Rumbo al cambio verdadero

MORENA la esperanza de México

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Jesusa Cervantes

(Proceso No. 2115)

 

 

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Jesusa Cervantes

Alejada de actos de fiscalización administrativa y asumiendo un papel de benefactora, la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con una caja chica mediante la cual distribuye de manera discrecional recursos a los 32 gobiernos estatales, el más afortunado de los cuales es, curiosamente, el Estado de México, donde habrá elecciones el próximo domingo 4 de junio.

Aun cuando esa entidad no alberga instalaciones petroleras, ha recibido de la paraestatal 521 millones 144 mil 507 pesos en los últimos cuatro años bajo el rubro de “Donativos y Donaciones”.

La mayor entrega la recibió durante el primer año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, originario de ese estado y donde el PRI y los gobiernos federal y estatal, preocupados por la debilidad de su candidato, han echado mano de todas las estratagemas a su alcance para ganar la elección y apuntalarse así en la carrera por la Presidencia de la República para 2018.

En 2013 el Edomex contó con 217 millones 942 mil 572 pesos, la mayor donación para una entidad no petrolera; en 2014, cuando el precio del crudo estaba a la alza, obtuvo de Pemex 225 millones 627 mil 195 pesos. El resto de los recursos para llegar a los más de 521 millones de pesos los obtuvo en 2015, 2016 y el primer trimestre del año en curso.

El programa Donativos y Donaciones es manejado por la Gerencia de Desarrollo Social que, según su página web, busca fortalecer el vínculo con las comunidades para minimizar “el riesgo en la operación, derivado de conflictos sociales”. Aunque en realidad tales “conflictos sociales” se derivarían de las actividades de Pemex, que no se realizan en el Edomex sino en otras 12 entidades: Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

El ligero manejo y comprobación de los recursos del citado programa de Pemex ha sido cuestionado por entidades fiscalizadoras de algunas entidades; en Colima, por ejemplo, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización acusó al exgobernador priista Mario Anguiano Moreno de posible “daño a la hacienda pública del estado” debido a que 38.5 millones de pesos que solicitó para hacer frente a los daños de la tormenta tropical Manuel fueron desviados presuntamente a gasolineras de su exsecretario de gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos.

Otro caso es el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, a quien se acusa de haber extraviado la comprobación del gasto o entrega de cientos de millones de pesos, obras y hasta de haber perdido un helicóptero donado por Pemex; incluso se ha señalado que los vales de gasolina donados por la paraestatal los desvió para el pago a proveedores.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar “cuando lo considere conveniente” el destino final de los recursos, Pemex se limita a recibir fotografías de las obras para las cuales se solicitaron recursos y, según su página web, da seguimiento al uso de los recursos o notifica si se recibió o no el “informe de comprobación” de parte de la entidad beneficiada.

De acuerdo con la ley y con el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, corresponde al Consejo de Administración aprobar “los criterios y lineamientos” para la entrega de donativos y donaciones, y al director en turno, autorizar los pagos.

Las cajas de Pemex

Antes de la reforma energética, avalada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2013, se aprobaba en el Presupuesto de Egresos un fondo de apoyo para beneficiar a los 12 estados con actividad petrolera. Luego de los cambios se formó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y a su vez, dentro de éste se creó el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que se alimenta de un porcentaje de la renta petrolera y se distribuye entre los cinco principales estados con hidrocarburos: Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Esta caja chica de Pemex para esos cinco estados fue, en 2015 –su primer año– de 6 mil 235 millones de pesos; debido a la caída del precio del crudo, en 2016 el fondo llegó a 3 mil 985 millones de pesos, según comentó a inicios de ese año Kristóbal Meléndez, investigador de Cuentas Subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

La segunda caja chica de Pemex fue la que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013, el llamado Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), que se forma con 1 o 2% del valor de los contratos por más de 5 mil millones de pesos que Pemex firma.

Según la página web del PACMA hay 89 empresas “obligadas” a entregar los recursos; si se toma en cuenta el 2% de un contrato que pudiera ser de 5 mil millones de pesos, entonces el fondo podría alcanzar 8 mil 900 millones.

Los principales proyectos del PACMA son la construcción de comedores comunitarios en apoyo a la Cruzada Contra el Hambre, las Unidades Móviles de Capacitación y Servicio Comunitario y las Unidades Médicas Móviles, pero no se informa en cuáles estados y por qué montos se realizan las acciones.

Pero el programa al que más recurren los estados es el de Donativos y Donaciones, dependiente de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social, que durante los primeros años de la administración federal priista estuvo a cargo de Bernardo Bosch Hernández.

Mano derecha de Emilio Lozoya Austin, junto con el también director de área, Froylán Gracia Galicia, Bosch llegó a Pemex Exploración y Producción en 1998 y se quedó hasta 2005, en especial en el proyecto de Cantarell, entonces joya de la paraestatal.

Gracia y Bosch operaron en nombre de Lozoya la entrega de millones de pesos a los 32 gobernadores del país mediante el programa Donativos y Donaciones.

Ambos se movían como los grandes benefactores de Pemex, que lo mismo entregaban toneladas de asfalto para pavimentar calles, vales de gasolina o cientos de litros de combustible, o incluso millonarios cheques para la compra de helicópteros, como sucedió en Veracruz y Tabasco.

Una funcionaria que gustaba de acompañarlos es Rosario Brindis Álvarez, encargada de Enlace Legislativo de Pemex y a quien se acusó ante la Secretaría de la Función Pública de presunto conflicto de interés, por operar para que a la empresa que representa su marido, Alberto Ríos Treviño, se le adjudicara de manera directa un contrato por 567.4 millones de pesos. Incluso en su cuenta de Twitter, Brindis compartía fotografías de cada entrega de obra de sus también jefes, Bosch y Gracia.

Estos dos últimos, operadores de la llamada “Sedesol de Pemex”, dejaron la empresa luego de que Lozoya Austin fuera removido de la dirección, el 8 de febrero de 2016. Brindis continúa en Enlace Legislativo y Transparencia.

De Pemex para el Teletón

Para entregar los donativos y donaciones a los estados, Pemex fijó indicadores que “permiten determinar la asignación y distribución de los recursos”: se trata de “producción petrolera, instalaciones petroleras, inversión, número de trabajadores petroleros, pasivos ambientales, población en municipios impactados y el índice de marginación”.

Al no ser el Estado de México una entidad petrolera, no reúne los requisitos, como no sea el último; pese a ello, Pemex le ha entregado cientos de millones en especie y tan sólo en 2016 le dio 4 millones de pesos en efectivo, los cuales no tienen nada que ver con actividades petroleras.

Se trata de 4 millones que se le entregaron al gobierno del priista Eruviel Ávila y que éste a su vez dio a la Fundación Teletón, según se establece en el reporte 2016 de Pemex, el cual señala como fin específico: “Apoyar los programas de la Fundación de Rehabilitación Infantil Teletón, A.C., para niños, niñas y adolescentes de escasos recursos con discapacidad”.

Además de entregarle ese 2016 la cantidad de 1 millón 600 mil litros de combustible –que en dinero fueron 19 millones 985 mil 194 pesos–, ese año fue el de más bajo reparto para los demás estados, incluyendo los petroleros, debido a la baja del precio del crudo.

En 2013 el Edomex recibió 217 millones 942 mil 572 pesos divididos así: 6 mil 220 toneladas de asfalto, con valor de 56 millones 661 mil 870 pesos, y 15 millones 288 mil 213 litros de gasolina, con valor de 161 millones 280 mil 702 pesos.

En 2014 se le dieron en efectivo 15 millones 500 mil pesos que, según el reporte de Pemex, fueron para el municipio de Ixtapaluca en apoyo a sus obras de infraestructura y equipamiento urbano. Además, 36 millones 303 mil 989 pesos en asfalto y 173 millones 823 mil 206 pesos en gasolina.

Pero también es cierto que no todos los años fueron buenos para el Edomex. En 2015 apenas obtuvo 27 millones 618 mil 247 pesos. En cambio, la Ciudad de México recibió ese año 47 millones 957 mil 520; la mayor parte –47 millones 600 mil– en efectivo.

El gobierno capitalino recibió en 2015 efectivo que a su vez trasladó a algunas organizaciones: a la Fundación Azteca le dio 6.5 millones de pesos; a la Fundación Educación Superior-Empresa le entregó la estratosférica cifra de 25 millones de pesos para el proyecto “Estudio sobre los impactos de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento en las actividades económicas, sociales y ambientales de las regiones petroleras y su vinculación con los programas educativos de las instituciones públicas y privadas de nivel superior. Oportunidades y retos para el desarrollo sustentable”.

Otros 2 millones de pesos fueron para la Asociación de Amigos del Museo de Arte, 1.8 millones al Centro Mexicano para la Filantropía, 3.3 millones para la Fundación Kasparov, 6 millones para la Fundación UNAM y tres millones para la Fundación John Langdon Down.

En el primer trimestre de 2017 el Edomex ya recibió 26 millones 71 mil 299 pesos, poco más de los 19.1 millones que según el Instituto Electoral del Estado de México ha gastado en su campaña Alfredo del Mazo, candidato al gobierno estatal y primo del presidente Peña Nieto.

La gran cantidad de recursos que Pemex entrega, dice la diputada de Morena Rocío Nahle, especialista en el tema de hidrocarburos e integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, debe distribuirse entre todas las entidades federativas, pues Pemex es una empresa con sentido social. “El problema está en quién determina a cuáles estados se les entrega qué cantidad y para qué obras o con qué objetivo”.

Con el antecedente de los exgobernadores de Colima y Veracruz, que usaron el dinero en su beneficio o lo desaparecieron, dice la diputada, es que la ASF debe auditar esos millonarios recursos.

Los casi 9 mil millones de pesos que se han entregado del programa Donativos y Donaciones, los también casi 9 mil millones del PACMA y los poco más de 10 mil millones de pesos que tiene el Fondo de Hidrocarburos deben ser auditados para ver con cuáles criterios se han entregado y si los objetivos se cumplieron.

A su vez el diputado de Morena Rodrigo Abdalá recuerda que el esquema de Donativos y Donaciones, surgido en 1995, ha presentado diversos problemas de diseño y aplicación que dan lugar a una enorme opacidad y no logran compensar los impactos negativos que la actividad petrolera genera en esas localidades.

“El problema radica en que esos recursos no son considerados como recursos fiscales, sino que son de la petrolera, los cuales son deducidos o descontados de sus ingresos como parte de su operación, por lo que es imposible técnicamente que la Auditoría Superior de la Federación los fiscalice y bajo ese esquema es difícil su supervisión, hasta para su propia Contraloría Interna. El grado de opacidad aumentará bajo el nuevo régimen de Pemex que ahora opera como empresa productiva y no como una paraestatal”, acusa Abdalá.

Y agrega: “El de Obras de Beneficio Mutuo o el PACMA están orientados hacia la infraestructura; 50% de los recursos van hacia caminos, puentes, calles, carreteras, y 20% hacia transporte y comunicaciones. Hablar de infraestructura es hablar de contratismo y hablar de contratismo bajo este esquema tan opaco es hablar ineludiblemente de corrupción”.

Ejemplifica: “Los contratos de obra se adjudican, a precios inflados, a amigos o empresas de exfuncionarios, y en muchos de los casos esas obras no se realizan o se entregan inconclusas. Por ejemplo, la construcción del Puente de la Unidad, en Campeche, originalmente adjudicado a Tradeco, propiedad de Federico Martínez Urmeneta, exdirectivo de Pemex. El costo de la obra superó los 838 millones de pesos y no fue entregada”.

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