La propuesta de Ley General de Biodiversidad presentada en octubre de 2016 por una senadora del Partido Verde Ecologista de México plantea un mecanismo de privatización de los recursos genéticos del país y de los conocimientos indígenas asociados a éstos. Según la propuesta, el gobierno tendría la potestad de autorizar la privatización, incluso sin consentimiento real de los pueblos indígenas, o con opiniones contrarias de otras instituciones, ya que éstas quedan reducidas a meras opiniones. El consentimiento fundamentado previo que se cita en dicha propuesta de ley es mero discurso, ya que puede ser cumplido si una empresa encuentra una persona o una sola comunidad que esté dispuesta a firmar un contrato, aunque se trate de recursos y conocimientos colectivos de pueblos enteros, que en muchos casos están en varios países.

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