Pedro Miguel

Cataluña

(La Jornada)

 

 

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Pedro Miguel

Si la institucionalidad española no se hubiera empeñado en impedir a toda costa la realización del referendo independentista del primero de octubre en Cataluña, tal vez el porcentaje por el no habría resultado minoritario, pero significativo. Pero al empecinarse en negar el derecho al sufragio a todos los habitantes de esa región y declarar ilegal la votación, Madrid dejó sin voz a quienes se oponen al proceso independentista y ofreció en bandeja de plata una mayoría abrumadora al separatismo. Más aun: al lanzar una agresión policial injustificada y bárbara a la ciudadanía que acudió a las urnas e incluso a la que iba pasando frente a ellas, el gobierno de Mariano Rajoy regaló a los secesionistas catalanes un argumento ineludible: no queremos formar parte de un Estado con modales tan violentos y autoritarios. Después el rey Felipe VI, desde su cargo nominal de jefe de Estado, formuló el ofrecimiento implícito de más garrotazos, proliferaron de parte de la clase política españolista las amenazas de recrudecimiento de la persecución policial del independentismo y, para rematar, Pablo Casado, subsecretario de Comunicación del Partido Popular (en el poder), advirtió a Carles Puigdemont, el presidente de la rebelde Generalitat, que de seguir sus afanes independentistas podría terminar como Lluís Companys.

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