Rumbo al cambio verdadero

MORENA la esperanza de México

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Jesús Cantú

La apuesta por el olvido

(Proceso No. 1996)

 

Jesús Cantú

 

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Jesús Cantú

Los escándalos de los conflictos de interés del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y los integrantes de su gabinete, y los crímenes de Estado en Tlatlaya e Iguala muestran la incapacidad del gobierno federal para manejar la presión social; los tres casos evidencian delitos o al menos irregularidades administrativas recurrentes en los funcionarios públicos mexicanos, que normalmente permanecían ocultas y en los últimos meses del año anterior salieron a la luz a raíz de investigaciones periodísticas. El gobierno intenta superar los tres casos sin atenderlos y mucho menos resolverlos.

En cuanto a las residencias vendidas por los constructores favoritos de los gobiernos (estatal y federal) que encabezó y encabeza Peña Nieto, simplemente se pretende ignorar la presunta irregularidad administrativa o el conflicto de interés. En su mensaje, Angélica Rivera pasa por alto cualquier tipo de irregularidad y quiere transmitir la percepción de un compromiso, incluso mayor al establecido en la legislación vigente, con la transparencia y la rendición de cuentas. Peña Nieto ni siquiera se ha pronunciado sobre la compra de su casa en Ixtapan de la Sal; la única respuesta fue un escueto mensaje de su oficina de comunicación social, lo cual provocó que el semanario financiero británico The Economist –aun sin mencionar dicho documento directamente– mostrara su preocupación por el cinismo presidencial.

En el de Tlatlaya, al verse descubiertos, todos los esfuerzos gubernamentales se dirigieron a inculpar a soldados rasos y exculpar de cualquier responsabilidad a los oficiales, como si en el Ejército no existiera la disciplina militar y los soldados actuaran libremente.

Y en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –el caso que más atención ha recibido en los medios y comunidades internacionales–, las baterías se dirigieron de inmediato contra las autoridades municipales, en este caso incluso para dejar fuera de toda responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército.

En los tres casos afloran las contradicciones y las incoherencias, pero eso no impide que el gobierno federal y particularmente el presidente Peña Nieto las ignoren y continúen impávidos su camino. En el caso de los normalistas, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo el 27 de enero que las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo, detenido el 15 de enero, confirman que él “dirigió la operación (para asesinarlos), conduciendo a las víctimas hasta el basurero (de Cocula), interrogándolas, dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas, ordenando que no quedara nada”, con lo cual se cerró el caso.

Así, para decretar el carpetazo Murillo Karam se aferra a la confesión ministerial de uno de los presuntos inculpados (a pesar de las innumerables evidencias de que esas declaraciones son obtenidas bajo tortura y en múltiples ocasiones son incluso inventadas), pero las descalifica cuando se le cuestiona sobre la presunta participación de la Policía Federal y el Ejército.

La reportera Gloria Leticia Díaz reveló, en el número 1992 de Proceso, que el expediente de la PGR sobre el caso contenía las declaraciones de Salvador Bravo Bárcenas, exdirector de Seguridad Pública de Cocula y mayor retirado del Ejército, en las cuales afirmaba haber denunciado ante Juan Antonio Aranda Flores, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería –con sede en Iguala–, las acciones de César Nava, también exmilitar y hoy acusado de haber participado en la desaparición de los estudiantes.

De acuerdo con la declaración de Bravo, Aranda tuvo una reunión con Nava y sus allegados, en las instalaciones de la comandancia de policía y respaldó el trabajo del hoy inculpado.

Bravo no es el único declarante que involucra al Ejército ni éstos son los únicos señalamientos que se hacen; sin embargo, Murillo Karam aseguró que no hay ninguna evidencia de que elementos del Ejército participaran, por acción u omisión. Así, las confesiones de un presunto criminal son suficientes para darle carpetazo al caso; pero las declaraciones de un testigo, que hoy está en libertad, no sirven ni para abrir una línea de investigación.

La valoración de las confesiones es distinta porque el criterio que se utiliza nada tiene que ver con la calidad del declarante ni la aportación o vinculación de otras pruebas o pesquisas, sino con su sintonía con la hipótesis que la PGR intenta demostrar. Las confesiones de los criminales que abonan en el sentido de que toda la responsabilidad es de la delincuencia organizada y las autoridades municipales tienen pleno valor probatorio; y todas las declaraciones, aunque sea de personas no inculpadas en los hechos, que aporten algún elemento para descalificar dicha hipótesis o abrir nuevas líneas de investigación son descalificadas en automático, sobre todo si atañen a dependencias federales.

Pero como en los dos casos mencionados, los funcionarios del gobierno federal simplemente ignoran las evidencias, manifestaciones y declaraciones que cuestionan o niegan sus afirmaciones.

Se da exactamente el mismo tratamiento a las declaraciones del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien llama a “entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad” así como a mantener abierto el caso hasta en tanto se juzgue a todos los responsables y se esclarezca el destino de los normalistas; que a las del director para las Américas de Human Rights Watch, quien califica las conclusiones de la PGR como poco serias; o las de los padres de los normalistas, quienes reclaman la presentación con vida de sus hijos.

Al gobierno federal no le interesa convencer o resolver los casos. Simplemente apuesta al silencio de buena parte de los medios de comunicación, a las voces empresariales que ante el temor de la inestabilidad convocan a cerrar filas con el gobierno, al hartazgo de la comunidad ante las molestias que les causan las manifestaciones de los agraviados, y al agotamiento y cansancio de los familiares y los activistas sociales.

Buscan que la indignación causada por esos actos de corrupción y crímenes de Estado corran la misma suerte que los migrantes sepultados en las narcofosas, la matanza de 16 estudiantes en Villas de Salvárcar, el asesinato de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey a manos de soldados y tantas otras atrocidades cometidas o toleradas por las autoridades mexicanas: el olvido.  

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