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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Mathieu Tourliere

El limbo, preferible a México

(Proceso No. 2086)

 

 

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SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Desde el pasado 22 de septiembre, el horizonte se oscureció para los migrantes haitianos que ponen un pie en el cruce fronterizo de San Ysidro: a la mayoría los esperan meses de detención, y si el gobierno estadunidense no cambia su política, el regreso al país que dejaron atrás hace años.

En el barrio residencial de Normal Heights, ubicado en las alturas de San Diego, una cuarentena de haitianos –quienes salieron recientemente de detención– descansan en el albergue de la Iglesia Metodista Unida, ubicada en el cruce de las avenidas Meade y 33. Tres niños juegan afuera. Los miran los adultos, algunos de los cuales tienen en el tobillo brazaletes GPS. Con ellos, las autoridades de Estados Unidos los tienen constantemente ubicados.

Poco antes de iniciar una misa en creole, el pastor haitiano Jean-Elisé Durandisse, que oficia en la iglesia desde hace ocho años, explica a Proceso que los migrantes “no saben qué pasará más tarde”. “Esperemos que todo salga bien, pero en realidad no sabemos”, dice, y lamenta: “Hay mujeres cuyos esposos siguen detenidos, están en un limbo. (…) Es buena gente, sólo busca oportunidades para sobrevivir”.

Miles de haitianos abandonaron Brasil y recorrieron miles de kilómetros a pie, en autobús y a veces en avión, para alcanzar la frontera de Tijuana con San Diego. Su viaje fue cansado, peligroso y costoso. “Se siguieron uno al otro para estar seguros de llegar a salvo; en el camino algunos mueren porque es un camino largo, hay muchas mujeres, embarazadas, niños, fue difícil”, explica.

Antes del 22 de septiembre, los haitianos que llegaban a Tijuana cruzaban la garita y, después de una entrevista con un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), salían libres, con un oficio que les permitía permanecer y conseguir un trabajo en el país durante tres años.

La razón: Desde que un terremoto de magnitud 7 azotó Haití en enero de 2010, el gobierno de Estados Unidos se rehusaba a deportar los haitianos a su país. A los que ingresaban por San Ysidro tampoco los podía retornar a México, por no ser su país de origen. No tenía otra opción que dejarlos entrar.

Pero ese 22 de septiembre, en una comparecencia ante el Congreso estadunidense, Sarah Saldaña, directora de la Oficina de Investigación Migratoria y Aduanera (ICE, por sus siglas en inglés), advirtió que 40 mil haitianos se encontraban “en camino” rumbo a California, y calificó de “situación de emergencia” la que imperaba en San Ysidro.

El mismo día, Jeh Johnson, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció que “la situación en Haití mejoró suficientemente” por lo que el gobierno de Estados Unidos retomaría las deportaciones de haitianos a su país.

Dos semanas más tarde, el martes 4, el huracán Matthew destrozó Haití. Más de 546 personas fallecieron en el paso del meteoro: 80% de las cosechas fueron destruidas, al igual que miles de casas, edificios y carreteras. La ONU estima que 1 millón 400 mil personas –más de una décima parte de la población– requiere de asistencia humanitaria.

De visita oficial en México el pasado 12 de octubre, Johnson declaró que los vuelos de deportación a Haití “se han suspendido temporalmente debido a Matthew”, pero insistió que “el cambio en la política que anuncié el 22 de septiembre se mantiene en efecto, por ahora y en el futuro”. Enfatizó: “le daremos prioridad al traslado de individuos, incluyendo ciudadanos haitianos recientemente detenidos o entre las garitas de entrada”.

Cinco por ciento

De acuerdo con la abogada Marisela Amezola, integrante de la organización Alliance San Diego, los haitianos que ahora llegan a San Ysidro enfrentan graves retos para conseguir una estancia en Estados Unidos. A raíz de Matthew, la situación se volvió “poco clara”, y la confusión jurídica es mayor porque ningún caso relativo a la reciente oleada de migrantes haitianos ha llegado a la Corte.

Quienes se presentan en la frontera y afirman al agente de la CBP que tienen miedo de volver a sus países, están en centros de detención, operados por el ICE, donde esperan que un agente les haga una entrevista de “temor verosímil”, explica Amezola. En esta entrevista exponen las razones por las cuales estiman que su vida correría peligro al volver a Haití.

Si el agente sale convencido, el migrante puede salir de detención y esperar, en libertad, su audiencia con un juez de migración, al que podrá solicitar el asilo. Durante este lapso no tiene derecho a trabajar.

Los migrantes que no dicen al agente de CBP que temen por su vida son trasladados de inmediato a centro de detención donde se les asigna un oficio de deportación.

Sin embargo, con el huracán Matthew, las autoridades estadunidenses enfrentan nuevos problemas, sostiene Amezola: no se sabe cuánto tiempo quedarán suspendidos los vuelos de deportación a Haití y la ley de California establece un tiempo límite de seis meses para la detención por asuntos migratorios.

“Si va a transcurrir un largo tiempo para que Haití vuelva a la normalidad, el ICE tendrá que reconsiderar el tenerlos encarcelados”, sostiene Amezola.

Aunado a ello, afirma que los centros de detención ya están rebasados “y todavía hay 3 mil 500 haitianos en Tijuana. Creemos que las autoridades dejarán estas personas en libertad en Estados Unidos si estiman que no hay grandes riesgos”.

Las probabilidades para que un expatriado consiga el asilo son muy escasas, deplora el activista mexicano-estadunidense Enrique Morones, fundador de la organización Ángeles de la Frontera y férreo opositor al muro fronterizo.

Su experiencia de más de tres décadas en el tema migratorio le hace temer que los haitianos tardarán varios años hasta ver un juez de migración, pero que su fallo, para la gran mayoría de los casos, será la deportación, pues se considerará que vinieron a trabajar y no a refugiarse. “Pasó lo mismo con los centroamericanos”, asevera.

“Pregunté a un agente federal de muy alto nivel, no mencionaré su nombre, qué porcentaje de los haitianos obtendrá asilo. Me contestó que 5%. ¡5%! ¡Te imaginas!”, exclama.

Amezola se indigna ante el cambio de política anunciado por Johnson. “Las cosas no han cambiado en Haití, el país está devastado”, asevera. Por ello, expresa, el gobierno debe ofrecer un estatuto de protección temporal a los haitianos recién llegados.

Haití es el país más pobre del continente, se ubica en el lugar 161 de 187 países según el Índice de Desarrollo Humano (IDH); la mitad de la población sobrevive con menos de un dólar por día y no está alfabetizada; una cuarta parte padece hambre y una tercera parte carece de empleo. Los haitianos tienen una esperanza de vida de 61 años.

El terremoto que destrozó el país el 12 de enero mató a 230 mil personas y puso de rodillas la economía. Las pérdidas, según el Banco Mundial, se elevaron a 8 mil millones de dólares, cerca de 120% del PIB. Del desastre surgió un brote de cólera, que afectó a medio millón de personas y mató a más de 8 mil.

Por si fuera poco, el país sufre de una grave inestabilidad política. Después de ser reportada durante más de seis meses por acusaciones de fraude, la segunda vuelta de la elección presidencial –inicialmente prevista en diciembre de 2015– fue cancelada el pasado 6 de junio. Un nuevo escrutinio se programó para el domingo 2, pero las autoridades pospusieron esta fecha al 20 de noviembre debido al huracán.

Poca información

El sacerdote salesiano Jean-Baptiste Uithney es vicario en la iglesia Inmaculada Concepción de Cité-Soleil, en Haití. Casualmente, la embajada de Brasil se encuentra cerca del templo donde oficia. “Hay que ver la cantidad de haitianos que hace cola frente a la embajada todos los días con la esperanza de tener una visa”, dice a Proceso en el Desayunador Salesiano Padre Chava, en Tijuana.

“Tenemos que seguir con la sensibilización, decirles que es una pérdida de dinero, que el sueño americano implica tirarse a lo desconocido, que sólo está en su mente”, insiste el sacerdote, quien se topó con la negación de los migrantes con quienes platicó.

Para cruzar, caminando, de Colombia a Panamá, muchos tuvieron que contratar traficantes de personas, que les cobraron entre 200 y 300 dólares. Una vez en Costa Rica, se toparon con las fronteras de Nicaragua cerradas. El soborno a las autoridades nicaragüenses costó más de mil 200 dólares a Johnny, un haitiano que salió de Brasil en junio pasado.

Relata su viaje en una mezcla de español y portugués. “Yo no he venido a vivir en Tijuana, sólo soy un pasajero”, afirma, al añadir que su novia le espera en Nueva Jersey. Le faltan 10 días para tener su cita en San Ysidro; “Sólo Dios sabe lo que va a pasar del otro lado de la frontera”, dice.

Kendy, una señora cuarentona, pretende alcanzar a sus familiares en Miami. No sabe qué le espera en la garita. Hace dos años hipotecó su casa de Puerto Príncipe para viajar a Brasil. El huracán Matthew se llevó a dos de sus tíos, su hermana y una sobrina. “Es difícil”, repite en un francés aproximado.

Una alternativa para los migrantes sería instalarse en México, pero “al día de hoy nadie lo ha pedido”, informa Rodulfo Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana. Las autoridades mexicanas no pueden deportar los haitianos a su país, dice, y añade que si bien “hay algunos obstáculos que tendríamos que sortear”, existe para ellos “una ruta para la regularización”.

Herold Désir era reportero de radio en el canal Storm de Puerto Príncipe. Se fue a vivir a Brasil y, al enterarse de que existía una manera de cruzar a Estados Unidos, se lanzó a la travesía. Se encuentra actualmente varado en un hotel de Tijuana, en el que gasta 70 dólares por semana, esperando su cita programada el próximo 2 de diciembre.

A través de las redes sociales se enteró que la situación en Estados Unidos se volvió muy incierta para los haitianos. No quiere ser deportado. Pregunta: “¿Si estuvieras en mi lugar, te irías a Estados Unidos o buscarías una forma de quedarte en Tijuana?”.

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