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Jenaro Villamil

Viene el “Guadalupanazo 

La protesta contra la Ley de Seguridad Interior en el Senado. Foto: Octavio Gómez

La protesta contra la Ley de Seguridad Interior en el Senado. Foto: Octavio Gómez

Ignorando a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; haciendo a un lado los reclamos de toda suerte de agrupaciones civiles, instancias gubernamentales y reputados juristas nacionales y extranjeros; despreciando a legisladores de la oposición, así como a ciudadanos recientemente galardonados con la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Derechos Humanos, el Senado se apresta a dar un “Guadalupanazo” con la aprobación de la repudiada Ley de Seguridad Interior. Las presiones para que esto ocurra antes del viernes 15 se dejaron sentir la semana pasada desde Los Pinos, la Sedena y la Semar.

(Proceso No. 2145)

 

 

La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior –aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro– sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.

“Nos van dar el guadalupanazo, como con la Reforma Energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna en alusión al 12 de diciembre de 2013, cuando sus pares aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.

Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las 9 de la mañana, a una sesión para dictaminar.

De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.

Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro con la ley porque, dijo, “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. Y sentenció, en medio del aplauso generalizado: “Esta ley no debe prosperar”.

La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan, ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecho.

El colectivo “Seguridad sin Guerra”, formado por 270 organizaciones civiles, se presentó el martes 5 en el Senado para argumentar en contra de esta ley ante la Junta de Coordinación Política. La analista Denise Dresser acusó a “un manojo” de senadores del PRI, Verde y “los llamados rebeldes del PAN” de preparar “el equivalente a un autogolpe militar”. Ese mismo día, a las afueras del recinto del Senado, cientos de activistas y seguidores de Gerardo Fernández Noroña bloquearon los accesos al edificio de Insurgentes y Avenida Reforma para protestar contra la ley.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se enfrentó en sesión pública del Senado al general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, y demandó que no se apruebe la iniciativa.

“Entendemos que hoy por hoy la situación de seguridad es tan compleja que no se puede retirar a las Fuerzas Armadas de inmediato, pero no se puede aceptar la lógica poco racional de que el paradigma militar iniciado sin apoyo en la ley necesita legalizarse precisamente por su falta de éxito”, reprochó Jarab.

El general Ramos Flores le contestó, como si fuera vocero de los senadores, que “la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrían ser empleadas como último recurso”. Y cuestionó: “¿De dónde resulta ahora la expresión de que la ley está previendo que se queden para siempre las Fuerzas Armadas?”

También han sido desestimadas las observaciones de la Coparmex, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de colectivos de abogados y especialistas en derecho, y hasta de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El jueves 7, el panista Roberto Gil ­Zuarth prácticamente humilló al comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, quien acudió a la Junta de Coordinación Política del Senado para argumentar en contra del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior que clasifica como “de seguridad nacional” la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley y la reserva hasta por 20 años.

Gil Zuarth negó que la Ley de Seguridad Interior desplace al régimen jurídico de transparencia porque lo aprobado en la Cámara de Diputados “no es un islote ajeno, aislado, desprendido del sistema jurídico mexicano” y tampoco desplaza la aplicación de otras normas.

Débil, intimidado por Gil Zuarth y también por el general Ramos Flores presente en la reunión, Acuña aceptó que la posición del Inai se subsanaría si “en el exordio o en la exposición de motivos sería francamente conveniente, aunque fuera tautológico”, se dijera que no afectaba el principio de máxima publicidad.

“Yo creo que con eso se atendería, y mucho, la preocupación que a nosotros nos hace venir hoy aquí”, remató el comisionado presidente del Inai, para sorpresa de los reporteros presentes.

Su afirmación provocó que un grupo de senadores opositores a la ley le demandaran al instituto aclarar su posición y expresaron su “extrañeza” ante la “aquiescencia” de Acuña. El comunicado fue firmado por los senadores panistas Laura Rojas, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, así como por Alejandro Encinas, independiente, y por Zoe Robledo, del bloque PT-Morena.

Al cabildeo y a la presión pública también se incorporó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien rechazó que esta ley se traduzca en una militarización del país. El expriista y ahora mandatario por la coalición PAN-PRD defendió el nuevo ordenamiento ante los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón. Yunes ha presionado a senadores panistas de Veracruz y otras entidades para que apoyen la ley.

El propio Gil Zuarth viajó a Tamaulipas para sostener una reunión con el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a fin de convencerlo de que respalde también esta nueva ley, aun cuando la presencia de soldados y marinos en funciones policiacas no ha logrado frenar el incremento de la violencia en esta entidad.

Durante la reunión que sostuvieron los representantes del colectivo “Seguridad Sin Guerra” con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, con el coordinador del PRD, Luis Sánchez, y con el senador Ernesto Gándara Camou, también del PRI, no se definió ningún mecanismo de diálogo o consulta.

Herrera Anzaldo, del PRI, les comentó a los representantes ciudadanos que también van a escuchar a gobernadores, presidentes municipales y otras autoridades que “están a favor” de la Ley de Seguridad Interior.

Juristas en contra

El último pronunciamiento, firmado el viernes 8 por más de 40 doctores y doctoras en derecho de la UNAM, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Anáhuac y la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, es un duro reproche al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues, dicen, viola los artículos 1, 8, 21, 29, 73 y 129 constitucionales.

Los principales 10 puntos de estos juristas señalan que la Ley de Seguridad Interior “es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas hacia México en el marco de la intervención de las Fuerzas Armadas”.

Argumentan que “la Constitución Política no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que hoy realizan”.

Destacan que la iniciativa “vulnera el equilibrio de poderes” al otorgar excesivas facultades al titular del Ejecutivo federal, lo que “permitiría la intervención de la federación para la implementación de acciones en el territorio de una entidad federativa”, atentando contra el federalismo.

Consideran como “vaga e imprecisa” la definición que la ley hace de seguridad interior, pues “podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conducta como riesgosa a la misma”.

Advierten: “La información generada derivada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior será reservada y clasificada. En contraste con ello, las autoridades federales y los órganos autónomos quedarán obligados a proporcionar cualquier información (que podría ser de cualquier persona) que  requieran las autoridades facultadas por la ley”.

La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a implementar políticas, programas y acciones de prevención y de investigación del delito, “que de acuerdo con el artículo 21 constitucional corresponde sólo a las autoridades civiles”, y contiene disposiciones que “violarían garantías procesales, poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas”.

Tampoco se definen en ella mecanismos “que garanticen de forma fehaciente el respeto a los derechos humanos durante las acciones derivadas de la aplicación de la ley”.

En contra de la argumentación de que es una ley para permitir el retorno de las Fuerzas Armadas, los juristas subrayan que “otorgarles facultades a través de una Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad pública las habilitará de forma permanente en la realización de dichas actividades, lo que se traduce en un desincentivo fuerte para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones policiales y civiles encargadas de la seguridad pública”.

Los firmantes demandan una “discusión pública, incluyente y reflexiva” y sentencian que esta ley “no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país”.

Entre los firmantes se encuentran las doctoras y doctores en derecho Ana Georgina Alba, Marisol Anglés, Elena Azaola, José Luis Caballero Ochoa, Jaime Cárdenas, Hugo Concha Cantú, Javier Cruz Angulo, María del Pilar González Barreda, Issa Luna Pla, César Nava Escudero, Ricardo Raphael, Pedro Salazar Ugarte, Miguel Sarre, Carlos Silva, Javier Treviño y Ricardo Valero, entre otros.

Más de 100 mil mdp en juego

Un estudio elaborado por el Centro ­Prodh revela que detrás de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior existe un negocio de más de 2 mil millones de dólares para la compra de armamento y equipamiento militar tan sólo entre 2013 y 2015, así como un incremento presupuestal de 1 mil 291% en la partida 33701 denominada “gastos de seguridad pública y nacional”, que ha crecido de manera discrecional.

Según la Secretaría de Hacienda, “se adjudicaron 2 mil 915 millones” en esta partida, pero “en realidad se gastaron 40 mil 545 millones de pesos, lo que implica un aumento presupuestal de 1 mil 291%”.

Entre 2012 y 2015 se erogaron 2 mil 35 millones de dólares en armamento y equipo militar adquirido en Estados Unidos que, al tipo de cambio de entonces, equivalía a 28 mil 560 millones de pesos.

De acuerdo con la Sedena, tan sólo en 2016 se realizaron 54 operaciones regionales en tareas de seguridad pública “con un promedio diario de 52 mil elementos desplegados”.

Esa movilización ha provocado un crecimiento de más de 100% en el presupuesto de Sedena y de la Secretaría de Marina en una década. En 2007, el presupuesto para Sedena fue de 32 mil 200 millones de pesos y en 2017 se elevó a 69 mil 407 millones. El de la Marina pasó de 10 mil 951 millones de pesos en 2007 a 26 mil 332 millones en ese mismo periodo.

“Las consecuencias que puede tener el crecimiento de las Fuerzas Armadas y el aumento de su presupuesto a lo largo de la última década no son menores”, advierte el informe del Centro Prodh, y pronostica:

“En sí mismos, estos incrementos desmedidos pueden volverse un incentivo para que el Ejército y la Marina continúen con las tareas de seguridad que hoy realizan, en la medida que provocan una inercia organizacional que a la larga puede ser difícil revertir.”

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