Iguala no es el Estado mexicano, así responde iracundo y tajante el procurador general de justicia del país frente a un reportero que le pregunta sobre el sentir general de que nos encontramos frente a un crimen de Estado cuando no hay respuestas ciertas ante la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato y tortura de otras seis personas más. El procurador está muy cansado e irritable, le molestan las preguntas necias: ¿acaso no entendió?, es claro que después de 42 días de una muy agotadora búsqueda –dice– hemos logrado finalmente encontrar a los verdaderos culpables directos, tres miembros del último peldaño de la banda criminal. Para demostrarlo ellos escenifican en un burdo montaje –montado muy especialmente para la opinión televisiva– que todo sucedió así nomás, que ellos no saben por qué, ni para qué, ni quiénes fueron, pero que allí los apilaron, que allí los mataron, que allí los aventaron y que allí los quemaron y que ahora no queda nada, ninguna prueba real, ni vestigio comprobable de 43 jóvenes dignos y vivos que subieron a las patrullas los policías, último dato documentado. ¿Por qué, entonces, insistir en que es un crimen de Estado, cuando sólo es un crimen de los criminales comunes y corrientes?

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