13 de septiembre pasado, se cumplieron treinta y cuatro años de la iniciación de una lucha democrática por los derechos plenos para los ciudadanos de la Ciudad de México: ese día se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición del Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda) – uno de los antecedentes del Partido de la Revolución Democrática–, mediante la cual se facultaría a la Comisión del Distrito Federal para convocar a una consulta popular que propiciara la reglamentación de la Fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política, base segunda “como parte de la reforma política …” que incluyó el registro del Partido Comunista Mexicano (el cual participó desde 1979 en la Coalición de Izquierda, junto con el partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Unidad y Acción Socialista) y mediante la actuación de 18 diputados.

Como se desprende del texto de la proposición, ésta fue presentada en el primer turno de las intervenciones de la Coalición y correspondió su elaboración a nuestro colaborador Gerardo Unzueta, diputado a la LI Legislatura. Fue aprobada por unanimidad, iniciándose así un periodo de audiencias Públicas, un proceso que todavía no concluye: hay notables pendientes, entre ellos la Constitución política de la entidad.

¡Hace treinta y cuatro años…!

Sin democracia en el DF, no habrá democracia en el país

Compañera Presidente;

Compañeros diputados;

Una de las cuestiones que ha creado inquietud en las organizaciones políticas, y en general en la ciudadanía del país, ha sido, sin duda, la carencia de posibilidades de los habitantes del Distrito Federal para participial e intervenir en el gobierno de esta entidad, la de mayor densidad de población, la que contribuye con el caudal principal al producto nacional donde se asientan los poderes de la unión, las sedes de las organizaciones políticas y sociales nacionales, los centros de cultura más importante de la Nación.

La cuestión tiene tal importancia que todos los partidos políticos – en un sentido u otro, con unas soluciones u otras- se ocupan de la cuestión en sus programas o plataformas políticas. Desde el momento en que se decidió cambiar el status jurídico de esta región del país y suprimir el régimen municipal – hace ya casi seis décadas-, los ciudadanos del Distrito Federal han carecido de los medios institucionales para influir en su organización estatal y en su dirección política. Si bien entonces esa medida era ya de por sí injusta, ahora resulta verdaderamente discriminatoria, carente de toda base política y social.

En los últimos años ha cobrado mayor evidencia que nunca que el Distrito Federal es el centro económico y político del país; que es aquí donde se desarrollan las mejores condiciones para impulsar la democracia; que mientras uno de cada cuatro mexicanos carezca de “un sistema de participación ciudadana en su gobierno” (como dice de una frase de la exposición de motivos del proyecto de Ley sobre Referéndum e Iniciativa Popular), no podrá hablarse de una vida democrática real en el conjunto de la República.

Por ello en el país – particularmente en la Capital de la República-, fueron bien recibidas las fórmulas del referéndum o iniciativa popular que se establecieron para el Distrito Federal por la fracción VI, base segunda, del artículo 73 de la Constitución, como parte de la reforma política que ha impulsado el actual gobierno de la República.

Pero también por ello numerosas organizaciones, entre las que se encuentran los partidos integrantes de la Coalición de Izquierda, propusieron que la reglamentación de este enunciado constitucional se hiciera con apoyo en los resultados de una amplia consulta popular, semejante a las audiencias públicas que permitieron la discusión de las reformas al sistema electoral.

El pasado martes esta Cámara ha recibido del Presidente de la República un proyecto de Ley de Referéndum e Iniciativa Popular, sin que haya mediado la posibilidad de realizar tal consulta, como tampoco fue posible hacerla al aprobarse y promulgarse la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Pensamos que el hecho de que se haya recibido este proyecto, de ninguna manera imposibilita – antes al contrario, pues existe un documento materia de discusión-, el que se realice la consulta popular propuesta, en la cual se escucharía a las organizaciones políticas y sociales, a las autoridades y a todos los ciudadanos interesados en la cuestión.

Cómo y en qué sentido han de reglamentarse el referéndum y la iniciativa popular; qué esferas han de abarcar éstos; cuáles han de ser las estructuras que deben garantizar la autenticidad de la expresión ciudadana por esos medios. En fin, éstas son sólo algunas de las cuestiones sobre las que es preciso recoger la opinión de los ciudadanos, para que la reglamentación de las mencionadas fórmulas se constituya, en efecto, en parte de la reforma política y no es su contrario.

Una vez presentado a esta LI Legislatura el proyecto señalado, resulta natural que sea precisamente la Cámara de Diputados – a través de su Comisión del Distrito Federal-, la instancia apropiada para convocar y realizar la consulta popular que debe anteceder a la aprobación de la ley reglamentaria.

En consecuencia y con base en todo lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda), propone a esta Cámara autorice que la Comisión del Distrito Federal, en la que están representados todos los partidos que actualmente integran este órgano, convoque a un período de Audiencias Públicas en el que se escuche con amplitud la opinión de las organizaciones políticas y sociales, de las autoridades del Departamento del Distrito Federal, de personalidades de la vida política del D.F. y en todo el país, de especialistas en la materia y de todo ciudadano que desee intervenir. Esperamos que a esta proposición se le dé el tratamiento expedito, como caso de obvia resolución, con base en lo que expresa el artículo 59. Del Reglamento para el gobierno interior del Congreso, tal y como adecuadamente se procedió el pasado martes con la propuesta relativa a la convocatoria de un período de Audiencias Públicas, previo a la reglamentación del Derecho de Información. Atentamente

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 13 de septiembre de 1979. Por el Grupo Parlamentario Comunista (Coalición de Izquierda). Arnoldo Martínez Verdugo, Coordinador.”

– El C. Secretario Guillermo Jiménez Morales: En votación económica si se considera la proposición de obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie… Se considera de obvia resolución. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

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