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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Porfirio Munoz Ledo

La rémora del salario

 (El Universal)

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Porfirio Muñoz Ledo

Entre el gran número de compromisos, negociaciones y promesas que circulan y ocupan los espacios parlamentarios no tiene ningún sitio la cuestión del salario, definitoria para establecer los niveles de vida de la población y poner en marcha el desarrollo. Como si la llamada “reforma laboral” hubiese resuelto el problema, cuando en realidad lo ha empeorado al precarizar las relaciones de trabajo.

Como consecuencia de la política neoliberal se ha configurado en México un “salario de hambre” que retribuye a los trabajadores, en promedio, sólo una tercera parte de la remuneración que percibían antes del inicio del ciclo. El salario mínimo, en flagrante contradicción con el mandato constitucional, ha perdido 78% de su poder adquisitivo, el salario promedio 63 %, y 42% el de la contratación colectiva desde 1982.

Mientras abríamos las fronteras a la circulación de mercancías, servicios y capitales se cerraba el tránsito transfronterizo a las personas en vez de incluirlos en los tratados de comercio, que en verdad eran de integración. El diferencial básico de los salarios entre Estados Unidos y México, que en los años 70 llegó a ser de cuatro a uno, hoy es de 15 a uno, origen de la desmesurada migración laboral, estimada en el periodo en 11 millones de personas, cuando debiera haberse promovido, como en Europa, la nivelación gradual de las remuneraciones entre los diversos países a fin de frenar el éxodo laboral y propiciar un desarrollo equilibrado.

Semejante caída en el precio del trabajo es la verdadera rémora del crecimiento económico y está en el eje mismo de la crisis. Disminuye la demanda, encoje el mercado interno, multiplica el empleo informal y castiga la producción en beneficio de la economía financiera y de la concentración monopólica. La salida de esta espiral invertida es la recuperación drástica del salario, como ha ocurrido en otros países.

He recordado que en 1938 Keynes escribió al presidente Roosevelt que para una política efectiva de recuperación económica “el fortalecimiento de la negociación colectiva resulta esencial”. Ello sigue siendo verificable: los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo pactados efectivamente entre empresas y sindicatos han sufrido, incluso en México, mucho menor deterioro. Los países que han preservado o promovido mecanismos de democracia social reflejan tasas más elevadas de crecimiento. Estas reflexiones acompañan la lectura del magnífico libro de Graciela Bensusán y Kavin J. Middlebook sobre Sindicatos y Política en México, uno de cuyos objetivos es probar que los sindicatos son un instrumento “esencial e irremplazable” en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social frente a a economía globalizada.

Destacan que la combinación entre gobiernos de centro-izquierda y sindicatos fuertes generó una mejor distribución de los ingresos, mientras que las coaliciones de centro derecha limitaron la acción sindical y produjeron o mantuvieron inequidad. Legisladores provenientes de las izquierdas o gobiernos locales inspirados en movimientos progresistas favorecieron políticas sociales de alcance general, lo que abonó también en una menor desigualdad. En México los comienzos del pluralismo político coincidieron con los cambios ocurridos en el modelo económico, y la tecnocracia ascendente aprovechó los antiguos vínculos de complicidad con las cúpulas sindicales, así como su proverbial corrupción para imponer una política restrictiva de salario mínimo. Lo que refleja su vez el debilitamiento del movimiento sindical mexicano que ha disminuido sustancialmente en tamaño, coherencia organizativa, fuerza negociadora e influencia política.

La alternancia política del 2000 hubiera podido traducirse en mayor autonomía de los líderes sindicales, pero ante la debilidad de la democracia interna y la ausencia de rendición de cuentas se produjo una mayor degradación del corporativismo tradicional, sin contar con la proliferación de los “sindicatos de protección”, la ausencia de un Estado de derecho en las relaciones obrero-patronales y la preservación de un modelo fallido de desarrollo. La reestructuración económica de los sectores aumentó el poder del gran capital tanto como redujo la densidad sindical. Ocurrieron, además, cambios históricos en las políticas públicas que causaron estragos entre los trabajadores. En el campo laboral se encuentra tal vez el saldo más negro de la transición mexicana.

Comisionado para la reforma política del DF

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