Radiocoapa

Rumbo a la cuarta transformación de México

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Rosalía Vergara

Se alebresta el sindicalismo “charro”

Los sindicatos cercanos al poder respingaron por una propuesta de reforma de justicia laboral planteada por el gobierno federal. Envueltos en la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores, los corporativistas en realidad abogan por la opacidad y por mantener los privilegios que les da el actual sistema. En contraparte, expertos y sindicalistas independientes consideran que el planteamiento puede traer beneficios a la fuerza productiva…

(Proceso No. 2083)

 

Rosalía Vergara

 

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Rosalía Vergara

Por primera vez en lo que va del sexenio, el sindicalismo “charro” –es decir, el sometido al poder en turno– se manifestó en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto que, por presiones internacionales derivadas de la adhesión de México al Acuerdo Transpacífico, propuso una nueva reforma de justicia laboral.

Sin embargo, su protesta no es para apoyar los derechos de los trabajadores, sino para no perder sus privilegios, particularmente los llamados “contratos de protección” (negociados a espaldas de los trabajadores), el “tripartismo” en los juicios laborales (que da mucho poder a los “sindicatos blancos” en las pugnas contractuales) y la existencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción.

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Arturo Alcalde Justiniani

A dos años de la reforma laboral

 (La Jornada)

 

Arturo Alcalde Justiniani

 

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Usted recordará los argumentos y promesas gubernamentales presentados hace dos años para justificar la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sus promotores anunciaron, con bombo y platillo, que se trataba de una de tipo estructural, que el país crecería al 6 por ciento, se crearían 3 millones de empleos anuales, subiríamos 15 lugares en la clasificación internacional de competitividad y, por si fuera poco, se agilizarían los juicios laborales, se fortalecería la democracia sindical y se resolvería el grave problema de los contratos colectivos de protección, esos que se firman por un patrón y un membrete sindical sin el consentimiento de los trabajadores destinatarios.

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