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Jesús Cantú

Las “manchas” de las Fuerzas Armadas

(Proceso No. 2020)

 

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Jesús Cantú

El pasado 20 de julio afloraron dos nuevas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por elementos del Ejército Mexicano: el domingo 19, soldados del 86 Batallón de Infantería acribillaron a civiles que realizaban un bloqueo carretero, en protesta por la detención del líder de las autodefensas, con saldo de dos menores muertos; y el mismo día se dio a conocer que un coronel y tres militares del 97 Batallón de Infantería, con sede en Fresnillo, detuvieron el 7 de julio a siete presuntos jornaleros de la comunidad de Calera, en Zacatecas, y posteriormente los ejecutaron. Cuatro de ellos recibieron el llamado “tiro de gracia”.

En el primer caso, como es la norma en estos eventos, la versión oficial indica que los militares tuvieron que repeler la agresión por parte de los civiles. Sin embargo, en las redes sociales y en los portales de diversos medios de comunicación se encuentran videos que no dejan duda de que los militares los agredieron a mansalva; en el segundo, fue la XI Zona Militar la que informó a través de un comunicado que existían indicios de que personal castrense participó en la desaparición de siete personas.

Estos dos eventos se suman a la ejecución sumaria de 21 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del año pasado; y a la presunta participación el Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero.

En Tlatlaya y Calera, el mismo Ejército acepta la participación de sus elementos en hechos delictivos; en el de Michoacán, reconoce la presencia de los militares, pero alega que fue dentro de los protocolos legales; y, en el caso de Iguala, niega su participación a pesar de las evidencias que lo vinculan (Proceso 1992), y no permite que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entreviste a los integrantes del 27 Batallón de Infantería.

Previamente se habían demostrado ya muchas ejecuciones extrajudiciales, como el de Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, el 3 marzo del 2010, en Anáhuac, Nuevo León; los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el 10 de marzo del mismo año; el de Sandra de la Garza Morales, el mismo día, pero en otro evento y lugar; el de Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel Castellanos, el 5 de septiembre de 2010; el de Fernando Osorio, el 29 de octubre de 2010;el de Jorge Otilio Cantú, el 18 de abril del 2011; el de Gustavo Acosta Luján, ejecutado por elementos de la Marina, en su casa en Apodaca, el 1 de septiembre de 2001, por mencionar únicamente los perpetrados en Nuevo León.

No obstante, la diferencia entre unos y otros es que en casi todos los mencionados en el párrafo previo se suscitaron en enfrentamientos entre elementos militares y presuntos delincuentes; pero en los acontecimientos recientes los únicos que portaban armas eran los militares y no había lugar a confusión alguna.

Además, su participación en estos actos criminales se agrava por la revelación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de que documentos internos del Ejército (Proceso 2018) prueban que la orden de “abatir” a los presuntos delincuentes proviene del “Alto Mando”, con lo cual no únicamente se protege o encubre a los militares que cometen los actos criminales, sino que en realidad se les ordena perpetrarlos.

Pero todos estos eventos son simplemente la punta de un iceberg, cuyas reales dimensiones son desconocidas, como indica el informe del Departamento de Estado de EU, dado a conocer en junio del 2015, de acuerdo con información publicada en el diario regiomontano El Norte, que denuncia que los numerosos funcionarios públicos mexicanos acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales permanecen totalmente impunes. El documento refiere la matanza de Tlatlaya y las desapariciones de Iguala, y señala que, según las cifras de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, en el país hay 22 mil 322 desaparecidos, de los cuales 9 mil 790 corresponden a la presente administración.

Tampoco se puede obviar una información difundida por El Economista, el 11 de junio del 2014, en la que revelaba que conforme a una información de la Secretaría de la Defensa Nacional, de marzo a febrero de 2011 se habían ubicado 246 fosas con 534 cadáveres; el estado con el mayor número de ellas era de Tamaulipas, con 99 –sin considerar las encontradas en agosto de 2010, de los 72 inmigrantes ilegales–; le seguían Guerrero –antes de las halladas a raíz de la desaparición de los normalistas de ­Ayotzinapa– con 30; en Veracruz, 24; en Nuevo León, 15; Durango, 14; Sinaloa, 8, y Michoacán, 7.

Dada los hallazgos realizados en las últimas fechas, particularmente la confirmación de que la orden de ejecutar a los presuntos criminales proviene del “Alto Mando”, no puede dejar de establecerse una relación entre las decenas de miles de desaparecidos, los cadáveres de las llamadas “narcofosas” y las ejecuciones extrajudiciales.

En Tamaulipas y Nuevo León, entre 2010 y 2012, fueron muy comunes las historias –que se consideraban leyendas– de que había habido enfrentamientos entre militares y delincuentes que duraban horas y concluían con varias decenas o centenas de muertos; en algunos casos los medios de comunicación daban cuenta de las refriegas, pero el número de muertos que reportaban no correspondía con los señalados en las comunicaciones de boca a boca.

Al analizar estos hechos, estadísticas y documentos, las consideradas leyendas se vuelven verosímiles y requieren una investigación seria y profunda, pues hoy existen las denuncias sobre las decenas de miles de desaparecidos y los cientos de cadáveres localizados en las “narcofosas”, casos a los que el Estado mexicano tiene que dar una respuesta contundente y no pretender atribuirlos todos, sin ningún tipo de evidencia, a los llamados grupos del crimen organizado, los que sin duda también han contribuido.

Las investigaciones deben conducir a sentencias condenatorias para los responsables materiales e intelectuales de todos los crímenes, tanto los perpetrados por el crimen organizado como los que han sido producto de ejecuciones extrajudiciales, pero también es preciso revisar la política de mantener a las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, pues los costos de la misma son muy altos para la sociedad, en términos de vidas humanas.

Contrariamente a lo que afirmó el pasado martes 21 de julio el presidente Enrique Peña Nieto, no son los empeños de algunos que tratan de “…manchar el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas…” los que dañan la imagen de éstas, sino los crímenes que las mismas Fuerzas Armadas perpetran amparadas en su participación en labores que no les ­corresponden.

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