Rumbo al cambio verdadero

MORENA la esperanza de México

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Gerardo Unzueta

A los 20 años

(El Universal)

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Gerardo Unzueta

Mi anterior entrega fue, prácticamente, una crítica y un emplazamiento al régimen político mexicano ante su renuencia al cumplimiento de uno de los históricos compromisos de la reforma política de 1977: el reconocimiento a la plenitud de derechos políticos de los ciudadanos residentes del DF.

 Desde la legislatura de origen —la LI, en la que desempeñé las tareas de diputado y como tal presenté la propuesta inicial— en cada periodo de sesiones, bajo el impulso de las fuerzas de izquierda, se han producido las audiencias públicas, con la participación de representantes de los partidos, y una intervención cada vez más activa de ciudadanos del DF. En cada serie de audiencias, la presencia del PRI fue menos significativa. Recordaré que al terminar una de ellas, Luis M. Farías, coordinador de ese grupo parlamentario me dijo: “¿Ves la tiznadera en que nos has metido?” No fue un reclamo, sino el reconocimiento de la incapacidad de su partido para continuar la reforma política. Pero ¿cuáles fueron los obstáculos que ha enfrentado esta demanda?, ¿cómo, a pesar de todo, en medio una enconada lucha de posiciones, el reclamo democrático pudo avanzar? Me sirvo para esa reseña de mi intervención en el “Curso Taller” impartido a quienes llegaban a la II Asamblea Legislativa del DF (agosto del 2000). Las consultas ciudadanas de 1986 tuvieron un peso decisivo: de ellas surgió el proyecto de decreto, presentado en la Cámara de Diputados en octubre del mismo año, que proponía la reforma y derogación de diversos artículos de la Constitución. Su idea central: “la formación de una entidad federativa en el territorio que ahora ocupa el DF, con elección directa del gobernador, de la Cámara de Diputados y de las autoridades municipales… El estado contará con una constitución propia, donde se esclarecerá su régimen interno; establecerá los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial…”; y la supresión de la facultad del Ejecutivo federal para nombrar gobernador, así como la del Congreso de la Unión para legislar en cuestiones del DF.

Los artículos transitorios del decreto establecían los procedimientos para la constitución del nuevo estado: “será el Congreso de la Unión el que convoque a elecciones del Congreso Constituyente; dicho Congreso se compondría de 100 diputados; la Cámara de Diputados federal nombrará un encargado del Poder Ejecutivo interino hasta que se promulgue la constitución; el Congreso Constituyente expediría la Constitución del estado a más tardar seis meses después de su instalación.

Esta iniciativa creó magnífica condición para cumplir la decisión adoptada 20 años antes. Su mejor expresión fue su elaboración colectiva por cinco partidos: PSUM, PMT, PRT, PAN y PDM. Mas la respuesta del partido gobernante puso en evidencia que no estaba dispuesto a acceder a la creación del nuevo estado y a la plenitud de derechos de los ciudadanos. Contestó con una iniciativa destinada a contener la demanda con la formación de una asamblea de representantes sin facultades legislativas.

Como respuesta el movimiento: desechó la iniciativa priísta y aprobó la presentada por los cinco partidos; así, puso en la estacada la negativa al estado 32, y el rechazo a la elección de órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, propios de los ciudadanos del DF. Pero, sobre todo, abrió un lapso de nuevas luchas por la constitución propia de la nueva entidad, derecho de todos los ciudadanos y de ella misma. Sin este ordenamiento jurídico el DF y el proceso de rediseño institucional iniciado en 1979 quedarían truncos; no habrá definición clara de la frontera entre la federación y el nuevo estado ni de las facultades que corresponden a una y otro, no se habrá terminado con los tutelajes injustificables ni con la incertidumbre para la entidad, su gobierno y los ciudadanos.

Periodista

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