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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Jesusa Cervantes

El PAN y el PRI cierran la Legislatura con dispendios

La nueva Legislatura que será encabezada por Morena ya anunció un “ajuste” y la compactación de plazas de la burocracia legislativa para ahorrar 208.5 millones de pesos. En sentido contrario y a pocos meses de concluir su cargo, los diputados federales salientes de las dos fracciones mayoritarias (PRI y PAN) autorizaron por lo menos cuatro plazas que implicarán un gasto de 4 millones 263 mil 960 pesos, así como pagos adicionales de un mes a empleados de la Mesa Directiva y de la Mesa de Coordinación Política.

(Proceso No. 2179)

 

 

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Jesusa Cervantes

Tres semanas antes de la elección presidencial, PRI y PAN acordaron crear nuevas plazas en la Cámara de Diputados y hacer un pago extra de un mes a algunos empleados de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “derivado de las cargas de trabajo”.

Al tiempo que la Jucopo decidió rescindir anticipadamente el contrato a aproximadamente 200 asesores, autorizó un pago por única ocasión, de un mes completo y sin deducir impuestos, a 43 asesores de los órganos de gobierno.

Dos acuerdos del Comité de Administración de San Lázaro, cuya copia tiene este semanario, dan cuenta del “pago único” y de la autorización de cuatro plazas con nivel de “subdirector de área”. Se desconoce si existen otras plazas autorizadas para las 13 direcciones que tiene la Cámara de Diputados.

La justificación que se dio a esos pagos adicionales fue el arduo trabajo que realizaron los integrantes de la Mesa Directiva y la Jucopo en el último periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, dichos órganos de gobierno cuentan con 176 personas con plaza, plaza homologada o contratadas por honorarios, cuya labor consiste precisamente en realizar las labores por las que se les entrega la mencionada remuneración extra.

El presupuesto de la Cámara de Diputados para 2018 es de 8 mil 439.4 millones de pesos; de los cuales 5 mil 441 millones se destinan al rubro de servicios personales o salarios.

Todas las fracciones parlamentarias cuentan con asesores; algunos trabajan por honorarios y son recontratados al inicio de la nueva Legislatura, otros no y son reemplazados por personal que acompaña a los nuevos diputados federales.

Este año, por acuerdo de la Jucopo, que encabeza el diputado panista Marko Cortés, aproximadamente a 200 de los más de mil asesores que laboran en San Lázaro se les liquidó el 31 de mayo, lo cual generó protestas de los afectados, pues su contrato establece que el trabajo concluye el 31 de agosto, fecha en que culmina la 63 Legislatura federal.

El 17 de mayo los asesores se manifestaron en la cámara con pancartas en que se reclamaba al presidente de la Junta esa decisión. En una de ellas se leía: “Jucopo 3 meses te vas a ahorrar, pero ahora ¿quién va a trabajar?”

No les respondieron. Fueron liquidados y menos de un mes después el Comité de Administración decidió hacer el pago extraordinario para asesores de la Mesa Directiva y la Jucopo.

El acuerdo está fechado el 5 de junio de 2018 y únicamente lo firman la presidente del comité, la panista Marisol Vargas Bárcena, y la priista Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, cercana al primer coordinador de su partido, César Camacho Quiroz, quien dejó el cargo para competir por una senaduría y perdió.

El Comité de Administración es la instancia que, por órdenes de la Jucopo, proporciona a los comités o comisiones los recursos humanos, materiales y financieros para realizar sus labores. También vigila la entrega de las prerrogativas y subvenciones a los diputados, es decir, el dinero que se entrega a cada fracción parlamentaria de acuerdo con su número de curules.

En el documento mencionado se establece “por única vez un pago equivalente al importe neto de la percepción mensual bruta (es decir antes de impuestos) al personal que se enlista en los anexos del presente acuerdo, debiéndose cubrir en el mes de julio”.

Tiene dos anexos. El primero es una lista de 14 personas que laboran en la Mesa Directiva, de las cuales sólo tres son empleados de nómina según el sitio en internet de la Cámara: el coordinador de asesores, el secretario técnico y el coordinador administrativo, quienes en conjunto perciben 151 mil 457 pesos al mes.

Las otras 11 personas que aparecen en el anexo 1 del acuerdo no figuran en la página como empleados homologados, en nómina ni por honorarios. Se desconoce cuánto se les pagó.

El considerando V del acuerdo justifica la remuneración por “las cargas de trabajo en la Mesa Directiva relacionadas con la instalación y cierre del tercer periodo ordinario de sesiones del Tercer Año de la LXIII Legislatura”. Pero también se les paga un mes de salario extra por “los trabajos de apoyo para la integración y operación de la Comisión Permanente”.

Hay que recordar que el tercer periodo de sesiones se inició el 1 de febrero y concluyó el 30 de abril, mientras que los trabajos de la Comisión Permanente se realizan actualmente en el Senado y no en la Cámara de Diputados; se labora desde el primer miércoles de mayo hasta el último miércoles de agosto.

En el mismo acuerdo se alega que el pago también se realiza “considerando la alta especialización del personal que se requiere en esas actividades” y que “se considera conveniente compensar por única ocasión con un pago equivalente al importe neto de la percepción mensual bruta”.

La Mesa Directiva cuenta con 56 plazas, entre las que destacan el coordinador de asesores, el secretario técnico y el coordinador administrativo, además de asesores A, asesores especializados B, C, asistentes y secretarias. En conjunto generan un gasto anual de 47.8 millones de pesos.

El motivo que el comité invoca para justificar el pago adicional es justamente el trabajo por el cual se le paga mensualmente a los empleados de nómina y homologados.

Lo mismo ocurrió en la Jucopo. En el considerando VI del acuerdo se reproduce el argumento de la “carga de trabajo” por la instalación del tercer periodo ordinario de sesiones (febrero-abril) y los trabajos de la Comisión Permanente; en este caso el anexo 2 incluye 29 nombres.

Sólo uno de éstos figura en la nómina de la cámara y otro, aunque no aparece en esa lista, es el conocido panista y exsubsecretario de Gobernación Marco Humberto Aguilar Coronado.

Solamente se conoce cuánto ganan por mes tres de los beneficiados con el pago extra en la Mesa Directiva y uno en la Jucopo. En ésta, el secretario ejecutivo percibe 157 mil pesos. Las otras 40 personas no figuran en la página de transparencia de San Lázaro como empleados, por lo cual se ignora a cuánto ascendió su mensualidad adicional.

El 17 de julio el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah Gebara, dio a conocer que cada uno de los 500 dipu­tados federales se llevará un último pago de casi 1 millón de pesos. Acaró que se trata de su fondo de ahorro acumulado en los tres años de la Legislatura más una cantidad igual que aporta la Cámara. Aclaró que no se trata de un bono, pues no habrá pago extra para diputados, pero nunca omitió decir que sí lo otorgarían a 43 integrantes del enorme aparato burocrático de San Lázaro.

A contracorriente

En sintonía con el gobierno austero que prometió el 15 de julio Andrés Manuel López Obrador, la fracción de Morena de la próxima legislatura federal –en la cual junto a sus aliados PT y PES sumará poco más de 300 diputados– ya anunció un recorte de cuando menos 2 mil millones de pesos al presupuesto de San Lázaro.

El miércoles 1 Alfonso Ramírez Cuellar, próximo diputado federal de Morena y dirigente nacional de la agrupación El Barzón, propuso reducir el aparato burocrático, salarios del personal de nómina, homologados y honorarios, así como las dietas de los diputados.

Mientras la principal fuerza electoral se dispone a ajustar salarios, desaparecer comisiones y compactar plazas, los diputados salientes del PAN y del PRI autorizaron el pasado 8 de junio la creación de cuatro plazas “homólogas a mandos con nivel HSD06”.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, en su “analítico de plazas y remuneraciones” de la Cámara de Diputados, actualmente sólo existe una plaza del nivel HSD06, con un costo de 1 millón 65 mil 990 pesos anuales: 721 mil 128 pesos de salario y 344 mil 862 en prestaciones.

En el acuerdo del Comité de Administración se argumenta que “la carga de trabajo” del área jurídica “hace indispensable crear cuatro plazas presupuestales homólogas a mando con nivel HSD06, para que sean asignadas dos para cada Dirección General (de Asuntos Jurídicos y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias), a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a sus labores encomendadas”.

También se hace notar que las decisiones del Comité de Administración pueden tomarse “por consenso” o “por voto ponderado”. Este último se refiere al peso de cada partido. Si actualmente el PAN tiene 107 dipu­tados y el PRI 202, esa diferencia cuenta.

En la copia que tiene Proceso del acuerdo para avalar las cuatro plazas, con un costo anual superior a 4 millones de pesos, sólo aparecen las firmas de priistas y panistas. Las fracciones de Morena, PES, Panal, PVEM y MC no lo firmaron, no lo avalaron o desconocieron el acuerdo.

En el documento se establece que las dos plazas adscritas a la Dirección de Asuntos Jurídicos y las asignadas a la Dirección General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias tendrán vigencia “a partir de 1 de junio de 2018”.

Ambas instancias están ahora en manos del PAN. Tradicionalmente, el área burocrática de San Lázaro ha funcionado como “cuota de partido”. Así, la Secretaría General ha sido siempre una posición del PRI; el área jurídica, del PAN, y las secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros rotan entre PAN y PRD, aunque sus 10 direcciones se las distribuyen entre los tres partidos.

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