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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Martí Batres Guadarrama

Las calles, la nueva privatización

Ahora hasta avenidas y calles servirán para hacer negocios privados.

 

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Martí Batres

La discusión sobre el corredor comercial Chapultepec tiene un significado que trasciende al proyecto mismo. Constituye una seria amenaza para la ciudad en muchos sentidos. Especialmente, expresa la expansión de una vía de apropiación de lo público por lo privado, es el despojo de avenidas y calles que son de todos por un puñado de inversionistas inmobiliarios.

El corredor comercial Chapultepec es la continuidad abusiva del modelo de súper vías y segundos pisos privados iniciado por Enrique Peña Nieto en el Estado de México, modelo que se dio bajo el esquema jurídico de asociaciones público-privadas establecido por Felipe Calderón.

El corredor sintetiza la nueva propuesta privatizadora del bloque PRI-PAN-PRD, en las que lo público sirve para disparar las ganancias de los privados. Se trata de una falsa asociación, donde una de las partes, lo público, pone su riqueza material sin obtener ganancias y  la parte privada se ahorra gran parte de la inversión y se lleva de hecho todas las ganancias.

En el caso del corredor Chapultepec los inversionistas que pretenden construir una plaza comercial ya no tendrían que comprar suelo para hacerla. El suelo se lo regalaría el Gobierno del Distrito Federal. Y en un alarde de exceso dicho suelo estaría constituido nada menos que por una de las grandes avenidas de la ciudad de México.

Para los privados, en este esquema, el suelo es gratis, ya no lo tendrán que comprar; para el sector público habrá, en cambio, una pingüe ganancia del 5 por ciento. No les ha bastado con privatizar las empresas y servicios públicos, ahora hasta avenidas y calles servirían para hacer negocios privados.

Cuando el Gobierno del DF dice que se trata 100% de inversión de riesgo y que no habrá un solo centavo de dinero público oculta la realidad, pues lo más codiciado en una ciudad, y también lo más caro, lo aportaría el sector público. Es decir, el suelo.

Cuando el gobierno dice que tiene 11 proyectos más como este, podemos entonces calcular el tamaño de la amenaza que se avecina para la ciudad y sus habitantes.

¿Puede el Gobierno del DF disponer así de calles y avenidas? ¿El gobierno es el dueño de estas vialidades? Las calles son por excelencia el espacio público, es decir, el espacio de todas y de todos. Es la ciudadanía la dueña de las calles y no el Gobierno del Distrito Federal que es sólo el administrador de los bienes públicos.

Si un proyecto como  se aplicara en el ámbito privado constituiría un abuso de confianza pues el administrador no puede vender los bienes que tiene a su cargo pero sí debe procurar su buen mantenimiento y orden.

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