Rumbo al cambio verdadero

MORENA la esperanza de México

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Anabel Hernández y Steve Fisher

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En enero el procurador Murillo Karam dio la “verdad histórica” de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: fueron incinerados en el basurero de Cocula hasta dejarlos irreconocibles. Un trabajo de Proceso con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley permite afirmar que esa “verdad histórica” se sustentó en declaraciones contradictorias –presumiblemente obtenidas mediante tortura–, que se dieron por buenas sólo para apuntalar una versión prefigurada por la SEIDO desde octubre.

(Proceso No. 2011)

 

Anabel Hernández

 

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Anabel Hernández y Steve Fisher

El 8 de octubre del año pasado los hermanos Miguel Ángel y Osvaldo Ríos Sánchez viajaron a Cuernavaca; fueron a comprar ropa barata para surtir su pequeña tienda, en Iguala.

El dueño del comercio era Osvaldo; Miguel Ángel lo ayudaba para ganar más dinero pues su esposa, Viridiana, estaba embarazada.

Pero ese día fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) con el apoyo de la Marina. Confundieron a Osvaldo con Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala.

En helicóptero se llevaron a los hermanos a Iguala y en el trayecto amenazaron a Miguel Ángel con lanzarlo desde el aire; después les ordenaron asumir la responsabilidad por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre.

Luego –como consta en los expedientes de la PGR que los reporteros consultaron– los marinos llevaron a los hermanos al paraje La Parota, en Iguala. Los obligaron a cavar una fosa en la cual “iban a quedar”, les dijeron. Después vino la tortura para ambos: asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, toques eléctricos, golpes y más golpes.

Así se lo contó Miguel Ángel –preso en el penal federal de Tepic– a su esposa. “Los federales”, dice Viridiana en entrevista, querían que firmaran una declaración que ya llevaban hecha. “Firmaron, pero fue a base de tortura”, señala.

El caso de los hermanos Ríos Sánchez es muestra de cómo la Procuraduría General de la República (PGR) investigó la desaparición de los 43 normalistas.

Declaraciones contradictorias

A casi ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el caso es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Después del ataque de Iguala la PGR detuvo a 99 personas. Los reporteros revisaron las declaraciones de 27 de ellas (incluidas en el expediente de la causa penal 100/2014), rendidas entre octubre de 2014 y el pasado enero: en ellas hay numerosas versiones e incluso narraciones completamente distintas de quienes confesaron haber participado en los hechos.

Al menos 17 de esas 27 personas, según los dictámenes médicos de la PGR, estaban golpeadas. Pero al margen de esas declaraciones, desde mediados de octubre la procuraduría ya sabía cómo iba a acabar la historia: a los estudiantes los encontrarían “totalmente calcinados” y sería “imposible identificarlos”.

En la foja 293 del tomo XIII de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, la SEIDO asentó: “Al parecer fueron quemados hasta su total calcinación, por lo que posiblemente si se llegaran a encontrar dichos restos, sea imposible identificarlos”. Esta afirmación surgió de testimonios y declaraciones rendidas ante la PGR hasta el 17 de octubre.

De entre esas, sólo la de Sidronio Casarrubias insinuaba que 17 de los normalistas “ya se habían ido al agua”; es decir, los habían quemado y las cenizas habían sido tiradas al río.

En una revisión del expediente destaca que las primeras declaraciones de algunos de los presuntos culpables fueron cambiando hasta decir que en vez de haber matado a los estudiantes en Pueblo Viejo, Iguala, fueron llevados a “un lugar” de Cocula. Es decir que los testimonios se ajustaron al desenlace que la PGR tenía previsto.

Versión Pueblo Viejo

De presuntos miembros de Guerreros Unidos que confesaron su participación o dijeron tener conocimiento de lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala, se revisaron las declaraciones ministeriales de Marco Antonio Ríos Berber, Martín Alejandro Macedo Barrera, Luis Alberto José Gaspar, Osvaldo Ríos Sánchez, Miguel Ángel Ríos Sánchez, Ramiro Ocampo Pineda, Raúl Núñez Salgado y Sidronio Casarrubias Salgado.

También las de Patricio Reyes Landa, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Gómez y Felipe Rodríguez Salgado, recogidas de conferencias de prensa de la PGR y notas periodísticas.

Once policías de Cocula declararon haber participado en los eventos del 26 de septiembre: Ignacio Aceves Rosales, Nelson Román Rodríguez, Jesús Parra Arroyo, José Antonio Flores Train, Juan de la Fuente, Roberto Pedrote Nava, Arturo Reyes Barrera, Alberto Aceves Serrano, Joaquín Lagunas Franco, Óscar Veleros Segura y Julio César Mateos Rosales.

De Iguala declararon David Cruz Hernández –identificado por el exprocurador Jesús Murillo Karam como operador de radio de la policía de Iguala, pero que en realidad es bombero– y los policías Honorio Antúnez, Verónica Bahena y Alejandro Mota Román.

De sus dichos se desprenden historias totalmente distintas… y en vez de que la PGR deseche algunas de las declaraciones por sus contradicciones con la “verdad histórica” –la dada el 27 de enero por Murillo Karam–, se siguen tomando todas como ciertas, aunque la verdad de una excluya automáticamente la de las otras.

Ríos Berber, Macedo Barrera, José Gaspar y Antúnez fueron detenidos entre el 3 y el 4 de octubre de 2014. Rindieron su primera declaración ministerial en la procuraduría guerrerense el 5 de octubre y ese día fueron puestos a disposición de la SEIDO. Inmediatamente todos confesaron pertenecer al crimen organizado.

Antúnez dio el nombre de varios de sus compañeros que supuestamente trabajaban para Guerreros Unidos y fue el primero en implicar al entonces alcalde igualteco, José Luis Abarca, con ese grupo criminal, pero no aportó pruebas de ello.

Ríos Berber y Macedo Barrera detallaron su participaron en el ataque. El segundo dijo que trabajaba para El Choky, de Guerreros Unidos. Aseguró que el 26 de septiembre dispararon contra los normalistas, de los cuales afirma que estaban armados. Agregó que unos estudiantes murieron ahí y que a 17 se los llevaron a una casa de seguridad en “la Loma”, donde a unos los mataron a tiros y a otros, a golpes.

Ríos Berber también dijo que su jefe era El Choky y dio varios nombres y apodos de otros miembros de Guerreros Unidos: Vero, El Gaby, Chaky, El Chino y La Mente. Afirmó que cuando los estudiantes llegaron al centro de Iguala iban armados y dispararon; agregó que en la calle Juan Álvarez la Policía Municipal detuvo a 20 normalistas y los llevaron a la “comandancia”, sin especificar a cuál. Luego declaró que la policía los había liberado en Chilpancingo.

Aseguró que El Choky se llevó a tres estudiantes. Según su dicho, entre la medianoche y las 01:00 horas del 27 de septiembre trasladaron a los normalistas “al cerro arriba de la colonia Pueblo Viejo”. Le ordenaron llevar diésel a ese punto y, cuando llegó, vio que ya habían matado a los tres.

“Al rato llegaron también al cerro El Gaby (…) y llevaba a 10 de los ayotzinapos. (…) La Mente los estaba esperando abajo y bajaron a los 10. (…)El Choky ordenó que matáramos a los 10, yo le disparé a dos en la cabeza”, dijo Ríos Berber.

Ramiro Ocampo fue detenido el 9 de octubre. Dos días después dijo ser “encargado de halcones” de Guerreros Unidos.

Aseguró que un sujeto apodado El Capu, de Guerreros Unidos, le dijo el 27 de septiembre que “había estado muy cabrona la noche” porque de la terminal de autobuses de Iguala se habían robado dos camiones. “Que el día de la balacera de Ayotzinapa El Choky, El Chaky y La Mente habían sido los que habían efectuado los levantones”. Que había entre 20 y 30 jóvenes en un autobús robado de la central camionera y les había reportado que eran estudiantes, pero venían con gente armada del grupo contrario: Los Rojos.

“Me enteré (…) que se los llevaron por el camino que va por la brecha que va para la comunidad de Pueblo Viejo (…) y tengo conocimiento que fueron ellos (la gente del Choky) quienes privaron de la vida a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y quienes inclusive los rociaron con diésel y les prendieron fuego”, señaló.

Se le hicieron tres exámenes médicos a Ocampo en la PGR: uno el día de la detención, en Iguala, y otros dos en la sede de la PGR en la Ciudad de México. En los dos primeros no presentaba lesiones; en el último, fechado el 10 de octubre, presentaba muchas.

El 16 de octubre, en una nueva declaración ante la PGR, Ríos Berber cambió su versión. Ya no dijo que hubiera participado en los hechos.

David Cruz Hernández, detenido el 10 de octubre, cambió radicalmente sus declaraciones. Ese día dijo que mediante amenazas fue obligado a trabajar como halcón para un sujeto al cual identificó como Berlín, quien fue sustituido por El Choky. No dijo nada sobre los hechos del 26 de septiembre ni contra Abarca. Un día después –muy golpeado, según el dictamen médico– declaró que fue testigo de lo ocurrido esa noche.

La Parota o Cocula

Según el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014, firmado por tres suboficiales de la PFM y tres efectivos de la Marina, el 8 de octubre detuvieron en Cuernavaca a los hermanos Ríos Sánchez porque a la distancia vieron que de la mochila de uno de ellos se asomaba la punta de un arma larga. Según el oficio, ambos declararon inmediatamente ser miembros de Guerreros Unidos y saber dónde habían sido asesinados y enterrados los estudiantes: en el paraje La Parota. Nada se menciona de que marinos y policías habrían confundido a Osvaldo Ríos con Salomón Pineda Villa.

Por supuestas fallas mecánicas en los vehículos no fueron presentados ante la SEIDO sino hasta un día después. De acuerdo con los dictámenes médicos realizados por la PGR ese 9 de octubre, Miguel Ángel presentaba al menos 10 lesiones y Osvaldo 14.

El 13 de octubre 24 policías de Cocula fueron detenidos por federales ministeriales y rindieron su declaración ante la PGR el 14 y el 15 de octubre. Según el dictamen médico, 16 presentaban golpes y lesiones.

Once declararon haber ido a Iguala la noche del 26 de septiembre en tres pick up para apoyar a la policía en una balacera; los comandaba Ignacio Aceves Rosales. Los testimonios coinciden en que llegaron a Periférico y Juan Álvarez donde estaban tres de los cinco camiones en los cuales viajaban los normalistas. De ahí en adelante los testimonios son contradictorios.

Algunos aseguran que de ahí se fueron directamente a Metlapa y luego a Cocula; los más, que fueron a la base de la policía de Iguala. Algunos, como Aceves Rosales, refieren que cuando llegaron había 13 estudiantes en el patio; otros dicen que, cuando ellos estaban en la comandancia, llegaron patrullas igualtecas con 30 estudiantes, a quienes bajaron en la calle.

Aceves Rosales dijo también que en dos patrullas de Cocula se llevaron a jóvenes, seis en cada una, a Loma de los Coyotes y ahí los entregaron a policías igualtecos, quienes a su vez se los dieron a un sujeto apodado El Pato, que se los llevó en un camión de redilas. Aceves Rosales era uno de los declarantes más golpeados, según los dictámenes.

Mateos Rosales afirmó que cuando llegaron a la base de Iguala entró una patrulla de Cocula y salió con ocho o 10 personas a bordo, y que otra patrulla de la misma corporación que estaba en la calle metió otro tanto de normalistas. Dice que los llevaron a Loma de los Coyotes, donde los entregaron a policías igualtecos.

La esposa de Mateos Rosales, Minerva Ochoa, afirma en entrevista que no es posible que su marido haya participado en los hechos, pues ese 26 de septiembre no trabajó y hay testigos de eso. Informa además que desde principios de abril a todos los policías de Cocula les retiraron el derecho a un defensor de oficio.

El gobierno federal detuvo a finales de octubre a Patricio Reyes Landa (a quien la PGR adjudica el apodo de El Pato), Agustín García Reyes y Jonathan Osorio Gómez, supuestos miembros de Guerreros Unidos. Sus testimonios fueron mostrados por la PGR en una conferencia de prensa el 7 de noviembre.

El rostro de Reyes Landa mostraba las huellas de una golpiza. García Reyes declaró que quemaron a 44 personas. “Dicen que eran 44, yo oí; así que los haya contado uno por uno, no”, dijo en un video presentado por la PGR.

“Las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron corroboradas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones… dejan clara la dimensión y profundidad de la investigación”, dijo Murillo Karam el pasado 27 de enero en la conferencia de prensa durante la cual dejó asentada la “verdad histórica” de la institución. Pero desde mediados de octubre de 2014 la PGR ya sabía cómo iba a concluir su investigación.

Finalmente, en abril, el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga el caso Ayotzinapa, recomendó a la PGR abrir nuevas líneas de investigación y completar la información oficial sobre los escenarios en los cuales se dio el ataque en Iguala.

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