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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Anabel Hernández

Castillo_Murillo

Alfredo Castillo tiene una responsabilidad, además de ilegítima, delicada: pacificar la Tierra Caliente y la Costa michoacanas. Pero no hay nada en su carrera que permita suponerle capacidad para lograrlo. Como procurador mexiquense no hizo nada para frenar la entrada de los cárteles ni el aumento de delitos comunes; como subprocurador federal quiso burlar a Murillo Karam y nombrar por la libre a 16 delegados estatales. Su cese fue fulminante… Pero su primo es consejero jurídico de Peña Nieto. 

(Proceso No. 1942)

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Anabel Hernández

La carrera de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Paz y Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, está marcada por el fracaso y la ilegalidad.

El resultado de sus dos años como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fue desastroso. En ese periodo la entidad se convirtió en la tercera con mayor número de personas desaparecidas, según la lista oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR). Los homicidios dolosos aumentaron 32%; las extorsiones, mil 225%; el robo de vehículos con violencia, 17% y el robo de vehículos sin violencia, 8%, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Paralelamente, durante el tiempo en que Castillo fue procurador su entidad fue invadida por distintos grupos criminales y cárteles de la droga, entre ellos La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Zetas, señalan informes de inteligencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) que Proceso pudo consultar. Es paradójico que esos grupos que Castillo no frenó sean los mismos que ahora debe combatir en su nueva encomienda en Michoacán.

Además, durante los pocos meses que fue subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, al inicio del gobierno de Peña Nieto, pretendió designar de manera ilegal a 16 de los 31 delegados estatales de la PGR en las entidades más vulnerables al narcotráfico. Según información obtenida por este semanario, eso le valió a Castillo que lo sacaran abruptamente de la PGR.

Cuando se anunció que el exprocurador mexiquense sería el comisionado para Michoacán, los primeros sorprendidos fueron integrantes de las áreas de seguridad y justicia del gobierno de Peña Nieto, quienes califican a Castillo de imprudente e incapaz.

Puertas abiertas al crimen

En mayo de 2010 Alfredo Castillo pasó de subprocurador general regional de Cuautitlán Izcalli a procurador general de Justicia del Estado de México, luego de la renuncia de Alberto Bazbaz al cargo.

Pese a que Peña Nieto dejó de ser gobernador de la entidad, su sucesor, Eruviel Ávila ratificó a Castillo en la PGJEM, quien dejó el cargo en agosto de 2012 y se sumó al equipo de transición de Peña Nieto.

Los dos años y cuatro meses que Castillo duró como procurador fueron sombríos para los mexiquenses.

En un informe del Cenapi –elaborado en 2012, cuando Castillo era aún procurador– se pinta un panorama desolador del Estado de México. Se señala la presencia de seis grandes organizaciones criminales que se disputan el territorio de la entidad y su población (Proceso 1892): el Cártel del Centro y La Nueva Administración, vinculados con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; La Mano con Ojos, reminiscencia del Cártel de los Beltrán Leyva; La Familia Michoacana; Los Caballeros Templarios y Los Zetas. Para entonces, las organizaciones criminales tenían presencia en 25 de los 125 municipios mexiquenses.

Según el reporte, el Cártel del Centro, La Nueva Administración y La Mano con Ojos –cuyos integrantes trabajaron para los Beltrán Leyva– operaban en Huixquilucan, Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco y Nezahualcóyotl.

En el documento se afirma que La Mano con Ojos surgió en diciembre de 2010 “aparentemente liderada por una persona identificada como Óscar Oswaldo García Montoya, La Mano con Ojos o El Compayito”.

En la causa penal 37/2011 –instruida contra Ismael Coronel El Judío y Juan Ramón Córdoba Peñaloza, y a la cual esta revista tuvo acceso– la PGR establece categóricamente que el Estado de México era en 2011 un centro de operaciones de los Beltrán Leyva. “Son hechos conocidos: la existencia de una organización delictiva denominada ‘Los hermanos Beltrán Leyva’, que opera principalmente en Guerrero, Estado de México, Distrito Federal y San Luis Potosí”.

También se asienta: “El desarrollo de actividades delictivas por parte de La Familia ha disminuido considerablemente, (pero) la comisión de diversos ilícitos –extorsiones, homicidios– se concentra en el Estado de México”. Detalla que ese cártel ya tenía presencia en los municipios de “Donato Guerra, Zinacantepec, Toluca, Tenango del Valle, Tlalnepantla, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Ecatepec, Tecámac y Tultepec”.

Los Caballeros Templarios, en tanto, “mantienen presencia en algunos puntos del Estado de México”, y se ubica a un hombre con el apodo de Gallito como jefe de plaza en el Estado de México.

También Los Zetas ampliaron su presencia en el estado cuando el hoy comisionado era procurador.

A ese coctel de criminalidad también entró el Cártel de Sinaloa. “No se descarta la posibilidad de que la organización de El Pacífico opere en esta entidad con la autorización y apoyo de su aliado La Familia, principalmente en la zona conurbada al Distrito Federal”.

En la entidad que gobernó Peña Nieto no sólo creció la delincuencia organizada sino también se multiplicaron los delitos del fuero común. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de mayo de 2009 a abril de 2010 –antes de que Castillo fuera el procurador– ocurrieron mil 216 homicidios dolosos. La cifra aumentó mes a mes desde el arribo del hoy comisionado. En su último año como procurador, de mayo de 2011 a abril de 2012, ocurrieron mil 607 homicidios, es decir 32% más que antes de su llegada.

El número de extorsiones entre mayo de 2009 y abril de 2010 fue cero, según el SNSP. En los últimos ocho meses de gestión de Castillo ocurrieron mil 225. Los robos de auto con violencia, de mayo de 2009 a abril de 2010, fueron 18 mil 403; y de mayo de 2011 a abril de 2012 sumaron 21 mil 688 casos: 17% más.

Imposición fallida

El nombramiento de delegados en la PGR es sensible porque durante los últimos años la Procuraduría ha abierto averiguaciones previas sobre delegados corrompidos por los cárteles de la droga. De acuerdo con la ley, el único facultado para hacer las designaciones es el titular de la PGR.

Castillo Cervantes llegó a la PGR en diciembre de 2012, con el cargo de subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Pero intentó sorprender al procurador Jesús Murillo Karam y nombró a 16 de los 31 delegados en entidades sensibles como Sinaloa y Tamaulipas. No lo consultó con su jefe y no tenía atribuciones legales para hacerlo.

Incluso envió a algunos de los delegados de avanzada, esperando que Murillo terminara por legalizar su estancia. Al descubrir la maniobra, ninguno de los nombramientos sorpresivos fue aceptado por el procurador y eso le valió a Castillo su estrepitosa salida de la PGR.

Peña Nieto volvió a cobijarlo y lo acomodó en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): En Los Pinos hay alguien que quiere bien a Castillo y tiene influencia con el primer mandatario. Se trata de Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de la Presidencia y primo hermano de Alfredo Castillo.

Chambitas

Proceso tuvo acceso a la lista de los 16 delegados que Castillo pretendió imponer, pero que no fueron aceptados por Murillo Karam: Jesús Isaac Acevedo Román, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, María del Carmen Archundia Escutia, José Ramón Ávila Farca, Alfredo Becerril Almazán, Pedro Luis Benítez Vélez, María Elena Camacho Robles, Gabriel Cambrón Castellanos, Iván Jacobo Martínez Gutiérrez, Eladio Molina Monroy, José Juan Monroy García, Javier Ocampo García, Victorino Porcayo Domínguez, Jaime Rodríguez Aguilar, Liliana Guadalupe Rosillo Herrera y Blanca Carolina Soto Cerecedo. Algunos de ellos ya habían tenido sonoros fracasos en la PGR y en el Estado de México.

Acevedo Román fue el elegido de Castillo para ir a Sinaloa. Pero en un blog, una mujer que se identificó como Alma María López detalló en diciembre de 2012 la llegada del enviado. Denunció que había arribado sin nombramiento y que hacía mal uso de los vehículos de la delegación. “Empezó a asistir a reuniones privadas de estado con el gobernador, los generales, etc., etc., y se ostentaba como delegado, empezó a vender información que ponía en peligro a la delegación. A pedir cuotas y a mover gente que tenía tiempo en la delegación y traer gente suya de otros estados”.

El nombramiento de Acevedo no prosperó, pero en noviembre pasado llegó como delegado de la PGR a Tamaulipas otro hombre de su lista: Jorge Alberto Álvarez Mendoza, quien fue delegado interino en Sinaloa en 2011.

Archundia Escutia fue subprocuradora de Hidalgo de 2010 a 2012. Hasta octubre de 2013 encontró una posición en el gobierno federal en la Secretaría de la Función Pública.

Ávila Farca, en tanto, fue nombrado fiscal especial de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales cuando Castillo llegó a la fiscalía mexiquense. Ahora es director general de Contratos de Adhesión en Profeco.

A Martínez Gutiérrez lo quiso pasar de ser fiscal regional de Ecatepec a delegado de PGR; también encontró cabida con Castillo en Profeco como director general de Quejas y Conciliación.

Rodríguez Aguilar fue delegado de la PGR en Veracruz de 2007 a 2009, cuando Fidel Herrera era el gobernador y Los Zetas tenían hegemonía en el estado. En 2011, cuando Castillo fue ratificado al frente de la PJGEM, se llevó a Aguilar como fiscal regional en Tlalnepantla. En Profeco lo nombró director general de Delegaciones.

Becerril Almazán había sido delegado de la PGR en los tiempos de Rafael Macedo de la Concha. Fue fiscal de Asuntos Especiales durante la administración de Castillo en el Estado de México, y sólo en junio de 2013 Castillo le pudo dar un puesto en Profeco.

Benítez Vélez fue procurador de Morelos de mayo de 2009 a abril de 2012, los años en los que el Cártel de los Beltrán Leyva tomó el control del estado y se manejaba a su antojo. Castillo lo metió a la Profeco como subprocurador de Servicios.

Rosillo Herrera fue fiscal de feminicidios en Tlalnepantla, delito que creció en el Estado de México durante el sexenio pasado. Ante la imposibilidad de hacerla delegada de la PGR, Castillo la nombró directora de Gas de la Profeco. 

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