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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Mathieu Tourliere

A sólo cinco días de haber asumido el poder, el presidente de Estados Unidos concretó sus obsesiones de campaña relacionadas con su odio hacia México y los mexicanos: firmó dos órdenes ejecutivas que, en resumen, le dan luz verde a su anhelado muro fronterizo (que ya existe, sólo lo ampliará) y, lo más grave, desatan una cacería inmisericorde de migrantes irregulares. Una instrucción ordena al Departamento de Seguridad Nacional publicar cada semana una “lista exhaustiva” de las presuntas acciones criminales perpetradas por indocumentados.

(Proceso No. 2100)

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Las dos órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump el pasado miércoles 25 –la primera, sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a la seguridad interna– auguran tiempos oscuros para los migrantes en Estados Unidos: el magnate ordena una cacería de indocumentados, convierte a los policías en agentes de “La Migra”, fomenta las campañas de odio contra los migrantes e instruye el arranque de las deportaciones masivas.

Ambas órdenes ejecutivas plantean una serie de medidas que, con el pretexto de la “transparencia”, articulan una agresiva estrategia mediática, la cual asociará la inmigración con la criminalidad, fomentará el odio y el miedo hacia los indocumentados, y debilitará el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

Una instrucción ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicar cada semana una “lista exhaustiva” de las acciones criminales perpetradas por indocumentados.

Esta medida se ve agravada con la sección 14 de la orden ejecutiva relativa a la seguridad interna, que pide de manera expresa a las agencias no respetar la privacidad y la protección de la identidad de los migrantes en situación irregular. Trump incentiva así el señalamiento público, con nombre, apellido y fotografía, de las personas que se encuentren en tal situación.

El magnate ordenó además la creación de una oficina en el DHS que tendrá el único propósito de proveer asistencia a “las víctimas de crímenes perpetrados por migrantes indocumentados”, así como a sus familiares. Dicha oficina “elaborará reportes trimestrales que estudiarán los efectos de la victimización por migrantes criminales presentes en Estados Unidos”.

En otras palabras: cada tres meses la oficina expondrá los casos de los estragos psicológicos causados a los familiares y –en su caso– a las víctimas de violaciones, homicidios y otras agresiones cometidas por indocumentados.

La narrativa de Trump ya está aceitada: El miércoles 25 el magnate se hizo acompañar por algunos padres de jóvenes asesinados por indocumentados. Asistieron al acta de firma de las órdenes ejecutivas y al discurso de Trump ante funcionarios del DHS.

En este segundo acto enumeró uno tras otro los nombres de los padres y sus hijos “quienes fueron horriblemente asesinados por migrantes ilegales”. Se dirigió hacia una madre con un tono de conmiseración: “Perdió a su hijo de 17 años, el hermoso Josh. Josh era especial, era muy bueno”.

El magnate denunció el “sistema que protege de manera sistemática a quienes violan la ley” y añadió que los asesinos fueron personas que “nunca, nunca debieron haber estado aquí”.

Otra medida obliga al DHS y a la Procuraduría General a recolectar los datos sobre la población en las cárceles y publicar reportes trimestrales acerca de la situación migratoria de la población encarcelada en el país y también de los detenidos en prisión preventiva.

El mensaje de Trump es claro: las personas que entraron de manera ilegal a Estados Unidos, o que permanecieron en el territorio estadunidense después del vencimiento de su visa, “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y el orden público”, estipula la orden ejecutiva relativa a la seguridad interna.

Estigmatización y fomento del odio

Trump añade a su campaña antiinmigrante una cacería en territorio estadunidense. Para ello, no sólo anunció el reclutamiento de 10 mil agentes adicionales en la Oficina de Detención y Deportación (coloquialmente conocida como La Migra), sino que confirió a los policías estatales y locales “las funciones de agentes de migración dentro de Estados Unidos”.

Cualquier policía tendrá entonces la facultad de investigar, identificar y detener a los indocumentados, asumiendo así el papel de La Migra. Para concretar esta orden, la administración de Trump tendrá que pactar con los gobiernos estatales; algunos de ellos –el de California, entre otros– ya anunciaron su rechazo a las medidas del presidente.

“Vamos a agarrar a los malos”, aseveró el magnate ante los agentes del DHS. Se refirió a los “migrantes criminales” –un término inexistente en la Ley de Migración y Nacionalidad– y aseveró que se aplicará una política de cero tolerancia contra ellos.

La orden ejecutiva sobre seguridad interna establece las “prioridades” en materia de deportación de migrantes. Emplea fraseos ambiguos, que amplían la definición de “delincuentes” o “criminales” a personas que no fueron sentenciadas.

Además de las personas condenadas, la prioridad abarcará a los “acusados” de un delito, a quienes “cometieron actos que constituyen un delito acusable” –es decir, una persona que, a consideración de una autoridad, violó una ley–, a los que mintieron ante una institución o a quien “abusó de cualquier programa relativo a la recepción de beneficios públicos”.

De manera más general, la orden considera “prioritaria” a cualquier persona que “en la opinión de un agente de migración, representa un riesgo al orden público y a la seguridad nacional”.

Para llevar a cabo su política antiinmigrantes, Trump otorgó mayores poderes al DHS y a su secretario, el general retirado John Kelly, quien en el pasado dirigió el Comando Sur, la división militar que se enfoca principalmente a la guerra contra el crimen y el narcotráfico en los países de América Latina.

Además Trump colocó a la activista antiimigrante Julie Kirchner en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Es ésta la instancia de mayor importancia en el DHS, que controla el acceso al territorio estadunidense, persigue la migración irregular y tiene a su cargo a la Patrulla Fronteriza.

Por el momento Kirchner funge como asesora del comisionado de la CBP, según el portal Político.

Durante más de 10 años Kirchner fue directora ejecutiva de la Federación para la Reforma de Migración Estadunidense (FAIR), un grupo de cabildeo antiinmigración fundado en 1979 por el supremacista blanco John Tanton.

De acuerdo con un artículo que publicó el New York Times en abril de 2011, Tanton cree en la superioridad genética de los blancos, apoya la eugenesia, fustiga la “arremetida latina” contra Estados Unidos y durante un tiempo tuvo una relación epistolar con un abogado del Ku Klux Klan.

Kirchner renunció a la dirección ejecutiva de la FAIR en 2015 para incorporarse, como asesora, a la campaña del entonces candidato Trump.

Trump también ordenó al DHS reclutar 5 mil agentes adicionales en la Patrulla Fronteriza y desplegarlos en la frontera sur.

Acompañó su instrucción con la orden de construir “inmediatamente” centros de detención de migrantes en la zona fronteriza –sin precisar cuántos– para “repatriar a los migrantes ilegales de manera rápida, constante y humana”, incluyendo a los niños.

Pagar el muro

Conforme a sus promesas de campaña, Trump firmó este miércoles 25 la orden ejecutiva que instruye al DHS “planear, diseñar y construir de inmediato un muro físico a lo largo de la frontera sur”, e insistió en repetidas ocasiones en que México pagará por su construcción.

No existe ninguna barrera legal que impida la ampliación del muro, que ya mide mil 123 kilómetros: la Ley de Responsabilidad Migratoria y de Reforma a la Migración Ilegal de 1996 insta al DHS a la construcción de “por lo menos” 700 millas (mil 126.5 kilómetros) de muro fronterizo, por lo que nada se opone a la “instalación de cientos de millas adicionales de muro”, asevera un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) publicado el pasado 18 de noviembre. El obstáculo principal de Trump es el financiamiento de la obra.

La orden ejecutiva pide al DHS “identificar y, en la medida permitida en la ley, destinar todas las fuentes de fondos federales para la planeación, el diseño y la construcción” del muro, así como elaborar “solicitudes de presupuesto al Congreso para el año fiscal actual y los futuros”.

El republicano Paul Ryan, vocero de la Cámara de Representantes, adelantó que el muro costaría entre 12 y 15 mil millones de dólares. En julio pasado, la firma de analistas Bernstein sostuvo que el precio final de la obra podría alcanzar hasta 25 mil millones de dólares.

Trump aún no determinó la estrategia que empleará para obligar a los mexicanos a reembolsar el costo del muro. El pasado jueves 26 anunció que pedirá al Congreso imponer 20% de aranceles a las exportaciones mexicanas; sin embargo, con esta medida los consumidores estadunidenses terminarían pagando, no los mexicanos.

Otra opción consistiría en congelar todas las ayudas financieras que el gobierno de Estados Unidos otorga a su contraparte mexicana. En la orden ejecutiva, Trump emplazó a las agencias federales para que entreguen, en 30 días, un estudio sobre “todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta destinadas al gobierno de México en los últimos cinco años” al Departamento de Estado.

La cancillería estadunidense tendrá entonces otros 30 días para dar al presidente un informe detallado sobre los apoyos de Estados Unidos a México, incluyendo “todas las ayudas bilaterales y multilaterales, la asistencia económica, la ayuda humanitaria y la ayuda militar”.

De acuerdo con la base de datos de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional, entre 2010 y 2015 –los datos para el año 2016 no están completos– el gobierno de Estados Unidos entregó 2 mil 698 millones de dólares a México.

En 2015 Washington le entregó 585 millones 852 mil dólares a México a través de 198 “actividades” financiadas.

Sin embargo, ocho de cada 10 dólares que el gobierno estadunidense entregó a México ese año se destinaron a la lucha contra las drogas: el Departamento de Estado pagó 455 millones 185 mil dólares a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia y el Departamento de Defensa gastó 43 millones 911 mil dólares en programas antidrogas.

Entre 2010 y 2015, mil 600 millones de dólares de ayuda estadunidense fueron entregados al gobierno mexicano mediante la Iniciativa Mérida, el acuerdo bilateral firmado en 2007 que establece la participación de Washington en parte de los costos de la guerra contra el narcotráfico en México.

Los fondos de la Iniciativa Mérida se destinan a la compra y entrega de material militar y de seguridad, al entrenamiento y la capacitación de agentes mexicanos –policías, agentes migratorios, jueces y agentes de la PGR– y a la militarización de las fronteras, entre otros.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el gobierno estadunidense erogó cientos de millones de dólares para capacitar a los policías y agentes de la PGR, mejorar las cárceles y apoyar la reforma al sistema de justicia, de acuerdo con un informe del CRS publicado el pasado miércoles 18.

El informe, titulado La Iniciativa Mérida y más allá, planteó que el Congreso entrante validará –o no– el presupuesto de 129 millones de dólares que la administración de Barack Obama solicitó para aquel instrumento en 2016.

Otro problema al que se enfrentará Trump para concretar la realización de su muro será de naturaleza técnica. La topología de la franja fronteriza volverá extremadamente difícil la edificación, sostuvo Bernstein en su informe: la obra tendrá que atravesar las montañas de Nuevo México, el desierto de Arizona y las orillas del río Bravo, así como resistir a los deslaves en las planicies aluviales.

Además, amplios territorios fronterizos están protegidos por su estatus de reservas naturales, territorios indígenas o simplemente tierras privadas. Y ello sin mencionar el rompecabezas que implica llevar 7 millones de metros cúbicos de concreto y 2.4 millones de toneladas de cemento a zonas remotas. Bernstein estimó que estos obstáculos podrían aplazar 10 años la construcción del muro.

La Oficina de Washington para América Latina advirtió que, además de ser costoso, el muro es inútil. Sus argumentos: las drogas ingresan a Estados Unidos “a través de las garitas legales” –en vehículos, sobre todo–, mientras que el número de detenciones de migrantes se redujo de manera constante desde 2005. El año pasado fueron detenidos 400 mil de ellos –más de la mitad, centroamericanos–, una cifra cuatro veces menor que la del año 2000.

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