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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Jenaro Villamil

Al PRI lo aterra perder las elecciones de este año en el Estado de México, siempre considerado el “termómetro” de lo que serán los comicios federales. En consecuencia, el IEEM estableció un tope de campaña inusitado, el más alto del país y de la historia mexiquense: más de 285 millones de pesos para cada partido, a cargo del erario estatal.

(Proceso No. 2106)

 

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En medio de recortes al gasto público federal, de discursos sobre la austeridad presupuestaria, el lunes 6 el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fijó el tope de gastos de campaña más alto de todo el país y el más elevado en la historia estatal: 285 millones 566 mil 771 pesos “para los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes”, cantidad que se puede duplicar hasta llegar a 550 millones de pesos si se suman las donaciones privadas.

En otras palabras, un candidato a gobernador del Estado de México puede gastar más de 4 millones 759 mil pesos de dinero público en una de las entidades con mayores índices de pobreza y cinturones de miseria del país.

Los 285 millones de pesos de tope de gastos son equivalentes a la construcción de mil 140 casas de interés social; con ese dinero se podrían adquirir 17 millones 812 mil kilos de frijol a un precio de 16 pesos por kilo, 25 millones 909 mil kilos de arroz o 20 millones 357 mil kilos de tortillas, según un estudio comparativo realizado por el periódico local Alfa Diario.

El IEEM justificó este elevado tope de gastos señalando el tamaño del padrón electoral estatal (11 millones 126 mil electores). Pero esta cantidad también fue resultado de multiplicar 34% del costo unitario por voto (75.46 pesos, el más alto del país) por el número total de ciudadanos del padrón.

Este tope de gastos es superior a los 203 millones 893 mil pesos que el IEEM aprobó para las elecciones de 2011, cuando Eruviel Ávila ganó con 3 millones 18 mil 500 votos (62% de los sufragios), el nivel más alto de una votación priista reciente en el Estado de México; y superior también al tope de gastos de 216 millones 760 mil pesos en 2005, cuando Enrique Peña Nieto ganó la elección para gobernador con 1 millón 800 mil votos (47.58% de los sufragios).

Para Rubén Islas, exconsejero electoral del PRD en dos ocasiones y conocedor de la maquinaria priista en el Estado de México, este elevado tope “lo que está reflejando es el nivel del miedo frente a la posible derrota del candidato priista” Alfredo del Mazo Maza.

“Es tal su miedo a perder que le van a meter todo el dinero del mundo. Y no tienen plan B. Ellos lo que quieren es ganar. No va a ser Josefina Vázquez Mota (la candidata del PAN). Eso es un cuento chino. La candidatura de Alfredo del Mazo es la candidatura de la sangre real del Grupo Atlacomulco. No van a permitir que la dinastía pierda. Además, si perdieran tendría un doble sentido simbólico, porque pierde el PRI y pierde la dinastía”, abunda Islas.

“La elección en el Estado de México es un asunto familiar. Por eso Carolina Monroy del Mazo (prima del actual candidato) salió de la estructura del PRI nacional y está operando para controlar una parte de la campaña. Es un cierre de filas frente al desastre que ven venir”, recalca el actual asesor de la bancada del PRD en el Senado.

–¿Temen que el gobierno de Eruviel Ávila no les garantice el triunfo?

–Eruviel Ávila ya pataleó todo lo que podía porque su candidata era Ana Lilia Herrera, pero él ya no va a hacer más, no tiene elementos para negociar. Creo que él inventó esta candidatura independiente de Isidro Pastor (exdirigente priista estatal durante el gobierno de Arturo Montiel), pero también puede ocurrir que decline a favor de Del Mazo después de que haya una negociación.

Islas hace las cuentas generales de los votos priistas: “Si todo sale bien, la estructura priista les garantiza tener 2 millones de votos, suficientes para ganar. Difícilmente lograrán los 3 millones de votos que tuvo Eruviel Ávila en 2011, pero si tienen menos de 2 millones será muy difícil. A esto se suma el debilitamiento del gobierno federal de Peña Nieto, aunque Eruviel no sea un gobernador con tan bajos índices de aprobación como los de Peña Nieto”.

Profesor de filosofía y derecho, Islas subraya que para la cultura del Grupo Atla­comulco siempre opera esta máxima de Carlos Hank González: “Nada que se pueda comprar es caro en política”.

Frente al enorme dispendio que se prevé en la campaña electoral de este 2017, el representante del PAN ante el IEEM, Alfonso Bravo Álvarez Malo, rechazó este tope y consideró que “es un insulto para la ciudadanía”, mientras que la candidata de Morena, Delfina Gómez, pidió reducirlo a la mitad.

Alfredo del Mazo no se ha pronunciado sobre estos topes de gastos. Su proselitismo es intenso y ya ubicó como su adversario principal al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó, en entrevista con El Universal, de querer convertir al Estado de México en “un botín político”.

Sobre Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del PAN en 2012 y ahora aspirante a gobernadora, Del Mazo ha afirmado que Acción Nacional “probablemente” esté fracturado, porque su nombramiento fue “una imposición”.

Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan, aspiró a ser candidato a gobernador en 2011. De hecho, Peña Nieto, su primo, ya había decidido a favor de él en marzo de ese año. La amenaza de una desbandada de priistas que siguieran a Eruviel Ávila, entonces alcalde de Ecatepec, así como las presiones del exgobernador Arturo Montiel y el miedo a perder el Estado de México en vísperas de la campaña presidencial de 2012 obligaron a Peña Nieto a recular y bajar de la contienda a Del Mazo.

Autoridad electoral ciega

En una extensa entrevista sobre el fenómeno del gasto electoral en el Estado de México, Islas recalca que “el verdadero punto fino del gasto es la desviación de recursos del erario estatal a favor del candidato del PRI.

“Esto se hizo, porque a mí me consta, durante la campaña de Enrique Peña Nieto en 2005, pero también en la de Eruviel Ávila y lo harán ahora con Alfredo del Mazo. Toda la estructura del gobierno estatal se involucra en la campaña”, reflexionó.

–¿Cómo hacen para tener los 2 millones de votos seguros para el PRI?

–Dividen al Estado de México en cuarteles o zonas electorales. Esto lo inventaron desde que fue gobernador Ignacio Pichardo. Cada integrante del gabinete del gobierno estatal se vuelve un activista de la campaña del PRI, le encargan una zona y debe ganar. El secretario o titular del gabinete no va solo, sino que lleva consigo toda la estructura de la secretaría a hacer trabajo político.

“La farsa está en que el secretario de Estado dice que está realizando una gira de trabajo, pero en realidad está viendo cómo está la estructura priista calibrada: la representación en casillas, los activistas del voto, el reparto de despensas, los padrones de programas sociales, y esto les permite saber cuántos votos van a tener.”

–¿Cuánto le cuesta todo esto al erario?

–Es difícil de cuantificar, pero es peor porque los trabajadores electorales son ciegos ante este tipo de prácticas. Están metidos en un formalismo absoluto y no hay fiscalización de campo. La reforma electoral que nos falta es que el IEEM o el INE manden interventores a que verifiquen que la gente que llegó a un mitin lo haya hecho por su propio pie, que no fue acarreada.

“Si la gente llega en transporte, entonces el interventor tiene que decir quién paga ese transporte. Lo tiene que acreditar el partido. Si hay un tráiler repartiendo despensas, eso está prohibido y es tarjeta roja y multa para el partido, que puede llegar hasta la anulación de la candidatura porque está comprando votos.”

Islas relata cómo se hace desde décadas atrás el manejo de la movilización del voto y de la gente en el Estado de México: “La mafia del transporte público es intocable porque es el sostén de la movilización priista.

“El PRI dice que los transportistas públicos les cobran por llevar y trasladar a la gente. En realidad, no les cobran nada o facturan a medias. Es muy difícil de contabilizar. ¿Cómo contabilizas cuántas unidades se contrataron para llevar a 20 mil personas a un mitin. El PRI dice: ‘Mire, tenemos 20 mil personas en Ecatepec’, pero son las mismas personas que trasladan a otro evento en Tecamac. Son los mismos acarreados.

“Detrás del contingente de microbuses y autobuses llevan unos tráileres. Esos llevan las despensas. ¿Quién las aporta? El gobierno del Estado de México. Con ellos también tienen acuerdos a cambio de futuros contratos con el gobierno.

“Están comprando votos con dinero público, con dinero que no es de ellos, y la autoridad electoral no dice nada.”

El pasado lunes 6, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le perdonó el castigo al PRI por el reparto de despensas en las “Ferias Integrales de Servicios”, donde se entregaron programas sociales en los municipios mexiquenses de Huixquilucan y Zinacantepec.

PRD y Morena denunciaron el reparto indebido de tarjetas de débito de Banorte denominadas “La Efectiva”, con un saldo de 2 mil 750 pesos, y despensas alimentarias. Los magistrados de la Sala Superior consideraron que no hubo “pruebas suficientes” y consideraron infundados los agravios denunciados por los representantes de la oposición.

La Fiscalía Especial para la Prevención de Delitos Electorales (Fepade) ha dicho que tiene 83 expedientes en el Estado de México por posibles delitos electorales, pero 66 casos son por presunta alteración del Registro Federal de Electores y sólo dos son por solicitar votos a cambio de pagar y uno por condicionar la prestación de un servicio público a la emisión del voto a favor del PRI.

Control de la pobreza

“En el Estado de México hay un problema grave: se ganan elecciones controlando y manipulando a los pobres. Por eso no les interesa acabar con la pobreza. Esa es la realidad”, sentencia Islas.

Y ejemplifica con el programa de adultos mayores. En la Ciudad de México este programa se aplica casa por casa. El adulto recibe a una trabajadora social que le entrega una tarjeta donde les depositan dinero y ellos compran lo quieren. “No hacen proselitismo electoral, no les piden su credencial”.

“En el Estado de México no ocurre así. Si te das una vuelta cada quincena a las oficinas en los municipios de la Secretaría de Desarrollo Social estatal o en la federal se ven colas larguísimas de gente, de adultos que los llevan en silla de ruedas para que les den su lana. Es una manera indigna de controlarlos”, abunda.

–¿Y la fiscalización a los programas y padrones que realizará la autoridad electoral estatal?

–La autoridad electoral es una farsa. Trasladaron toda la vieja estructura del IFE –ahora INE– al IEEM, pensando que los funcionarios del IFE eran menos corruptos que los del IEEM, lo cual es una mentira. Yo fui representante y lo vi: lo que ocurría es que los representantes electorales federales estaban ya amañados con los alcaldes y los funcionarios estatales.

“Hay un informe que elaboró Bernardo Barranco, exconsejero electoral del IEEM también, donde destaca todo esto: cómo estaban enlazados los representantes electorales federales con la estructura del gobierno estatal.

“La estructura del viejo IEEM ya murió. Ahora todo lo controla el INE. Muchos de los que fueron consejeros electorales trabajan para el gobierno estatal o para el PRI. A algunos los nombraron magistrados electorales, como es el caso de Jorge Muciño.”

–¿A estos recursos estatales desviados y difíciles de cuantificar se suman los recursos federales?

–No necesitan dinero federal. De hecho, Peña Nieto no podría trasladarle dinero al estado porque ahí sí interviene la fiscalización. Lo que sí pueden hacer es que algunos funcionarios federales operen como lo hacen los integrantes del gabinete estatal. Por ejemplo, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, aprovecha sus giras para promover el tren bala y supervisa una zona. O Rosario Robles, de Sedatu, lleva algunos programas sociales. Lo más significativo es la Sedesol.

–Entonces son varios niveles de desvío de recursos.

–Así es. Tienes el financiamiento normal que te dan las prerrogativas y que es el más alto en la historia estatal. A eso le tenemos que sumar el financiamiento privado. A eso, la ayuda en donaciones en especie de los privados, como los transportistas. Luego, el desvío de recursos del erario a través de la estructura misma del gobierno que actúa en la campaña y en la elección.

“Lo más sintomático es que, a pesar de todo esto, se les puede ganar. El elevado tope de gastos de campaña refleja el nivel de miedo frente a la posible derrota.”

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