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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Jesusa Cervantes

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Tras un paréntesis de dos meses, el miércoles 11 las fracciones del PRI, PAN y PRD acordaron destrabar las pláticas sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, persisten algunas diferencias para aterrizar las nuevas facultades que tendrá la Auditoría Superior de la Federación. Lo que sí acordaron ya fue eximir al presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda de los delitos de conflicto de interés y corrupción en el caso de las residencias adquiridas de manera dudosa al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

(Proceso No. 1999)

 

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Los delitos principales por los cuales fue acusado Enrique Peña Nieto al adquirir en condiciones ventajosas dos casas de proveedores del Estado de México y el gobierno federal –conflicto de interés y probable corrupción– fueron eliminados del último borrador del Sistema Nacional Anticorrupción que PRI, PAN y PRD negocian en la Cámara de Diputados.

En la última versión de documento, los legisladores de esos partidos eliminaron también la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración de impuestos, e incluso dejaron fuera del escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los millonarios recursos que reciben los estados a través de las llamadas “participaciones federales” que cada año aprueba la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El 11 de diciembre último, la fracción del PAN se levantó de la mesa del grupo de trabajo formado por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro para confeccionar el nuevo Sistema Anticorrupción y se interrumpieron las labores, que se reanudaron el miércoles 11, justamente dos meses después.

La suspensión se debió a que el PRI pretendía que el presidente de la República y los gobernadores formaran parte del organismo encargado de establecer y vigilar la política pública anticorrupción.

Según declaró el presidente de la comisión, el perredista Julio César Moreno, el dictamen quizá se apruebe en comisiones el martes 24 y el jueves 26 se lleve al pleno para avalar las reformas a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 94, 108, 109, 113, 114, 116, 122 y 134.

Sin embargo aún existen diferencias entre el bloque PAN-PRD con el PRI, cuyos legisladores rechazan que el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, sea ratificado por dos terceras partes del Senado.

En entrevista, el diputado federal Fernando Rodríguez Doval, quien forma parte de las negociaciones, asegura que existen diferencias sobre cómo “aterrizar” en el texto constitucional las nuevas facultades de la ASF, como el indagar en las cuentas gubernamentales en “tiempo real” y no dos años después, como hoy se establece; además falta establecer cómo formar, elegir y operar el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mejor conocido como “tribunal de cuentas”.

Rodríguez Doval considera que se debe discutir nuevamente la posibilidad de sancionar al presidente de la República por los delitos de “conflicto de interés” y de “corrupción”, la obligación de presentar “declaración de impuestos” y la posibilidad de auditar en algunos casos las participaciones federales que se entregan a los gobiernos estatales.

Peña Nieto, intacto

El pasado 27 de noviembre, después del escándalo mediático detonado por la información de Carmen Aristegui sobre la adquisición de la Casa Blanca de parte de Angélica Rivero, esposa de Peña Nieto, a través del proveedor federal Armando Hinojosa Cantú –que la conductora de MVS subió a su portal Aristegui Noticias el 9 de noviembre–, el Ejecutivo federal informó en cadena nacional su decisión de impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción que había propuesto la dirigencia nacional panista el día 3 de ese mes.

El 11 de diciembre The Wall Street Journal reveló que Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto, también había comprado una vivienda en Malinalco, Estado de México –“con inusuales intereses”– a Juan Armando Hinojosa Cantú.

El 20 de enero el mismo periódico informó que otro proveedor mexiquense vendió a Peña Nieto una residencia en Ixtapan de la Sal en 2005, cuando aún era gobernador del Estado de México.

El anuncio de Peña Nieto de impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción llevó a los priistas, con el diputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza a la cabeza, a acelerar las negociaciones con el PAN. Sin embargo, la intención de que dicho organismo estuviera encabezado por el propio Peña Nieto y gobernadores truncó los acuerdos durante dos meses.

El miércoles 11 las fracciones de PAN y PRD lograron “amarrar” en San Lázaro uno de los principales artículos a modificar, el 108, relativo al escrutinio a los actos del presidente de la República.

El su párrafo segundo, el artículo establece que el presidente sólo podrá “ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Según la diputada perredista Amalia García, quien forma parte del grupo de trabajo, en el acuerdo logrado entre su partido y el PAN se amplió la acusación al delito de “conflicto de interés”.

La ampliación de futuras acusaciones quedó de la siguiente manera: “(El presidente) podrá ser acusado por traición a la patria, conflicto de interés, por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos cometidos por servidores públicos y delitos graves del orden común”.

El punto fue rechazado por el PRI; dos días después lo secundaron los dos partidos –PAN Y PRD–, cuyos diputados retiraron incluso una de las principales acusaciones contra Peña Nieto y su secretario de Hacienda en el asunto de las casas: el conflicto de interés.

En el documento, según detalla García a Proceso, se eliminó el “conflicto de interés” y se añadió el de corrupción: “… podrá ser acusado por violaciones a esta Constitución… por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común”.

El panista Rodríguez Doval aceptó que los delitos de conflicto de interés y corrupción contra el presidente han sido temas del PRD, “el PAN no los ve con malos ojos y serán temas que van a estar en la mesa de discusión”.

Explicó: “Tenemos que abordarlos y reflexionar sobre ellos para que ningún acto de corrupción quede impune. ¡Venga de donde venga! Pero tenemos que ver la mejor manera de lograrlo y contar con una visión de Estado y ser responsables. Tendrá que haber algún tipo de abordaje jurídico”.

La semana pasada el PAN aceptó que en las leyes secundarias se establezcan las circunstancias en las cuales deba sancionarse penalmente a los servidores por enriquecimiento “cuya procedencia no pudiesen justificar”. El PRD lo llama “inexplicable”; el PRI ni siquiera lo contempla.

Los tres partidos aceptaron elevar a rango constitucional el que todos los servidores públicos, incluido el Ejecutivo federal, presenten sus declaraciones patrimoniales (como ya los obliga la Ley de Responsabilidades). “Pero en las leyes secundarias se establecerá el detalle mínimo que deben incluir, como por ejemplo quién les donó determinado bien, cuándo, así como el valor del mismo y la forma de pago”, añadió Rodríguez Doval.

Además se les obligará a presentar su declaración de “intereses” como lo anunció el propio Peña Nieto; el PRI ya lo aceptó. El panista aclaró que ésta no es propuesta del presidente de la República, sino de la ciudadanía, incluyendo a la iniciativa privada.

Hasta ahora ni PAN ni PRI han aceptado presentar sus declaraciones de impuestos. En ellos se podría establecer si sus salarios coinciden con su poder adquisitivo.

También los gobernadores

En el artículo 79 de la Constitución se otorgan nuevas facultades a la ASF, la cual es un órgano auxiliar de la Cámara de Diputados, así como quiénes podrán ser sujetos a su escrutinio.

Rodríguez Doval explicó que todo el Sistema Nacional Anticorrupción incluye la transformación de dos instituciones existentes: la ASF y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

PAN, PRD y PRI coinciden en que la ASF pueda auditar en tiempo real y no dos años después de ejercido el gasto, para evitar que “se diluya la responsabilidad”. Además podrá auditar todos los fideicomisos y no habrá secreto financiero.

Sin embargo existe un aspecto que los tres partidos rechazan y es que la ASF no audite las llamadas participaciones federales.

La Cámara de Diputados autoriza cada año en su presupuesto de egresos las llamadas “participaciones federales” a las 32 entidades federativas, pero es Hacienda la que les entrega cada mes el dinero. Los gobernadores y sus secretarios de finanzas por lo general se endeudan, sabedores de que les llegará el recurso, lo cual es aceptado por los proveedores.

Un ejemplo: la deuda por 36 mil millones de pesos que dejó Humberto Moreira cuando terminó su gestión en Coahuila, pues estableció compromisos a futuro a cargo de las llamadas participaciones federales.

Según el último documento elaborado por PRI, PAN y PRD, cuya copia obtuvo Proceso, los firmantes están a favor de otorgar amplias facultades a la ASF; incluso se indica con mayúsculas y en negritas que “todos los grupos coinciden en mantener la excepción a la fiscalización de estas participaciones por parte de la ASF”.

En caso de avalarse dicha excepción, a los gobernadores les bastará informar a Hacienda sobre los convenios que firmen a cargo de los recursos federales, pero no estarán obligados a comprobar la veracidad de los contratos ni la existencia real del contratista o precios sobre los servicios o bienes que adquieran, como sucede en la actualidad.

El negociador del PAN acepta que se aceptó esa excepción, pero aclara que “aún hay diferencias sobre el tema”. Sostiene que sí se deben auditar pero cuando se cumplan ciertos requisitos o circunstancias.

“No hay acuerdo aún pues por un lado debemos garantizar el federalismo y la soberanía de los estados, pero también debemos evitar que con ese argumento haya impunidad en estados y municipios. Que los gobernadores sean intocables como ahora, es lo que debemos evitar. Nosotros lo que proponemos es que la ASF tenga plenas facultades para atraer asuntos locales y eventualmente revisar auditorias locales”, expuso Rodríguez Doval.

Ante la insistencia de si el PAN estaría dispuesto a que se auditen las participaciones federales recibidas por los gobernadores, aunque el documento asegure lo contrario, Rodríguez Doval dijo sí, pero matizó:

“Con ciertas condiciones, pues no podemos dejar todo sin que existan ciertos requisitos, para evitar que exista el golpeteo político. Y por supuesto que la ASF debe investigar cómo se ejercen los recursos a nivel local.”

En cuanto a la posibilidad de fincar responsabilidades sobre los servidores, el PRI pretende que ésta sólo tenga una duración de cinco años, mientras el PAN demanda que sea transexenal –“hasta 15 años”–; “esa es una forma de evitar impunidad”, sostuvo en la mesa su representante.

Tribunal de cuenta

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, según la propuesta de todos los partidos, contará con dos figuras claves: el titular de la SFP –aún se discute que el nombramiento sea ratificado por el Senado, pero el PRI se niega–, quien no tendrá facultades para sancionar; y el fiscal anticorrupción, quien será nombrado por el Senado. En 2018, una vez que la Procuraduría General de la República sea autónoma, su titular designará al fiscal anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción investigará posibles delitos y la ASF posibles faltas administrativas graves y no graves. El titular de la SFP detectará una posible falta administrativa, la cual notificará a la auditoría para que investigue; si encuentra pruebas, informará al tribunal de cuentas para que aplique la sanción.

Pero si la ASF detecta un delito (no sólo una falta administrativa), lo notificará a la Fiscalía Anticorrupción, la cual iniciará las indagatorias; y si considera que el delito se cometió, lo notificará a un juez penal.

Actualmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene nueve magistrados. De aprobarse la reforma constitucional se transformará en Tribunal Federal de Justicia Administrativa y duplicará el número de sus integrantes.

El PAN propone que los nueve actuales continúen en su cargo y que el presidente de la República nombre a los otros nueve, quienes serían ratificados por el Senado. Permanecería 15 años en su cargo sin posibilidad de relegirse.

En cuanto al conflicto de interés, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y corrupción, si bien ya están tipificados y definidos en el Código Penal, el nuevo sistema establece que las leyes generales a crearse –la de Corrupción y la de Responsabilidades Administrativas–, deberán ampliar las definiciones, así como lo que debe incluir una declaración patrimonial y la declaración de intereses.

PRD y PAN están de acuerdo en crear ambas leyes, el PRI busca una sola. Los tres partidos han aceptado que cuando se determine que un servidor público incurrió en enriquecimiento ilícito se proceda a la extinción de dominio; es decir, el Estado se quedará con los bienes obtenidos por el servidor de manera ilegal.

Y en el caso de particulares que incurran en actos de corrupción, además de otras responsabilidades penales, el Estado los inhabilitará para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios de obras públicas e incluso disolución o intervención de la empresa. Además los obligará a resarcir económicamente a la hacienda pública.

La reforma constitucional requiere de dos terceras partes, de ahí que sólo mediante acuerdo entre PRI, PAN y PRD se podrá sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, que contaría con dos comités: uno coordinador y otro de participación ciudadana.

Y aunque aún no se define quiénes formarán el Sistema Nacional Anticorrupción, existe acuerdo en que por lo menos esté un miembro del Comité Ciudadano, el titular de la ASF, el de la Fiscalía Anticorrupción, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y un representante del Consejo de la Judicatura.

El sistema fijará las políticas públicas sobre combate a la corrupción y vigilará que todos sus integrantes cumplan con sus atribuciones.

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