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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Porfirio Muñoz Ledo

Indefensión ciudadana

(El Universal)

Porfirio Muñoz Ledo

 

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Porfirio Muñoz Ledo

Toda reforma confusa o amañada conduce a una regresión o a la caricatura jurídica de la norma que se pretendía implantar. En los inicios de la transición se había producido una fractura considerable entre el poder y la sociedad. Se violentó la legalidad, pero se abrieron compuertas moderadas a la negociación política y a la protesta.

Después del fraude electoral de 1988 se fue abriendo paso, entre descalificaciones y represiones, una nueva correlación de fuerzas y comenzaron a modificarse las reglas para el acceso al poder público. La oposición se apoderó de las calles, las manifestaciones menudearon, cayeron gobernadores, se inició la independencia de los órganos electorales, pero no se emprendieron cambios esenciales para la democratización del Estado.

Fue el periodo de la “reforma pactada” el que daría lugar a la alternancia política y después a una reforma cabal de las instituciones: disolución del viejo régimen, genuino pluralismo, emergencia de la sociedad, reconstrucción del andamiaje jurídico y una nueva moral pública para el país. Elementos inseparables de cualquier transición democrática en el mundo.

Desde nuestra propuesta inaugural hace casi 30 años, pusimos por delante el poder ciudadano y dejamos claro que el sistema republicano debiera fundarse en el equilibrio entre la participación social y la representación política. En todas las agendas inscribimos un capítulo de la democracia directa y, en los acuerdos de 1996, pactamos “instaurar la figura del referéndum para reformas que incidan en decisiones políticas fundamentales”.

Las respuestas del poder fueron siempre evasivas y confusas. En las actuales reformas se incluyeron cláusulas aberrantes y se excluyeron conceptos precisos. No se entendió que son diversas las figuras de la democracia directa: que el referéndum es una consulta a la población sobre una ley que ya ha sido aprobada por el Congreso y que por su importancia resulta casi siempre constitucional. Es, por tanto, irrisorio que se regatee ahora la consulta sobre partes medulares de la Constitución, cuando éste es el objetivo mayor del descontento popular.

Se entiende por plebiscito la consulta a la ciudadanía sobre una acción política antes de que éste se ejecute por la autoridad administrativa, dejando la expresión “consulta popular”, para otros cuestionamientos que requieren una respuesta democrática en diversas materias y niveles.

Las otras figuras de la democracia directa tienen su propia vía de acción, así la revocación del mandato, las candidaturas independientes y la deposición administrativa. En todos los casos se entiende que es una acción popular, por lo que deben crearse las condiciones para facilitar a los ciudadanos su ejercicio, en vez de contribuir a fortalecer el ámbito político del poder.

La ambigüedad de la redacción constitucional no debiera ser obstáculo para evadir una demanda popular legítima, sino una magnífica ocasión para modernizar a través de su apertura a los ciudadanos. Un referéndum es pues, por naturaleza, una revisión de normas aprobadas y debe hacerse en la coyuntura en que surge la demanda popular y no en fechas diferidas ni simultáneamente a la presentación de otras consultas.

Siempre se dijo que esta institución debiera emplearse con mesura y con una clara priorización de los asuntos que se van a someter. Las interpretaciones que la Suprema Corte hará, podrían ser restrictivas y contrarias al mandato de nuestra Constitución, la cual considera a la consulta como un derecho fundamental, que debe por tanto procesarse con el ánimo de proteger en la mayor medida posible a las personas y no proceder por vías oblicuas para cancelar ese derecho.

Ninguna de las disposiciones legales que se esgrimen autoriza a cercenar la pregunta o eliminarla. La SCJN podría emplear subterfugios legaloides para denegar un derecho constitucional de las personas, por razones formales o interpretaciones torcidas. En los hechos se produciría una suerte de coalición o “confusión de poderes” entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con la consecuente indefensión de los ciudadanos, con grave lesión a los principios republicanos y una profunda fractura entre el poder y la sociedad. Los caminos del país se volverían inciertos y el riesgo de la desobediencia civil sería muy alto.

Comisionado para la reforma política del DF

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