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Lorenzo Meyer

AGENDA CIUDADANA

* El blanqueo de la casa

(Sur de Acapulco)

 

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Lorenzo Meyer

*El problema de la exoneración que la SFP hizo del presidente Peña Nieto sobre un supuesto conflicto de intereses, es que en ese caso la SFP también tiene un conflicto de intereses.

“Gran estrategia”. La gente de Enrique Peña Nieto (EPN) en la Secretaría de la Función Pública (SFP) actuó como se sospechaba. El equipo del secretario Virgilio Andrade elaboró un dictamen absolutamente favorable a su jefe y para ello empleó un instrumento que de antemano sabía que no permitiría encontrar lo que se investigaba: un posible conflicto de intereses en el contrato celebrado entre la esposa del presidente y el Grupo Higa –contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal. Ese posible conflicto estaba en que el contratista del gobierno también era el constructor de la mansión ubicada en las Lomas de Chapultepec –Sierra Gorda 150–, diseñada para que la familia presidencial la habitara cuando tuviera que desocupar Los Pinos.

Como observó Mauricio Merino, la SFP usó la herramienta ideal para lograr lo que desde el principio muchos suponían que era su propósito: exonerar al presidente. Si bien el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dice que tales servidores no pueden “solicitar, aceptar o recibir dinero o bienes en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado de personas que estén directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público”, sólo se podía admitir que existía un conflicto de intereses si se probaba que personalmente EPN se beneficiaba con la Casa Blanca o si él hubiese otorgado o influido para que el gobierno federal firmara con el Grupo Higa los contratos actualmente vigentes.

De acuerdo con la SFP ninguno de los supuestos anteriores tuvo lugar. El contrato de compraventa de la casa de Sierra Gorda se celebró únicamente entre la esposa de EPN y una filial de Higa el 12 de enero de 2012, cuando formalmente EPN era un particular sin responsabilidad en el aparato de gobierno. Para propósitos de la ley no es relevante que entonces EPN fuera el candidato presidencial de un partido que muchas encuestas ya daban por ganador. Por otro lado, y ya como presidente, la SFP no encontró ninguna prueba de que EPN influyera sobre nadie en la elaboración y otorgamiento de los 22 contratos celebrados de diciembre de 2012 a marzo de 2015 entre el Grupo Higa y el gobierno, pues ninguno de los funcionarios que intervinieron en ese proceso admitió haber sido influido por el presidente para favorecer a una empresa cuyo dueño tenía tratos con EPN desde que éste era gobernador del Estado de México, (2005-2011). Un razonamiento similar se usó para llegar a una conclusión similar al examinar la venta de una propiedad en Malinalco al hoy secretario de Hacienda Luis Videgaray por el Grupo Higa o la propiedad en Ixtapan de la Sal que tiempo atrás le fue vendida a EPN por otro contratista: Ricardo Arturo San Román Dunne.

Así, oficialmente no hay prueba de que hubiera un intercambio de favores entre funcionarios y contratistas. Y si el equipo de periodistas de investigación que inicialmente despertó la sospecha de un conflicto de intereses –el encabezado por Carmen Aristegui– hoy ya no puede operar, eso no es resultado de una represalia orquestada por la presidencia sino de algo muy diferente: de un conflicto de intereses entre particulares, según lo explicó en su momento el secretario de Gobernación.

El resultado. La SFP que exoneró al presidente y a su secretario de Hacienda, sostiene su veredicto con una documentación que suma cientos de fojas, resultado de siete meses de trabajo, (www.funcionpublica.gob.mx). Sin embargo, esa documentación y conclusión tienen en contra, en primer lugar, que fueron elaboradas por alguien que él mismo tiene un obvio conflicto de intereses por ser, a la vez, juez y parte del poder ejecutivo, además de allegado de Videgaray. En segundo lugar, a la propia historia de un mal endémico en México: la corrupción. El meollo de la relación entre el Grupo Higa y el presidente se desarrolló no en el período investigado, sino mucho antes, cuando EPN era gobernador del Estado de México. El papel del fundador de Higa como contratista del Estado de México data del período de Alfredo del Mazo González como gobernador de ese estado, (1981-1987), (Sin Embargo, 24 de agosto), al punto que esa relación es menos entre personas que entre grupos: los de Higa y Atlacomulco.

Más aún, las empresas del Grupo Higa investigadas por la SFP no fueron todas, faltaron otras relevantes para el tema, como por ejemplo Autovan, que tiene asignada la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, cuyo costo es de 2 mil 775 millones de pesos y que enfrenta la oposición de los habitantes de San Francisco Xochicuautla, mismos que sospechan que el contrato que les afecta está ligado al “affaire Casa Blanca”, (La Jornada, 8 de agosto).

Un blanqueo imposible. Al final, el trabajo y discurso de la SFP sólo será válido para quienes desde el inicio del escándalo estaban dispuestos a aceptar la explicación que la esposa del presidente dio el 18 de noviembre de 2014 en torno a la adquisición de su casa. Sin embargo, es muy difícil que convenza a ese 92% de los mexicanos que de tiempo atrás consideró que las casas y propiedades de los políticos y gobernantes son producto de la corrupción (Reforma, 20 de febrero, 2015). Sierra Gorda 150 se ha convertido en un obstáculo enorme, en un Gibraltar, para lograr la confianza pública que EPN acaba de pedir como un asunto de la máxima prioridad para las instituciones que él encabeza.

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