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Magdalena Gómez

Caravana nacional por el agua, el territorio, el trabajo y la vida

(La Jornada)

 

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La tribu yaqui anunció la realización de la Caravana nacional por el agua, el territorio, el trabajo y la vida a partir de la próxima semana. El 11 de mayo, saldrán tres caravanas regionales, una desde Vícam y Cajeme, Sonora; otra desde Piedras Negras, Coahuila, y otra desde Pijijiapan, Chiapas. Cubrirán 75 ciudades en 23 estados. Esta importante movilización involucra a decenas de pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, afectados ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de derechos humanos.

Esta confluencia se teje en torno a núcleos estratégicos, como la imposición de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de bosques, urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, la destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la sobrexplotación de los trabajadores mexicanos.

Tomás Rojo, vocero de la tribu, ha recordado que hace ocho años se celebró en Vícam el primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América, impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena, y allí se hizo una alianza y un pacto en defensa de los pueblos originarios y, en algún momento que hubiera una afectación, íbamos a recurrir a todos, y estamos apelando a ese pacto, e invitamos a toda la comunidad mexicana. Sin duda se abre una nueva etapa en la lucha que la tribu yaqui ha encabezado los últimos cuatro años, con otros sectores también afectados por la construcción del acueducto Independencia, en los que junto a la movilización política, recurrió a tribunales y ha obtenido triunfos. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció interés jurídico a las autoridades tradicionales yaquis y ordenó que se celebrara la consulta que debió ser previa a la manifestación de impacto ambiental que expidió Semarnat.

Sin embargo, en los hechos, no se han respetado las resoluciones en su favor, lo cual sienta un pésimo precedente. Hoy la tribu ha decidido unir su agenda a la de otros sectores y movimientos que son afectados por las políticas neoliberales en curso. El incumplimiento por la Semarnat, Conagua y el gobierno de Sonora los llevará a recurrir a instancias ­internacionales.

Esta nueva caravana marca un fuerte contraste con la que se efectuó en agosto de 2014, cuando la tribu yaqui se trasladó desde Sonora al Distrito Federal con 130 de sus miembros; llegó hasta al Senado y le señaló: Venimos hasta esta ciudad los niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos yaquis para hacernos escuchar, porque estamos seguros que lo que sucede en nuestras tierras es una violación a nuestros derechos, que no es posible que el gobernador Padrés, continúe con su necedad de quitarnos el agua con obras como el acueducto Independencia, le recordaron que el camino desde Sonora es el mismo que siguieron sus antepasados cuando fueron exiliados: Venimos con nostalgia, pero también este camino nos da mucha fuerza, porque la tribu siempre ha sabido salir adelante. Esta vez el itinerario social y político de la caravana nacional no incluye vínculos con espacios institucionales, y da prioridad a la articulación nacional en torno a una agenda más amplia que la de la propia tribu yaqui.

Hacia el 22 de mayo elaborarán un balance y tomarán decisiones unitarias para continuar la defensa territorial. Mientras los pueblos se organizan, estos días el Centro de Investigación y Docencia Económicas presentó a Enrique Peña Nieto el informe, bajo encargo, sobre impunidad cotidiana, perdón, sobre justicia cotidiana, que incluye diagnósticos y propuestas con énfasis en ciudadanía y comunidades urbanas, excluye las dimensiones estructurales –y bien cotidianas– de la violencia de Estado que entraña, por ejemplo, la agenda de la caravana nacional que comentamos y afirma que la justicia penal no forma parte de la justicia cotidiana, en la medida que implica el uso legítimo de la fuerza del Estado para sancionar conductas que alteran la vida social (síntesis del informe página 7.)

En esa lógica los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez están presos porque su lucha en defensa de su pueblo ¿altera la vida social?, ¿y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos? Y todos los etcéteras que están implicados en la criminalización a activistas quedan fuera de la llamada justicia cotidiana.

Pero no todo es reduccionismo. Por fortuna, el sentido homenaje del EZLN a los zapatistas Luis Villoro Toranzo y al maestro Galeano son un regalo de la dignidad cotidiana. Y no voy a insistir en que es generalizada la violación a los derechos de los pueblos indígenas, pero lo es y también la tortura, como dijo el relator Juan Méndez. De eso tratará la caravana nacional que convoca la tribu yaqui.

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