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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Firma favorita del PAN obtuvo obras millonarias sin licitar

  • La Permanente documentó contratos a Tradeco por $57 mil millones
  • La ASF ordenó que la constructora predilecta de Fox y Calderón regresara fondos
  • Se desconoce si se recuperaron esos recursos, responde la SCT a legisladores
  • El órgano del Congreso pidió a PGR fincar posibles cargos administrativos o penales

 

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En noviembre de 2012 el panista Felipe Calderón supervisó los trabajos de la carretera Zacatecas-Durango, a cargo de Grupo Tradeco, cuyo costo ha sido cuestionado Foto Alfredo Guerrero

 

Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Sábado 26 de diciembre de 2015, p. 5

A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigó y pidió que el Grupo Tradeco devolviera recursos pagados irregularmente en la construcción de carreteras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó que no cuenta con información respecto de auditorías u observaciones a las obras que, por contratos otorgados, realizó esa empresa en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, época en la que legisladores de distintos partidos documentaron que recibió 57 mil millones de pesos.

Cinco meses después de que la Comisión Permanente le pidió hacer públicos los contratos otorgados por la dependencia a esa empresa, considerada la favorita de los gobiernos panistas y que participó en obras como la Estela de Luz –que de un costo original de 300 millones de pesos subió a mil 400 millones–, la SCT detalló que se le entregaron ocho contratos por 4 mil 787 millones para carreteras y túneles.

Entre éstos se encuentra la construcción de la carretera Durango-Mazatlán, por 2 mil 56 millones 689 mil 291 pesos, de los que la ASF realizó observaciones por pagos improcedentes y ordenó su recuperación. No obstante, la SCT sostuvo que no cuenta con el estado que guarda la recuperación de dichos recursos, en el supuesto de existir las mencionadas auditorías.

Se trata de un oficio suscrito por el director de Contratación de la dirección general de Carreteras de la SCT, Juan Manuel Carrillo Baena, documento que fue recibido esta semana por la Comisión Permanente y que se turnó al Senado para su revisión, debido a que la petición original surgió de la bancada del PRI en esa cámara. Aún no existe un monto de los recursos que la empresa tendría que regresar al erario.

En julio, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo, a solicitud de senadores del PRI, para que la SCT hiciera públicos los contratos con Tradeco, y que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Procuraduría General de la República investigaran, denunciaran y, en su caso, procedieran en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la ASF en las obras adjudicadas a esa constructora.

La investigación solicitada se debió a que la mayoría de los contratos se le otorgaron de manera directa, es decir, sin licitación pública o invitación restringida, entre otros para la autopista Durango-Mazatlán y el puente Baluarte Bicentenario, que merecieron observaciones de la ASF por incumplimiento de normatividad.

Entre las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador están la entrega de un anticipo de 258 millones de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, que debía terminar entre 2012 y 2013, pero que debido a una prórroga fue terminada en agosto de 2014.

También encontró irregularidades en las nuevas instalaciones del Colegio del Aire; en la ampliación de la base aérea en Zapopan, Jalisco; en la construcción del penal de Papantla –otorgado por la Secretaría de Gobernación–, y en la construcción de hospitales en Chiapas, entre otros.

Según las investigaciones realizadas por senadores y diputados, los contratos originales entregados a Tradeco sumaban 17 mil millones de pesos, pero las sucesivas ampliaciones a los mismos sumaron otros 40 mil millones.

Los senadores del PRI que presentaron el punto de acuerdo señalaron que las autoridades debían ejercer las acciones necesarias para fincar posibles responsabilidades tanto administrativas como penales por el uso indebido e ineficiente de los recursos del erario, así como coadyuvar al esclarecimiento del posible uso ineficiente o indebido de recursos públicos, tanto en el pasado, como en la actualidad.

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