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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Ana Lilia Pérez

refinería bicentenario

Hace seis años, el gobierno federal prometió que la Refinería Bicentenario sería el mayor proyecto de infraestructura de la última década, y le invirtió 9 mil 612 millones de pesos. Pero hace tres meses la canceló. Facturas de la millonaria inversión, obtenidas para esta investigación periodística, evidencian la necesidad de una auditoría: en el terreno –ubicado en Tula, Hidalgo– no se colocó más que una barda, hubo millonarias adjudicaciones directas, modificaciones en los montos pactados y contratación de empresas con historiales de corrupción.

(Proceso No. 2002)

 

Ana Lilia Pérez

 

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Ana Lilia Pérez*

Con todo y reforma energética, en diciembre pasado el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció la cancelación de la Refinería Bicentenario (RB), que debía construirse en Tula, Hidalgo. Ésta sería la obra petrolera más importante de las últimas décadas, y el gobierno de Enrique Peña Nieto había condicionado su edificación, precisamente, a que se aprobara la reforma.

Ante el anuncio, legisladores de las comisiones de Energía en ambas cámaras del Congreso preparan la solicitud de una auditoría sobre los recursos que se gastaron en esta fallida obra, durante los últimos seis años: 9 mil 612 millones de pesos.

La pregunta es: ¿Qué se hizo con ese dinero? A simple vista, sólo se observa una barda que bordea las 700 hectáreas del polígono donde, se supone, la refinería debía operar a partir de septiembre de 2016. Por lo demás, la obra es papel.

Esta reportera obtuvo copias de las facturas pagadas en las 41 contrataciones que los funcionarios de Pemex hicieron para la RB, más facturas de otros gastos solventados con esa misma bolsa presupuestal, que en algunos casos fue usada como “caja chica” de la subsidiaria Pemex Refinación. Dichos documentos revelan que hubo millonarias adjudicaciones directas, modificaciones en los montos contractuales originales, aceptación de plazos adicionales y atrasos sin cobro de penalización.

Bardas y basura de lujo

Uno de los contratos más ominosos es el que se firmó con la compañía tamaulipeca Martínez Aguilar Construcciones S.A. de C.V. (MACSA) para que erigiera la barda perimetral de 14.7 kilómetros. Por 90.5 millones de pesos, MACSA debía construirla entre marzo y noviembre de 2011, pero hubo tantas demoras que incluso en julio de 2013 seguían haciéndose ajustes a los gastos.

Al final, según la suma de las 24 facturas emitidas al respecto, Pemex abonó –ya con el IVA– 121.5 millones de pesos, es decir, casi 30% más de lo originalmente estipulado. En promedio, cada metro de esa barda costó más de 8 mil pesos.

Respecto de esos aumentos presupuestales, en marzo de 2012 MACSA cobró una ampliación de 982 mil 626.57 pesos; en diciembre, otra por 3 millones 13 mil 425.97. En una tercera factura, la número FA000035, se ve que Pemex dio 791 mil 409.91 pesos por estimaciones de trabajo “correspondiente al periodo del 1 al 5 julio de 2012”; sin embargo, las labores de ese lapso ya habían sido facturadas con el documento FA000254, expedido el 14 de septiembre de 2012, que registra 7 millones 147 mil 765.39 pesos. Y la última factura de un añadido es la FA00036, fechada el 28 de junio de 2013, que ampara 156 mil 136.65 pesos “por concepto de estimación de ajuste de costos 3AC correspondiente al periodo de marzo de 2011 a julio de 2012”.

Paralelamente, un contrato que Pemex firmó en la modalidad de adjudicación directa fue con la polémica empresa I.I.I Servicios –responsable de las irregularidades en la Estela de Luz–, a la que aceptó pagarle 35.2 millones de pesos para que, entre el 28 de mayo de 2012 y el 7 de enero de 2013, “acondicionara” el sitio para el retiro de los residuos y basura que se sacarían del terreno.

Tres semanas antes de que se cumpliera el plazo, se le autorizó modificar la fecha de término al 19 de abril de 2013. El registro de este convenio en el portal de transparencia de Pemex dice que no se modificó el monto, pero todas las facturas totalizan 54.4 millones de pesos.

La cuestionada Isolux

A Isolux Corsán se le encargó reubicar las líneas de transmisión de 400 KV Tula-Querétaro y Tula-Poza Rica. El contrato PRS00213PNR consigna una retribución de 156 millones de pesos.

El Congreso de la Unión impugnó el acuerdo desde que se conoció, debido al historial del consorcio español, que en América Latina y Europa está involucrado en supuestas prácticas de corrupción, sobornos e irregularidades en la ejecución de sus obras.

En México, de hecho, la compañía ya había logrado cuantiosos contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Conagua, el IMSS y otros organismos federales, que tampoco se libraron de padecer anomalías. Por ejemplo, en una obra pagada por la Conagua para construir y ampliar una planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Vallarta, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos en exceso, obra inconclusa y atrasos.

Algo similar pasó con un hospital rural erigido en el Estado de México para el programa Oportunidades, en 2009. La ASF descubrió trabajos “de mala calidad”, materiales deficientes y gratificaciones indebidas, entre muchas otras observaciones.

La empresa fue incluso inhabilitada (Diario Oficial de la Federación 09/11/2006) por tres meses por proporcionar información falsa durante un trabajo con la CFE, según reportó la Secretaría de la Función Pública.

Cuando Pemex Refinación le adjudicó los trabajos para la RB, la firma estaba bajo investigación de la justicia hispana en el llamado Caso Pujol, que reveló presuntos sobornos a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley.

Este expediente afecta a México, pues se habla de una “dádiva” de 10 millones de dólares que el hijo del funcionario catalán recibió de Isolux y que después presuntamente blanqueó con una compraventa accionaria del proyecto turístico Azul de Cortés, en Baja California Sur:

En 2006, Pujol, a través de Iniciatives Marketing Inversions, adquirió una participación en el complejo por 3 millones de dólares, y dos años más tarde la vendió a Isolux en casi 14 millones. Para cobrar los supuestos sobornos, Pujol Ferrusa emitía facturas calificadas por las autoridades judiciales españolas como “ficciones contractuales”.

Para la RB se pactó entregar a Isolux 156 millones de pesos, pero al final se le pagaron 180.1 millones. Además, concluyó sus labores tres meses después de lo estipulado.

Lo firmado es relativo

Los funcionarios de Petróleos Mexicanos autorizaron convenios modificatorios con la compañía Automatizaciones y Proyectos de Ingeniería S.A. de C.V. (APISA). Inicialmente fue contratada para la “revisión y análisis de precios unitarios, ajustes de costos, investigación y/o verificación de mercado de insumos” por 3.7 millones de pesos, pero al final se le dieron más de 13 millones.

Cambios similares se hicieron con Construcciones y Trituraciones S.A. de C.V. (Cotrisa), a la que se le adjudicó la reu­bicación de canales para el nuevo tren de refinación por 449 millones de pesos. Pero hasta septiembre de 2014 ya se le habían pagado 682.7 millones, de un total planeado de más de 740 millones.

De igual manera se autorizaron incrementos en algunos de los siete contratos adjudicados a la CFE, por los cuales se desem­bolsaron más de 80 millones de pesos. Hay una disparidad contable en uno de esos convenios (número PRS00513PNR): En la página de transparencia de Pemex está cifrado en 23.7 millones de pesos pero en las facturas de la CFE sólo aparecen 4.8 millones.

Otra parte de los recursos públicos consumidos en esta fallida obra corresponde a los paquetes de diseño de procesos, licencias y asistencia técnica, que se contrataron –vía adjudicación directa– a las firmas Bechtel, la holandesa Jacobs Nederland, Axens, UOP LLC, Technip y Emerson Process. En algunas de estas adjudicaciones también hubo ampliaciones del monto y no queda claro qué se hará con las licencias, patentes y modelos de ingeniería básica que Pemex pagó.

Una de las partidas más considerables fue a ICA Fluor. Se le dieron 135.4 millones de dólares (2 mil 289.4 millones de pesos) para que elaborara el proyecto de ingeniería básica y su plan de ejecución entre marzo de 2012 y mayo de 2013, pero se signaron tres convenios para ampliar el plazo de entrega hasta 2014. En febrero de ese año se cancelaron diversos conceptos y el contrato se redujo 51.8 millones de dólares. Al momento de la anulación de la RB, Pemex le había dado 82.7 millones de dólares mediante 28 facturas.

Otro gasto fueron los casi 700 millones de pesos entregados al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) mediante 10 contratos.

Hay más: el dinero público erogado incluye testigos sociales contratados a la Academia de Ingeniería, trámites notariales por terrenos y caminos, certificados para derechos de vía, licencias de construcción y hasta permisos para derribar árboles. Se entregaron, además, 10 millones de pesos al INAH por la prospección y salvamento arqueológicos en el terreno, ya que éste es parte de la zona conocida como El Chingú, que en tiempos precolombinos fue un centro urbano dedicado a producir cal.

Arrendamientos gigantes

Desde noviembre de 2012 los coordinadores de la RB (también designada por Petróleos Mexicanos como Nueva Refinería) rentaron al menos 50 vehículos y camionetas a la compañía Tecno Alta Distribución S.A. de C.V. (Tecad) a cambio de desembolsos mensuales que oscilaron entre 600 mil y 700 mil pesos.

El contrato que formalizó dicho arrendamiento se firmó en octubre de 2012 y comprometía retribuciones por un total de 78.8 millones de pesos hasta 2015.

Tecad, con domicilio fiscal en Moliere 330, colonia Los Morales (Ciudad de México), es una empresa a la que Pemex y sus subsidiarias le han dado millones de pesos sin licitaciones públicas. Por ejemplo: mediante el contrato directo 5400024361 del 31 de agosto de 2012, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) le alquiló un “servicio integral de transporte terrestre” por 55 millones de pesos.

Por su parte, Pemex Corporativo le rentó diversos vehículos del 28 de agosto de 2012 al 28 de agosto de 2015 (contrato 4800024318) por 6.8 millones de pesos. Y la subsidiaria Pemex Exploración y Producción pagó un servicio similar pero de septiembre de 2012 a diciembre de 2016 por poco más de 1 millón de pesos.

Caja chica

El dinero para la Refinería Bicentenario se destinó también a boletos proveídos por Aeroméxico: A través del contrato 4600020350 se le dieron 72.1 millones de pesos a esa aerolínea, y con el 4600020351 se le entregaron otros 113.7 millones.

También se costearon tickets para traslados internacionales expedidos por la empresa Viajes Kokai, S.A. de C.V. Para ese concepto Pemex Refinación dio 12.3 millones de pesos mediante los contratos 4600021890 y 4600021887.

Igualmente, de la bolsa de la refinería se pagaron diplomados, cursos y la participación de funcionarios en foros nacionales e internacionales: en agosto de 2012, por ejemplo, 2 mil 998 dólares (casi 40 mil pesos) se usaron en la inscripción de una persona al Foro Internacional para Sectores Extractivos Latam 2012, en Bogotá, Colombia.

En abril de 2013, la participación en el seminario FCC Pretreat Fundamental of Operation, en Houston, encuentro organizado por la compañía Criterion Catalysts and Technologies L.P., salió en mil 789 dólares.

En mayo de ese año, el precio por acudir al Foro Mundial de la Calidad y la Gestión, realizado en Veracruz, alcanzó los 39 mil 440 pesos.

A la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (Findes) se le concedieron otros 37 mil 584 pesos por un curso de un día sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad.

El Colegio de Ingenieros Petroleros, por su parte, obtuvo 66 mil pesos por inscribir a cuatro funcionarios del Proyecto Nueva Refinería al Congreso Mexicano del Petróleo, que tuvo lugar en junio de 2013 en Cancún.

Otros 75 mil 400 pesos se fueron a la participación –en agosto de 2013– en el XIX Foro de Avances de la Industria de la Refinación. De la misma cartera se hicieron compras de artículos de papelería por más de 700 mil pesos.

El silencio

Aunque desde la Secretaría de Energía se habló de la cancelación del proyecto, hasta ahora ni el presidente, Enrique Peña Nieto ni el director de Pemex, Emilio Lozoya, lo han hecho oficial. De hecho, en su última comparecencia en la Cámara de Diputados, Lozoya dijo a los legisladores que el proyecto estaba “en stand by”. Lo cierto es que hoy, cuando según el plan de Pemex debían estarse instalando los ductos, no hay rastros de refinería y la paraestatal sigue pagando facturas.

Durante varias semanas se solicitó una entrevista con Lozoya y con la gerencia de la RB, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, asegura que el gobierno federal maneja el proyecto de forma irresponsable y frívola “a pesar de ser tan relevante”.

En entrevista señala: “Evidentemente tiene que hacerse una auditoría y debe haber responsabilidades, porque se erogaron recursos, se adquirieron terrenos, se hizo la famosa barda y de repente llega este tipo de decisiones unilaterales (la cancelación). Me parece que, además, hay una estrategia fallida en materia energética. Existe una merma en los ingresos petroleros y una reforma energética que, el día de mañana, puede significar la entrega total del patrimonio energético nacional”.

Por si fuera poco, el daño no es sólo para el erario federal. El estado de Hidalgo –cuando era gobernado por el hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (PRI)– se endeudó con mil 500 millones de pesos para adquirir, en 2009, el terreno donde se levantaría la planta.

Ni Osorio ni ningún otro funcionario ha hablado acerca del descalabro que enfrenta esta entidad, donde 52.8% de sus habitantes vive en pobreza moderada o extrema.

*Reportera free lance

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