Radiocoapa

Rumbo a la cuarta transformación de México

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Carlos Fazio

Romo y el saqueo de la Lacandona /II

(La Jornada)

 

 

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Carlos Fazio

En el marco de la guerra de baja intensidad contra el EZLN, el Plan Chiapas 2000 de la Secretaría de la Defensa Nacional fue un componente esencial del Plan Puebla-Panamá (PPP) diseñado en Wa­shington; formó parte de un programa integral que combinaba intervencionismo político, económico y militar, pero que fue presentado por Vicente Fox en 2001 como plan de pacificación, desarrollo y creación de empleos. El PPP fue una manifestación genuina de la clase capitalista trasnacional de comienzos del siglo XXI, y pieza clave de un proyecto de alcance geoestratégico continental e imperial de Estados Unidos, en que participaron sectores del gran capital financiero, consorcios multinacio­nales y las oligarquías de los países del área.

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Jenaro Villamil

Viene el “Guadalupanazo 

La protesta contra la Ley de Seguridad Interior en el Senado. Foto: Octavio Gómez

La protesta contra la Ley de Seguridad Interior en el Senado. Foto: Octavio Gómez

Ignorando a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; haciendo a un lado los reclamos de toda suerte de agrupaciones civiles, instancias gubernamentales y reputados juristas nacionales y extranjeros; despreciando a legisladores de la oposición, así como a ciudadanos recientemente galardonados con la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Derechos Humanos, el Senado se apresta a dar un “Guadalupanazo” con la aprobación de la repudiada Ley de Seguridad Interior. Las presiones para que esto ocurra antes del viernes 15 se dejaron sentir la semana pasada desde Los Pinos, la Sedena y la Semar.

(Proceso No. 2145)

 

 

La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior –aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro– sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.

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Lorenzo Meyer

AGENDA CIUDADANA

¿Montando o jineteando a ‘Pegasus’?

(Sur de Acapulco)

 

080409LorenzoMeyer

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Lorenzo Meyer

Pueden usarse como sinónimos, pero no es lo mismo montar que jinetear. Montar se define como: “subir a un caballo u otro animal y controlarlo según las necesidades de uno”; jinetear es más problemático, pues se refiere a mantenerse en el lomo de un animal cerril. Según algunos cálculos, el gobierno mexicano compró por 80 millones de dólares a la empresa israelí NSO Group el sofisticado programa de espionaje electrónico “Pegasus” para ser instalado en por lo menos tres dependencias federales -Gobernación (Cisen), PGR y SDN-, aunque quizá ya lo tengan más. El objetivo oficial es combatir a los grupos del crimen organizado. Sin embargo, todo indica que en el entusiasmo gubernamental por usar esta herramienta para conocer “la vida de los otros” al estilo soviético, le llevó a espiar a ciudadanos que bajo ninguna definición son criminales y ahora ese programa con el nombre de un animal de la mitología griega -Pegaso es un caballo alado en el reino de los dioses- se ha convertido en un problema político. Quienes lo compraron creyeron poder montar a “Pegasus”, pero resulta que lo están jineteando y mal.

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Jorge Carrasco Araizaga y Mathieu Tourliere

Pegasus, el que todo lo ve


Pegasus, el software que adquirió el gobierno federal para espiar a quien se le antoje, es comercializado en México por la empresa NSO. Esta siniestra firma la manejan exmilitares de origen israelí asociados con militares mexicanos en retiro. Los primeros contactos de la compañía con autoridades se dieron en 2011, aún en el sexenio calderonista. Desde luego, en el centro del oscuro entramado hay millonarios contratos.

(Proceso No.2121)

 

 

 

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Jorge Carrasco Araizaga y Muathieu Tourliere

Desde el sexenio de Felipe Calderón los mexicanos han estado expuestos al mayor de los espionajes conocido hasta ahora, con el apoyo de un entramado de empresas de origen israelí establecidas en México, en algunas de las cuales están asociados militares mexicanos en retiro.

Los sofisticados equipos de intrusión fueron adquiridos y operados inicialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al final del sexenio pasado, por la Procuraduría General de la República (PGR). Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió renovar o adquirir nuevas licencias de su uso y concentrarlos en la Secretaría de Gobernación.

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Julio Hernández López

México SA

Golpe mediático y electoral
Enojo de cúpula militar
Peligrosa politización 
AMLO, en la mira

(La Jornada)

 

Julio Hernández López

 

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Julio Hernández López

Así como Felipe Calderón Hinojosa sacó de los cuarteles a las fuerzas armadas para desarrollar una desastrosa guerra contra el narcotráfico, Enrique Peña Nieto ha realizado un trastocamiento peligroso al promover, o permitir, que sus actuales subordinados militares traspasen la barrera histórica de la apoliticidad, ya antes en discursos y declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la noche de este martes mediante una conferencia de prensa que en los hechos ha servido para confrontar al principal (pre)candidato presidencial opositor y para sembrar dudas respecto a la viabilidad institucional de éste en caso de que triunfe en los comicios de 2018. Read More

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Las críticas de la Sedena, reconocimiento al fracaso de la estrategia de seguridad: ONG

  • El reclamo a regularizar su actuación demuestra que no piensa volver a los cuarteles
  • En vez de pedir un marco legal a modo, debe rendir cuentas, señala Abel Barrera
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Elementos del Ejército Mexicano en labores de vigilancia en calles de la Ciudad de México Foto Víctor Camacho

 

Fernando Camacho Servín 
Periódico La Jornada
Sábado 10 de diciembre de 2016, p. 4

Las declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, de que las fuerzas armadas se desnaturalizan al participar en labores de seguridad pública, son una muestra clara del malestar que han causado en el Ejército los 10 años de guerra contra el narcotráfico, pero la solicitud de un marco legal para actuar en estas tareas demuestra al mismo tiempo que no piensan volver a los cuarteles, señalaron organizaciones civiles.

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Editoriales

Cienfuegos: descontento justificado

(La Jornada)

 

El general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló ayer que la función constitucional de las fuerzas armadas ha sido desnaturalizada por su empleo en tareas de seguridad pública que no le corresponden. No pedimos estar aquí; no nos sentimos a gusto; no estudiamos para perseguir delincuentes, dijo el funcionario.

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Carlos Fazio

La emboscada, el desgaste militar y los derechos humanos

(La Jornada)

 

Carlos Fazio

 

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Carlos Fazio

A 23 días de los hechos de Culiacán, Sinaloa, en los que según la narrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un convoy militar fue emboscado por un grupo armado con saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos, no existen datos periciales, de balística ni criminológicos de una autoridad competente que permitan saber qué ocurrió y cómo, ni quiénes fueron los atacantes y cuál fue el móvil.

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Absuelve juez castrense a seis soldados por el caso Tlatlaya

  • Temen varias ONG que el proceso quede en la impunidad

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Una de las víctimas del enfrentamiento en la bodega del municipio mexiquense Foto Agencia MVT /Archivo

 

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 5

Un juez militar absolvió a soldados acusados de participar en la ejecución de 22 personas en una bodega ubicada en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014, razón que hace pensar que ese caso ‘‘se encamina a quedar impune’’, aseguraron organizaciones defensoras de derechos humanos.

El juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron ‘‘en la masacre de Tlatlaya’’.

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Blanche Petrich

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Nestora Salgado, el pasado 12 de enero en el Reclusorio Femenil de Tepepan, durante la entrevista con La Jornada Foto Carlos Ramos Mamahua

(La Jornada)

 

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Blanche Petrich

El día en que la guerrerense Nestora Salgado fue arrestada en Olinalá (23 de agosto de 2013), el entonces gobernador del estado Ángel Aguirre declaró a la prensa: “La encerramos porque era un peligro para la paz social.

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Pedro Miguel

Ejército en problemas

(La Jornada)

 

Pedro Miguel

 

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Pedro Miguel

En un país realmente democrático, en un estado de derecho, la población civil percibe a las fuerzas armadas como un factor de seguridad y tranquilidad, se supone. En el México actual, en cambio, las instituciones militares causan pánico a un número cada vez mayor de personas y comunidades. Así ha sido en Guerrero desde los años 70 del siglo pasado, cuando Echeverría recurrió a la institución armada como columna vertebral de la guerra sucia contra las organizaciones guerrilleras. En Chiapas Zedillo envió a los militares a hostigar a las comunidades zapatistas. En Oaxaca y en otras regiones, especialmente rurales, el uso del Ejército en labores de contrainsurgencia y combate al narcotráfico abrió margen para violaciones a los derechos humanos. En la capital, a pesar del papel desempeñado por los soldados en la represión del movimiento estudiantil del 68, la institución castrense era generalmente vista como más brusca que la policía pero mucho menos corrupta. Por lo demás, las Fuerzas Armadas mantuvieron su prestigio entre la clase media y el empresariado, particularmente en zonas del norte, en donde hasta hace unos años tales sectores pedían a gritos un despliegue militar que bastaría, pensaban, para poner fin a la inseguridad, la violencia y la impunidad de los cárteles. Y hasta el sexenio de Vicente Fox la mayoría de la opinión pública se resignaba a que los militares gozaran de un estatuto de excepción que les aseguraba opacidad e impunidad totales.

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Pedro Miguel

La pira como símbolo

(La Jornada)

 

Pedro Miguel

 

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Pedro Miguel

La gigantesca fogata en el basurero de Cocula que nos relató el ex procurador Jesús Murillo Karam es real de alguna manera, en el mismo sentido en que lo son los otros relatos urdidos por el poder público federal en torno al ataque sufrido en Iguala por los normalistas de Ayotzinapa hace casi un año. Por ejemplo, la historia de que el matrimonio Abarca-Pineda ordenó la agresión para impedir que los muchachos deslucieran un acto público del DIF local, y la que le siguió: que el cártel local confundió a los chavos normalistas con integrantes de una organización rival. El conjunto de la administración peñista y en particular la sucesora del gran fabulador, Arely Gómez, siguen alimentando el fuego de la hoguera, ahora con una identificación basada en indicios genéticos tan inciertos que podría llevar a confundir los restos de Carlota con los de Luis XVI, con quien la breve emperatriz estaba emparentada por la línea materna.

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Anabel Hernández y Steve Fisher

inocultable

Durante un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero esta versión se desmorona con pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Los soldados estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.

(Proceso No. 2027)

 

Anabel Hernández

 

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Anabel Hernández y Steve Fisher

Integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.

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Sanjuana Martínez

“Militares mataron a mi hija y la hacen pasar como delincuente”

  • Madre de joven ejecutada en Nuevo Laredo clama justicia
  • El Ejército actúa impunemente: presidente de comité de derechos humanos

 

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A plena luz del día, los militares dispararon al vehículo en que viajaba Diana Calderón Bravo Foto Sanjuana Martínez

 

Sanjuana Martínez

 

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Especial para La Jornada

 

Periódico La Jornada
Domingo 2 de agosto de 2015, p. 6

Nuevo Laredo, Tamps. Diana Calderón Bravo estudiaba preparatoria, trabajaba en un salón de belleza y cuidaba niños. Quería ser abogada, pero cinco balazos disparados por personal del decimosexto regimiento de caballería motorizada del Ejército Mexicano acabaron con su vida de manera instantánea.

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Verónica Espinoza

CasoCaleraDe nuevo el sinsentido: Siete civiles fueron torturados y ejecutados por militares en Zacatecas. Hay responsables con nombres y apellidos: el coronel Martín Pérez –amigo del secretario de la Defensa–, los escoltas José Manuel Castañeda, Víctor Manuel González, Juan Ordóñez… Pero aunque la Sedena reconoció los hechos, no explica  por qué quienes deben defender a la población la matan, dónde está la responsabilidad institucional, o por qué constantemente sale a relucir el vínculo entre el narco y el Ejército. Aquí, por lo pronto, está la historia de este nuevo ataque, que revive a Tlatlaya, Ayotzinapa y Ecuandureo.

(Proceso No. 2021)

 

verónica espinoza

 

Verónica Espinoza

FRESNILLO, ZAC.- Precedido por la fama que ganó tras encabezar el operativo que en septiembre de 2011 permitió capturar en Michoacán al lugarteniente de Los Caballeros Templarios Saúl Solís Solís, el coronel Martín Pérez Reséndiz acabó con su carrera en el Ejército tras una serie de tropelías que llegaron al extremo de disponer de las vidas de siete civiles en el municipio de Calera.

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