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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Jenaro Villamil

Presidentes seis años, holganza de lujo el resto de sus vidas


La información sobre las enormes pensiones de los expresidentes mexicanos, procedente de investigaciones académicas y de una solicitud de información de este semanario al gobierno federal, desmiente los argumentos con que las justifican sus beneficiarios Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el aspirante presidencial José Antonio Meade. No se limita a un sueldo vitalicio o al servicio de decenas de servidores públicos, sino que incluye guardias para ellos y sus familias, igual que el pago de telefonía, autos, atención médica privada y gastos de oficina, entre otros, todo ello sin fundamento en la ley.

(Proceso No. 2163)

 

 

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Jenaro Villamil

Ejemplo de los privilegios y excesos de la clase gobernante que preservó la alternancia, las millonarias prestaciones a los expresidentes de México –cuya pensión de 205 mil pesos al mes es sólo una parte– no las disfrutan en casi ningún país, menos en los más desarrollados económica y democráticamente.

En México los exmandatarios gozan, de manera vitalicia, de un sueldo del nivel de secretario de Estado, un equipo de hasta 25 funcionarios, numerosa custodia militar, atención médica privada, seguro de vida, vehículos, telefonía y hasta jardineros, privilegios que al morir siguen recibiendo sus descendientes.

De acuerdo con información oficial y estimaciones académicas y legislativas, cada uno de los cinco expresidentes vivos cuestan a los mexicanos aproximadamente 5 millones de pesos al mes, aunque otras ubican los gastos –que incluyen personal, vehículos, oficinas– en 40 millones de pesos anuales.

Lo cierto es que, en sólo seis años –la quinta parte del tiempo que le cuesta a un mexicano común obtener su pensión–, un presidente se garantiza una vida de lujos hasta su muerte, que luego sigue disfrutando su familia, y su pensión vitalicia de 205 mil pesos al mes contrasta con los 2 mil 555 pesos al mes que recibirá alguien que gana 10 mil pesos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“El estudio de los beneficios de los exgobernantes permite conocer el grado de equidad social, las formas de expresión de los criterios de justicia, proporcionalidad y racionalidad, así como el grado de desarrollo de una cultura con tejidos democráticos”, razonan Hilda Nucci y Ernesto Villanueva en su libro Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, de Ediciones Proceso.

Los académicos revisaron los ordenamientos legales sobre los beneficios de exgobernantes en 21 países de los cinco continentes y concluyen: “El caso que más llama la atención es el de México, pues es el único país donde un expresidente recibe aproximadamente 2 mil 379 salarios mínimos como ingreso global mensual.”

Como tras la elección de 2000, en esta coyuntura electoral están a debate las desproporcionadas prestaciones de los expresidentes de la República, que ni siquiera están fundadas en la Constitución y en la ley, sino que son producto de simples acuerdos presidenciales de Luis Echeverría y Miguel de la Madrid.

“La pensión es para no robar”, alegó Vicente Fox, en su cuenta de Twitter el domingo 8, en reacción a la reiterada promesa del candidato Andrés Manuel López Obrador de quitarles la pensión a los exmandatarios y dejarles sólo la prevista en el programa federal 70 y más.

“Lopitos, te corrijo: la pensión es el equivalente del salario de un subsecretario, no de 5 millones mensuales. ¡Mientes, engañas!”, reclamó Fox, en ese mismo mensaje, a López Obrador, quien forzó a sus contendientes a una definición sobre los privilegios de los expresidentes.

El priista José Antonio Meade defendió las prestaciones –es “dignificar a quien con su gestión entregó al país vida”–, mientras que el panista Ricardo Anaya dijo que asumirá una posición hasta conocer los montos reales de éstas, pese a que como diputado las aprobó en tres ocasiones en el Presupuesto de Egresos.

Margarita Zavala, quien disfruta de las prestaciones como esposa de Felipe Calderón –cuyo personal participó en la recolección de firmas para su candidatura y es custodiada por militares–, coincidió en eliminarlas, aunque aclaró que “tendría que decidir, por supuesto, el Congreso”.

Justamente en las cámaras de Diputados y Senadores se han presentado iniciativas de ley, desde 2002, para normar las percepciones de los expresidentes, pero hasta ahora no ha procedido ninguna, pese a que los acuerdos mediante los cuales se entregan las mismas no tienen fundamento legal ni constitucional.

En mayo de 2002, ya con Fox en la Presidencia de la República, el entonces senador priista Óscar Cantón Zetina presentó una iniciativa y la más reciente es del 3 de octubre, cuando la senadora perredista Angélica de la Peña presentó otra en el mismo sentido.

Apenas en noviembre, la Cámara de ­Diputados turnó a comisiones una iniciativa ciudadana que demanda la reducción de los sueldos de los altos funcionarios y la eliminación de la pensión a los expresidentes de la República.

Esa iniciativa, denominada Gobierno sin Privilegios y promovida por el ciudadano Carlos Augusto Morales López, critica que los altos funcionarios “gozan de ostentosos privilegios, injustificables, inadmisibles e inexistentes en otros países que conforman la OCDE, en contraste con la mayoría del pueblo mexicano, que está sumergido en la espiral invertida que constituye la pobreza en un contexto de crisis cíclicas”.

Pese a las miles de firmas que fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), los diputados metieron esta iniciativa a la congeladora.

Calderón, el exceso

Fox ha sido el expresidente más aferrado a los privilegios del erario de que disfruta desde que dejó el poder, en diciembre 2006, pero Calderón es el que tiene el personal civil mejor pagado y, en el último día de su gobierno, modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) para que todo el personal que lo cuidó en su sexenio siguiera con él.

Los cinco expresidentes vivos, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Fox y Calderón, tienen derecho a 25 servidores públicos, pero entre ellos hay también diferencias, de acuerdo con la respuesta de la Presidencia de la República a una solicitud de información de Proceso:

Aunque Fox cuenta con 20 servidores públicos, son más baratos que los 18 de Calderón: los del primero cuestan 389 mil pesos al mes, mientras que los 18 del segundo consumen sólo en sueldos 714 mil al mes.

Les sigue Echeverría, con 17 servidores públicos, uno menos que Calderón, cuyos sueldos suman 156 mil pesos al mes. Salinas tiene 10 y en conjunto cobran 173 mil pesos mensuales.

Zedillo es el que menos personal tiene: sólo tres personas, con sueldo de 17 mil 118 pesos cada uno, para un total de 51 mil 354 al mes.

El personal que trabaja con los cuatro suma 1 millón 484 pesos al mes, equivalente a casi 19 millones de pesos al año. Pero es sólo el costo de los 68 servidores públicos civiles.

¿Qué número de militares, marinos y policías cuidan a los expresidentes y sus familias? Es una información confidencial, según la respuesta que se dio a la solicitud de información, aunque el acuerdo de Echeverría, de 1976 y que sigue vigente, dispone que 78 elementos de las Fuerzas Armadas están al servicio de cada expresidente:

De la Armada, 22 elementos: dos jefes, cuatro oficiales y 16 de tropa. De la Fuerza Aérea, 11: un jefe, dos oficiales y ocho de tropa. Y del Ejército, 45: un general, cuatro jefes, ocho oficiales y 32 de tropa.

En la respuesta a la solicitud de información, fechada en mayo de 2015, sólo se detallan los rangos del personal del EMP asignados a los expresidentes y sus familias.

Se trata de jefes (coronel, teniente coronel y mayor), oficiales (capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente) y tropa (sargento primero, sargento segundo y cano), así como sus equivalentes en la Armada; los policías federales tienen nivel de inspector jefe.

Pero se omite el número de elementos porque “su divulgación permitiría identificar al personal a cargo de las labores de seguridad y logística, y pondría en peligro las actividades de inteligencia, contrainteligencia que se llevan a cabo para garantizar la seguridad de los expresidentes de la República y, en consecuencia, se pondrían en riesgo su integridad, vida o salud, la de su familia, o en su caso, a las personas que los rodean”.

Añade el documento: “En efecto, en el contexto actual, la difusión de tales datos conlleva la pérdida o menoscabo de la capacidad de respuesta de los elementos de seguridad frente a actividades criminales encaminadas a atentar en contra de sus misiones generales, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y/o la salud no sólo de los expresidentes, sino también de su familia, de las personas que los acompañan, así como de los propios elementos del Estado Mayor Presidencial”.

¿Qué presupuesto se destina a los elementos del EMP asignados a cuidar a los expresidentes? La respuesta indicó lo siguiente, con cifras de 2014:

“La información disponible de los gastos erogados por el Estado Mayor Presidencial por concepto de seguridad y logística, en apoyo a las actividades de los expresidentes de México durante el año 2014, fue de 1 millón 803 mil 391 pesos.”

Salinas: los lujos

Aunque Echeverría emitió un acuerdo presidencial para la custodia militar de él y su familia, así como de los presidentes que lo sucedieron –hace cuatro décadas–, fue De la Madrid quien dispuso, también mediante un acuerdo que ni siquiera firmó, las prestaciones que incluyen la pensión vitalicia del nivel de secretario de Estado.

“Es importante aclarar que a este acuerdo también le hace falta la firma del titular del Ejecutivo federal, además de no haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación: El entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado no firmó el documento que expidió para privilegiar a los exmandatarios, por lo que el Acuerdo 2763-bis cuenta únicamente con la firma de Carlos Salinas de Gortari en calidad de secretario de Programación y Presupuesto”.

Los cinco presidentes vivos tienen derecho a la pensión mensual de 205 mil pesos –equivalente al sueldo de un secretario de Estado y que debería ser al de un subsecretario–, pero sólo la cobran de manera íntegra Echeverría, Fox y Calderón, y reciben 80% Alexandra Aćimović Popović y Paloma Cordero Tapia, viudas de los exmandatarios López Portillo y De la Madrid, respectivamente.

Salinas y Zedillo renunciaron expresa y voluntariamente a recibir la prestación, y Calderón, por su parte, la dona desde febrero de 2017 a la asociación civil “Aquí nadie se rinde”, que atiende a niños con cáncer.

“En lo personal –dijo Calderón– la he recibido porque nunca robé ni tenía otro ingreso distinto al de servidor público y la necesitaba. Afortunadamente, ahora he tenido la oportunidad de dar conferencias y realizar otras actividades que me generan ingreso. Yo espero que mi trabajo como conferencista me permita sostener a mi familia y así seguir apoyando a las niñas y los niños con cáncer a través de esta admirable institución.”

Aunque Calderón es, en efecto, conferencista, sus principales ingresos son los que provienen de la empresa Avangrid, dedicada a la generación de energía, para la que trabaja desde julio de 2016 y le paga la mayor parte de los 8 millones 267 mil pesos de sus ingresos de 2017, según la declaración patrimonial de Zavala.

Y es que uno de los criterios para que los expresidentes tengan una pensión y fabulosas prestaciones es que difícilmente van a encontrar trabajo después de dejar el cargo, aunque las evidencias demuestran lo contrario, al menos en tres casos, incluido el de Calderón.

Acusado de conflictos de interés, Zedillo es miembro de consejos de administración de empresas trasnacionales; Fox obtiene millonarios recursos a través de su Centro Fox y es inversionista en materia energética.

Lo cierto es que, además de la pensión de 205 mil pesos al mes, los expresidentes tienen otros privilegios que se detallan en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, como consigna el libro Los parásitos del poder:

“Empero, a esa pensión habría que agregar 4 millones 799 mil 999 pesos por gastos de ayudantía y seguridad. Así, en total, un expresidente percibe ingresos mensuales que ascienden a por lo menos 5 millones 5 mil 121 pesos. De ahí que la pensión que recibe el exmandatario representa entonces 2 mil 926 salarios mínimos mensuales aproximadamente, sin contar los bonos y prestaciones adicionales, como aguinaldos, gastos de viajes y oficina, entre otros.

“Adicionalmente, los expresidentes gozan de otro tipo de beneficios, como el pago mensual de los servicios telefónicos nacionales, de telefonía móvil y larga distancia; derecho a un automóvil para él, otro para su esposa, uno para sus hijos y tres automóviles para sus escoltas, pago de tenencia, verificación y gastos de mantenimiento de los automóviles.

“Se les cubren además los servicios públicos domiciliarios para sus residencias, además del predial y servicios de jardinería, luz y limpieza, entre otros, sin olvidar los bonos y compensaciones por concepto de aguinaldos y demás prestaciones.”

Al respecto, la senadora perredista Angélica de la Peña propuso, en su iniciativa de ley, eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes, para lo cual, según ella, el Congreso de la Unión aprueba cada año una partida que asciende en promedio a 40 millones de pesos a la Presidencia de la República para que la destine a un pago para ellos o sus viudas.

Por ello propone que “las personas que hayan desempeñado el encargo de presidente de la República recibirán una remuneración económica diaria a razón de la cantidad que resulte de 20 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, misma que será contemplada anualmente en términos de lo que se disponga en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y se ajustará en el monto de incremento que tenga el salario mínimo cada año”..

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