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MORENA la esperanza de México

By

Marcela Turati

Escepticismo ante las consultas por la paz

Esta semana arrancarán en Ciudad Juárez los foros de consulta a la ciudadanía en torno a la pacificación y la reconciliación nacionales, propuestos por el equipo del próximo presidente. Sin embargo, dados los evidentes jaloneos y desacuerdos dentro del equipo de López Obrador, las organizaciones de la sociedad civil que fueron convocadas manifiestan su escepticismo: no saben si realmente se les tomará en cuenta o si sólo se trata de legitimar un proyecto preestablecido del que nadie parece saber cómo se aplicará.

(Proceso No. 2179)

 

 

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Marcela Turati

La consulta nacional Por la Pacificación y Reconciliación Nacional, que este martes 7 iniciará en Ciudad Juárez el equipo de Andrés Manuel López Obrador, ha sido causa de inquietud entre organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos, que se han acercado a actores del próximo gobierno para cuestionar si la propuesta será para legitimar un proyecto preestablecido o para escuchar a las víctimas.

En la inauguración de ese ejercicio se tiene anunciada la presencia de Andrés Manuel López Obrador; del gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral; de los futuros secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente; de los miembros del llamado Consejo Asesor para Garantizar la Paz, entre quienes se menciona a un general y a un vicealmirante, así como de Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Gobernación.

Con este cartel y con el encuentro que Loretta Ortiz Ahlf, vocera de los planes de pacificación, tuvo el miércoles 1 con organizaciones de la sociedad civil, se intentó dar por terminados los cuestionamientos recibidos semanas anteriores sobre una fractura en el futuro gabinete y el jaloneo en el equipo de transición sobre el tema de justicia transicional, que incluye los anuncios sobre la ley de amnistía, las futuras comisiones de la verdad y los foros de pacificación.

Una semana antes Ortiz se había reunido con Javier Sicilia, el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y con el investigador en derechos humanos Jacobo Dayán, quienes manifestaron sus inquietudes por las consultas que harán a las víctimas en Ciudad Juárez y en todo el país.

En público, ante los representantes de unas 40 organizaciones, Ortiz negó la descoordinación que ha sido notada desde el triunfo de López Obrador, y anunció que la agenda de paz estaría repartida en varias secretarías:

En la de Seguridad Pública (SSP) habrá una unidad de Seguridad Humana y Paz que se encargará de procesos de mediación entre pandillas y de la amnistía a personas vulnerables (campesinos, mujeres, jóvenes) presos por delitos relacionados con las drogas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se encargará de las comisiones de la verdad. La SEP será responsable de la Educación para la Paz y la Secretaría de Bienestar Social (como será llamada la actual Secretaría de Desarrollo Social), de los proyectos productivos y programas sociales para que la gente no tenga que ser reclutada en actividades ilegales.

El encuentro privado con Sicilia y Dayán no fue suave. Le preguntaron a Ortiz lo que las organizaciones en público volvieron a preguntarle: ¿Cómo cuidarían a las víctimas? ¿Por qué la prisa de armar foros nacionales? ¿Por qué no tomar los diagnósticos que ya existen? ¿Cómo va a poner a la gente a responder en tres horas temas tan profundos como la búsqueda de la verdad o la amnistía o la justicia transicional si no hay una pedagogía previa para explicarles los temas?

En un punto crítico le preguntaron por qué iba a juntar a las víctimas con los gobernadores: “¿Van a contar sus historias frente a Graco o Yunes?”

En la reunión del miércoles 1 Ortiz escuchó preguntas similares de reconocidos activistas de derechos humanos que, uno tras otro, durante tres horas, preguntaban si la ley de amnistía significará impunidad; si los foros de consulta a víctimas y ciudadanía sobre la pacificación serán para legitimar una agenda ya preestablecida por López Obrador o para una real escucha; si el próximo gobierno abordará una agenda integral de derechos humanos; si las comisiones de la verdad irán acompañadas de mecanismos extraordinarios de justicia; si existe coordinación de los esfuerzos de paz, memoria y justicia; qué papel jugará el Ejército, entre muchas otras.

Ella explicó que se harán consultas en numerosos estados, que las preguntas variarán según el lugar y no podrán ser vistas antes del foro.

En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, se permitirá entrar a 200 personas para que discutan cinco temas: víctimas, seguridad y justicia, seguridad fronteriza, reconstrucción de tejido social y construcción de la paz. Con base en lo que acuerden esas personas y quienes después escriban a un correo electrónico para enviar sus propuestas, se formulará el plan de pacificación que arrancará el 1 de diciembre.

Jaloneos y desorden

Desde el triunfo de López Obrador, cuando comenzaron los anuncios sobre el plan de pacificación y de justicia transicional, se hizo evidente que había un jaloneo dentro del equipo del tabasqueño.

Una de las primeras dudas sobre cómo se orquestaría la agenda de justicia transicional la lanzó Dayán, quien cuestionó por qué personal de la futura SSP, y no de Gobernación, encabezaría los foros de consulta para la pacificación del país.

Se refería específicamente a los anuncios que había hecho Loretta Ortiz, quien trabajará desde la SSP y –como ella ha anunciado– tiene a su cargo las consultas para la paz que arrancarán esta semana.

“Me parece una perversión que la SSP, la Policía Federal o Mando Único, si es la institución responsable de buena parte de la violencia, esté a cargo del diálogo con las víctimas para ver qué quieren en temas como comisiones de la verdad, justicia transicional, acceso a la justicia; a ellos les corresponde la prevención del delito, pero están haciendo algo que le tocaría a Gobernación”, explica a Proceso.

En ese momento, como hizo notar, había dos fuentes de información sobre los mismos temas. “La ministra (Olga Sánchez Cordero) nos dijo en el encuentro del Colmex: ‘Andrés Manuel me dijo que haga lo que sea para pacificar’, y eso incluye política de drogas, pero eso lo está haciendo Loretta desde Seguridad Pública. No vemos que el proyecto sea conjunto. Hasta donde sabemos, pareciera que Olga no está metida en este proceso (de paz), y es delicado. La justicia transicional no se hace al chilazo”, dijo.

Diversas fuentes hablaron del jaloneo manifiesto entre los futuros secretarios por quedarse con la encomienda del proceso de paz.

Llamó la atención, por ejemplo, que el primer anuncio que se hizo sobre la realización de las comisiones de la verdad vino del futuro titular de la SSP, Alfonso Durazo, quien dijo que se investigará la verdad de lo ocurrido en casos emblemáticos, como los de Ayotzinapa o San Fernando. Por su parte, Sánchez Cordero hizo un anuncio distinto acerca de que las comisiones serían estatales.

En el encuentro con las organizaciones, Ortiz se refirió al tema de las competencias: “Ha habido una crítica sobre cómo va a estar en este tema una Secretaría de Seguridad”. Y agregó: “Pretendemos precisamente dar una visión distinta de lo que son las policías, que no van a estar para reprimir sino en cumplimiento de los derechos humanos y comportamiento ético”.

En cierto momento pidió a los presentes cambiar la narrativa de que la policía es la enemiga. “Si no lo hacemos, difícilmente lo vamos a lograr”.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil hicieron una larga lista de preguntas. ¿Se puede hablar con criminales cuando el Estado no tiene capacidad de enfrentarlos? ¿Dónde entran los problemas de los desaparecidos en esta agenda? ¿Por qué sólo hablan de paz y seguridad cuando hay una vasta problemática de derechos humanos? ¿Por qué no abrevan de los diagnósticos que se han hecho los últimos 12 años sobre las víctimas? ¿Qué tan serio es su esfuerzo? ¿Cómo van a garantizar seguridad a las víctimas que hablen en público en sus foros?

Ortiz defendió la propuesta. Apuntó que el gobierno hará su propio ejercicio de consulta, que no se contrapone con los diagnósticos previos; invitó a la gente a sumarse, habló de la nueva policía y la necesidad del cambio de conciencia.

A veces su tono parecía de regaño por su escepticismo hacia los planes del próximo gobierno; también –enfadada– les decía que no todo está diagnosticado y que no son poseedores de la verdad absoluta.

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