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Jesús Cantú

Se legalizará el sinsentido

(Proceso No. 2044)

 

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aprobar la Ley de Seguridad Interior para normalizar la presencia del Ejército en las calles –como pretenden los secretarios de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como los grupos parlamentarios del PRI y del PAN– es un sinsentido, como se comprueba al hacer un balance a diez años de la actual estrategia de combate al crimen organizado, que básicamente gira en torno a las Fuerzas Armadas.Como señala el comunicado de las organizaciones de la sociedad civil, en ese lapso “hemos acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares”.

A esto hay que agregar que igualmente se han disparado las violaciones a los derechos humanos, así como, el consumo de estupefacientes, que según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 ya impacta a 17.2% de los estudiantes de secundaria y bachillerato y a 3.3% de los de quinto y sexto grados de primaria.

El propio general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa, en el mismo acto en el que pidió que se legislara para brindar seguridad jurídica a la actuación de los militares en materia de seguridad interna desnudó la debilidad de las policías civiles y las fallas del nuevo sistema de justicia penal.

Más allá de la detención de algunos de los capos más buscados del crimen organizado, no hay logros que se puedan presumir, pues por más golpes que dicen asestar a los principales cárteles de la droga, lo cierto es que los miembros de los pocos grupos criminales que han logrado debilitar reaparecen con otros nombres pero con la misma o mayor fuerza. Simplemente cambian el membrete de la organización o la dividen en varias, pero siguen con sus actividades delictivas.

Los números son incontrovertibles: 98% de los delitos permanecen impunes, los índices delictivos son hoy mayores que antes del inicio de la guerra contra la delincuencia organizada, los homicidios y las desapariciones se multiplicaron, las violaciones a los derechos humanos se incrementaron y los índices de drogadicción también van a la alza. En contrapartida, no se han podido construir cuerpos policiacos eficaces y confiables, y aunque ya está en operación el nuevo sistema de justicia penal, las inercias no lo dejan consolidarse.

Antes que pensar en legislar, hay que debatir franca y abiertamente el tema, y hacer un balance realista de diez años de aplicación de una estrategia que ha costado mucho al país, tanto en términos económicos como en vidas. A partir de ese diagnóstico hay que diseñar una nueva estrategia integral de combate al crimen organizado, que no únicamente incluya el ámbito de seguridad y procuración e impartición de justicia, sino la política económica y social del gobierno, pues sin ellas no se podrán atender las grandes deficiencias estructurales que inciden en los actuales niveles de criminalidad.

Tampoco puede sustraerse a esta discusión la Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional para determinar el procedimiento de la aprobación de la declaratoria de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales, ya que algunas de las posibles causas señaladas en la misma tienen que ver precisamente con la acción del crimen organizado.

En este debate hay que incluir, desde luego, las recomendaciones que en octubre de 2015 hizo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a fin de fortalecer urgentemente a las procuradurías y a las policías, incluyendo un marco legal para el uso de la fuerza, adoptar un cronograma para el retiro de los militares de las funciones de seguridad y también considerar mecanismos similares a los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH –que actuó temporalmente en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa– para otros casos graves.

También hay que considerar algunas otras reflexiones interesantes, como la del general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, quien en julio de 2015, en una amplia entrevista con el portal de noticias SinEmbargo, señaló: “Si quieren tener una policía militarizada, ya la tienen, y empecemos a hacer un Ejército nuevo”, refiriéndose a que los actuales militares dedicados a esta labor policiaca, y que así lo decidieran, conformaran un nuevo cuerpo policiaco mientras se reclutaban nuevos elementos para unas Fuerzas Armadas que sí estuvieran en los cuarteles y se dedicaran a las labores que les encomienda la Constitución.

Pero quizá la idea más audaz de Gallardo es su propuesta de hacer una única Secretaría de Defensa, que sume a todas las Fuerzas Armadas y esté a cargo de un civil; señalaba los ejemplos de Alemania, Francia y Chile, donde los secretarios de defensa son civiles.

El tema tiene muchas aristas y hay que discutirlas a profundidad. Lo peor que se puede hacer es, por la inercia del momento, apresurar la aprobación de leyes que lo único que harían sería prolongar la aplicación de una estrategia no sólo fallida, sino que ha provocado retrocesos en derechos humanos y altísimos costos económicos y sociales, así como pérdida de vidas.

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