El informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acerca de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa cayó como una losa sobre los restos de confianza y credibilidad en la justicia, poniendo en un grave predicamento la voluntad presidencial de resolver el caso atajando la impunidad. La investigación independiente, largamente esperada por la sociedad y los familiares de las víctimas, se apoya en los abundantes expedientes oficiales, pero elabora sus propias indagatorias comprobando a cada paso los errores acumulados, la ausencia de rigor y el descuido que sustenta las principales hipótesis contenidas en la llamada verdad histórica ofrecida por la Procuraduría General de la República. En eso radica su carácter devastador. Sin embargo, contra lo que se piensa, el informe aún no es, como reconoce el propio grupo, un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos, pues para ello harán falta nuevas investigaciones y peritajes orientados por la reformulación de las preguntas básicas en torno a lo sucedido.

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