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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Blanche Petrich

La impunidad que subsiste en Guerrero viene desde la guerra sucia: Comverdad

  • Presentará hoy su informe, en el que documenta ejecuciones y desapariciones forzadas

 

 
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Ataque de los llamados halcones –protegidos por policías– en contra de estudiantes, ocurrido el 10 de junio de 1971 en la ciudad de México Foto archivo personal de Paco Ignacio Taibo

 

 

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Estudiantes protestaron ayer en Chilpancingo frente al palacio de gobierno de Guerrero, para exigir justicia por los ataques contra normalistas ocurridos en septiembre pasado en Iguala Foto Ap

 

 

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Periódico La Jornada
Martes 14 de octubre de 2014, p. 8
En vísperas de que se dé a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre las secuelas de la guerra contrainsurgente en Guerrero entre 1969 y 1979 –mañana en Chilpancingo–, los comisionados Pilar Noriega García y Nicomedes Fuentes García reflexionan sobre la situación actual en ese convulso estado: La impunidad que subsiste hoy se gestó desde aquellos años.

Durante 30 meses, cinco comisionados –el presidente, Enrique González Ruiz; Aquiles González, Hilda Navarrete, Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes, este último secretario– removieron viejos archivos, hicieron excavaciones y peritajes, realizaron foros en las comunidades afectadas por los años de conflicto, para generar confianza, y encontraron, nos cuenta Nicomedes Fuentes, que a pesar de las cuatro décadas transcurridas, en las comunidades afectadas y entre los sobrevivientes subsiste el miedo.

Pero al final fue más fuerte la necesidad de saber qué fue lo que pasó, dónde quedaron sus padres, sus esposos y hermanos. Y pensar que todo esto lo podríamos obviar solamente si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se decidiera a contar la verdad, que diga qué pasó y precise lo que seguramente sabe: dónde quedaron las personas de las que nunca se volvió a saber nada. Fuentes García fue preso político en los años sesenta, y al salir libre pasó a la clandestinidad y se sumó a la lucha armada de aquellos tiempos.

Vuelos de la muerte

Entre las novedades que aporta el informe de Comverdad destacan las evidencias desconocidas hasta ahora sobre los vuelos de la muerte, en los que militares arrojaron al océano Pacífico a opositores y presuntos guerrilleros en el contexto de la guerra contrainsurgente.

Logramos obtener declaraciones de testigos que hasta ahora no habían declarado, tanto sobrevivientes como pilotos que participaron en esos vuelos, que amplían las versiones que hasta ahora se conocen, adelanta la penalista Pilar Noriega García.

Estas declaraciones, cotejadas con la línea de tiempo y las rutas del conflicto armado que se reconstruyeron con centenares de documentos internos de la Sedena y otras instituciones, confirman y amplían una narración –recopilado en el libro Obligado a matar– sobre estos vuelos de la muerte revelada hace 26 años por el militar desertor Zacarías Osorio durante un juicio para obtener asilo en Canadá.

Comverdad agrega a la narrativa de lo sucedido esa década tres nuevos relatos: los de dos sobrevivientes y de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, que revelan detalles hasta ahora desconocidos, minuciosamente descritos, sobre los sobrevuelos que llevaban a bordo presos políticos que eran arrojados al mar.

Son descripciones minuciosas sobre la forma de operar, sobre cómo los aviones descendían para tirar los cuerpos, cómo los vuelos recorrieron mayor distancia mar adentro y los militares empezaron a meter a las víctimas en sacos de ixtle llenos de piedras. También cuando en las comunidades costeras algunos restos empezaron a aparecer, que en un momento evaluamos la posibilidad de realizar una búsqueda en el lecho marino en determinados lugares. Pero después de consultar con buzos profesionales desistimos, ya que las posibilidades de encontrar algo eran mínimas y el costo era altísimo, aclaró Noriega García.

Durante 30 meses, los investigadores de Comverdad sufrieron amenazas de muerte, saqueos a sus oficinas, incluso un atentado con armas de fuego contra la vida de dos de ellos, la penalista Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes.

En el último semestre, el Congreso estatal suspendió la entrega del presupuesto asignado por ley para su operación en la fase final. Fue justamente después de una exhumación en la comunidad de El Posquelite, en Coyuca, que dio positivo en el hallazgo de los restos de un guerrillero muerto.

A lo mejor los señores diputados ya no se sintieron tan comprometidos con el tema de la verdad histórica cuando empezaron a ver que aparecían algunas verdades que todavía son incómodas. Pisamos callos, y no sólo metafóricamente, agrega Noriega García.

La fecha del hallazgo en El Posquelite (junio de 2014) coincidió con un atentado que sufrieron Fuentes García y la abogada Noriega García en la carretera entre Iguala y Chilpancingo.

Si hubiéramos tenido fondos suficientes, probablemente habríamos encontrado más restos. La verdad es que por esa negativa de entregar la última partida presupuestal muchas líneas de investigación quedaron pendientes. No se pudo llegar a fondo, lamenta Fuentes García.

Crímenes de lesa humanidad

El reto central de Comverdad, señala Pilar Noriega, será demostrar que en la década de los años 70 del siglo pasado en México, y especialmente en Guerrero, hubo represión masiva y generalizada y que la serie de esos delitos cometidos por militares y policías estatales y federales constituyen, jurídicamente, crímenes de lesa humanidad que tendrán que ser materia de juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

El informe documenta 463 casos de severas violaciones al derecho humanitario, que comprenden 24 ejecuciones sumarias, 230 desapariciones forzadas y –algo que ninguna de las averiguaciones previas tomó en cuenta– 205 casos de sobrevivientes de desaparición forzada, es decir, de personas que pasaron largas temporadas en cárceles clandestinas del Ejército y lograron salir con vida.

“Demostramos, con peritajes, exhumaciones, análisis de documentación oficial, correspondencia interna de la Sedena y nuevos testimonios, que se cometieron masivamente delitos que no han prescrito, a pesar de que han pasado entre 35 y 45 años. Probamos que todos –detención ilegal, desapariciones forzadas o transitorias, tortura, ejecuciones extrajudiciales– tienen derecho a reparación del daño, según el criterio de la Coidh”, puntualiza.

Se rastrearon y digitalizaron centenares de expedientes depositados en el Archivo General de la Nación de los fondos de las extintas Dirección Federal de Seguridad, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, así como de la Sedena y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fueron consultadas 28 tesis académicas relacionadas con los hechos en Guerrero de 1960 a 1980.

En los momentos más críticos del conflicto se estima que fueron destacados hasta 24 mil soldados para combatir a la insurgencia y controlar a la población en las zonas donde ocurrían operaciones militares.

Se reconstruyeron las rutas de operativos castrenses, como el denominado Plan Telaraña, para el control de poblaciones, desplegado de abril a junio de 1971 y descrito en más de 100 escritos y mapas militares.

En el cruce de datos entre estos operativos contrainsurgentes y las evidencias de violaciones a los derechos humanos se trata de identificar si el Ejército se abocó únicamente a combatir a los grupos guerrilleros o si además atacó y causó daño a comunidades sin presencia rebelde.

Se establecieron 18 rutas en las que se produjeron incidentes de este tipo. Se documentaron los hechos con 373 testimonios, tanto de familiares de víctimas como de sobrevivientes de desaparición forzada. A estos testimonios se agregaron 10 casos documentados profusamente en investigaciones anteriores.

En 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que durante la guerra sucia en México se registraron 536 casos de desaparición forzada. Sólo en Guerrero se registra la mayor parte, con 332. Sin embargo, en este informe no se tomaron en cuenta los casos de cientos de sobrevivientes de desaparición forzada.

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