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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Arturo Rodríguez García

Política, negocios y delincuencia, amalgama para la represión

autodefensadas guerrero

 La asociación de los gobiernos federal y estatales con empresarios, civiles armados y delincuentes engendró una amalgama perversa en el país. Y esta complicidad genera, sobre todo en zonas indígenas, una serie de conflictos que esos grupos tratan de contener con actos represivos, desalojos, desapariciones y asesinatos. El resultado: la multiplicación de autodefensas, la inminencia del estallido social…

(Proceso No. 1982)

 

 

Arturo Rodríguez García

La asociación entre diferentes instancias y órdenes de gobierno con grupos empresariales, de civiles armados y delincuenciales se ha vuelto frecuente en las zonas indígenas del país, donde han aumentado los asesinatos, las desapariciones, los desplazamientos y las persecuciones judiciales.

Operaciones de los cárteles, disputas agrarias, reclamos de derechos, activismo político e imposición de proyectos mineros, energéticos o de obra han dejado una larga secuela de violencia.

Numerosos hechos de esta naturaleza fueron documentados en un reporte interno de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), de la Secretaría de Gobernación, al que tuvo acceso este semanario y donde se muestra que hasta finales de julio se habían contabilizado 175 conflictos.

De acuerdo con dicho informe, Guerrero es la tercera entidad con más conflictos indígenas del país, ya que hasta agosto pasado registraba 16 casos con denuncias contundentes de operaciones conjuntas de criminales y funcionarios públicos.

Independientemente del documento de la CDIPM, los hechos de asesinato, tortura y desaparición de dirigentes sociales se incrementaron desde que Ángel Aguirre Rivero asumió la gubernatura en 2011. En su edición 1935, correspondiente al 30 de noviembre de 2013, Proceso informó de los 13 dirigentes sociales asesinados hasta entonces en esa entidad.

Entre los casos mencionados estaba el multicitado levantamiento (30 de mayo de 2013) de ocho integrantes del Frente Unidad Popular. Cinco de ellos regresaron, pero el 3 de junio el dirigente Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez aparecieron muertos a tiros y con evidencias de tortura.

En esa misma edición se consignó el testimonio notariado de uno de los sobrevivientes, Nicolás Hernández Villa, quien aseguró que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, participó personalmente en las torturas y ejecuciones. Pese a indicios, informes, denuncias y pruebas, nada ocu- rrió con el presidente municipal hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre.

Durante 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se produjeron nueve de los 13 asesinatos de dirigentes sociales en Guerrero, pero no fue sino hasta 10 días después de la desaparición de los normalistas cuando, el pasado 6 de octubre, el mandatario se dijo “indignado y consternado” por lo ocurrido, y anunció la intervención de su gobierno.

Pero los efectos de la violencia e inseguridad en esa entidad no se limitan a Iguala, pues de acuerdo con el citado documento, se ha producido el desplazamiento de alrededor de 7 mil personas en las regiones de La Montaña y la Costa Chica.

Además, en Xochistlahuaca, municipio localizado al sur de la entidad, indígenas amuzgos han denunciado despojo de tierras por parte de funcionarios públicos apoyados por grupos de civiles armados.

La violencia se desborda también en conflictos agrarios. En San Juan Bautista Cuapala, municipio de Atlixtac, una vieja disputa con la comunidad vecina de San Pedro Huitzapula ha derivado en enfrentamientos armados, con saldo de un muerto hasta la fecha.

Asimismo, en el municipio El Camalote, el grupo de guardias conocido como “Los Remigio” ha sido denunciado por agredir a tiros a los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me ́phaa, por su activismo político. Dicha organización acusa a los gobiernos municipal y estatal de proteger a la mencionada guardia. Aunque el documento no lo menciona, “Los Remigio” han sido históricamente señalados por su proximidad al Ejército Mexicano.

Agresión permanente

Algunos de los sucesos difundidos hasta febrero daban indicios de que podrían emplearse tácticas represivas o generar confrontaciones sociales.

sonora yaqui

Sonora. Movimiento de apoyo a la comunidad yaqui. Foto: Susana Gil

En Proceso 1961 se destacaba el conflicto de la nación yaqui, en Sonora, el cual detonó contra un proyecto hidráulico del gobernador Guillermo Padrés Elías que, a juicio de los indígenas, extraía agua de sus territorios.

El 26 de febrero, Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, denunció en entrevista con este semanario que la intimidación hasta entonces incluía los “levantones” de 13 indígenas, así como la aparición de narcomantas que lo amenazaban de muerte tanto a él como al otro vocero yaqui, Tomás Rojo.

“El acoso sistemático no lo puede hacer nadie más que el Estado”, dijo entonces Mario Luna, quien está preso desde el pasado 11 de septiembre, en Hermosillo.

La represión ha sido también notable contra las comunidades zapatistas. El pasado 18 de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que la contrainsurgencia sigue operando en Chiapas, con acciones paramilitares, hostigamiento a las comunidades bases de apoyo, detenciones arbitrarias y asesinatos, como el ocurrido el 2 de mayo en La Realidad, donde fue asesinado José Luis Solís López, Galeano, a golpes, machetazos y disparos.

En la zona zapatista, de acuerdo con el Frayba, están en riesgo las comunidades desplazadas de San Marcos y Comandante Abel. Además, se han registrado hostigamientos violentos en las comunidades Egipto y El Rosario.

Para ese grupo de defensa de los derechos humanos, los gobiernos federal y estatal “profundizan su política de despojo para implementar proyectos que conllevan la desaparición de formas de organización social, política y cultural de comunidades y pueblos”.

Si bien los conflictos territoriales en el área zapatista llevan varios años, la observación del Frayba es que los primeros meses de 2014 se caracterizaron por el incremento de las agresiones a comunidades zapatistas.

En lo que va de la administración de Peña Nieto, la página Enlace Zapatista ha emitido 10 comunicados denunciando el mismo número de agresiones a las comunidades bases de apoyo.

Pero en Chiapas los conflictos proliferan no sólo en el territorio con presencia insurgente. Hasta agosto pasado, la entidad tenía 45 conflictos en comunidades indígenas, según el registro de la CDPIM. Entre esos, 22 casos corresponden a problemas agrarios, en varios de los cuales hay denuncias por la presunta participación de paramilitares.

También la represión y el uso de tácticas violentas sirven para proteger intereses privados. Un ejemplo localizable en el documento de la CDPIM es el de los campesinos de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa de Madero, Chicomuselo y Comalapa que se oponen a la instalación de minas e hidroeléctricas en su territorio, lo que según sus denuncias sucede con apoyo de las autoridades locales y mediante el uso de la fuerza en contra de las comunidades.

Los megaproyectos letales

Los negocios privados son el principal detonante de conflictos en el país. De los 175 casos mencionados, 102 tienen que ver con negocios, la mayoría al amparo del poder, sea por obras, proyectos energéticos y mineros, o daños ambientales producto de operaciones industriales, entre otros.

El segundo estado con más conflictos es Oaxaca, que hasta agosto pasado registraba 24 casos. La mitad de las tensiones sociales en esa entidad tienen que ver con proyectos empresariales de aprovechamiento de recursos naturales a gran escala.

Se trata de seis proyectos mineros: uno hidraúlico y cinco eólicos. Entre estos últimos destaca el caso de los indígenas ikjoots (huaves) de San Dionisio del Mar, y binnizá (zapotecos) de la comunidad Álvaro Obregón, que se oponen a la construcción del parque eólico de la empresa española Mareña Renovables. Por este asunto se han generado enfrentamientos armados entre grupos de seguridad priva- da y policías locales contra los comuneros.

El documento de la CDPIM menciona que la situación en Álvaro Obregón denota una alta conflictividad y riesgo de estallido social.

Megaproyectos aparte, la paramilitarización evidente se ubica en la zona triqui, donde por años ese pueblo indígena ha resistido agresiones, emboscadas, torturas, desapariciones y asesinatos.

Para imponer proyectos energéticos en zonas indígenas, los gobiernos suelen valerse de cargadas policiales, vigilancia militar y pesquisas judiciales que, en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se orientan al avance del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El PIM consiste en la construcción de un gasoducto que atraviesa comunidades de Tlaxcala, Puebla y llega a la comunidad de Huexca, en Yecapixtla, Morelos, donde se construyen dos termoeléctricas de ciclo combinado, cuyas turbinas se enfriarán con agua del Valle de Cuautla, para lo cual se requiere una nueva infraestructura hidráulica.

Mientras en Puebla el gobierno de Rafael Moreno Valle ha encarcelado a los comuneros nahuas y cholultecos que se oponen al PIM, en Morelos la policía de Graco Ramírez ha desalojado campesinas nahuas en Huexca, ha reprimido a los opositores en Amilcingo, y en Tlaxcala campesinos y comisariados ejidales denunciaron a pistoleros de los alcaldes de Nativitas y Texololoc por las golpizas que les propinaron. (Proceso 1870.)

En Puebla hay además hostigamiento a las comunidades indígenas de la Sierra Norte, en donde fue asesinado, el pasado 4 de julio, Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular y opositor al proyecto de construir una hidroeléctrica en el río Apulco, en los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco. Dicho homicidio ocurrió en el contexto de una escalada de hostigamiento y amenazas a las comunidades de la zona. (Proceso 1969.)

Comunidades de base del EZLN. Estructura defensiva. FOTO: Germán Canseco

Comunidades de base del EZLN. Estructura defensiva. FOTO: Germán Canseco

 

Numeralia de conflictos

El reporte de la CDPIM muestra que muchas veces no hay registro de violencia y los conflictos se plantean por la vía judicial o la movilización social.

Por minería se han manifestado inconformidades en 28 casos, localizados en los estados de Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas.

Hay, además, 12 conflictos por proyectos hidráulicos en Baja California, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz.

El registro de la CDIPM localiza ocho conflictos relacionados con planes eólicos en Baja California, Chiapas y Oaxaca.

Los proyectos turísticos también han resultado perjudiciales para las comunidades indígenas, tanto por los despojos de tierras como por los daños medioambientales. Un ejemplo es Chihuahua, donde los municipios de Urique y Bo- coyna se oponen desde hace años a las obras turísticas previstas para Barrancas del Cobre, pues consideran que rompen el equilibrio ecológico y la conservación de la sierra, en tanto que los tarahumaras de Guadalupe y Calvo planes similares en el ejido Pino Gordo, también por el impacto ambiental.

Ni siquiera el Distrito Federal escapa a la escalada conflictiva. En la delegación de Milpa Alta, comuneros nahuas se han organizado en guardias de vigilancia para evitar la operación de talamontes, según la CDPIM.

Y es que recurrir a la organización social, e inclusive tomar las armas para relevar las funciones del Estado, es una tendencia que si bien se ha focalizado en Michoacán y en Guerrero con las autodefensas, se presenta ya en 11 estados del país.

De acuerdo con el CDPIM, en cualquiera de sus formas de organización, hay guardias en Xoxocotla, Morelos, y en la sierra de Zongolica, Veracruz, las comunidades crearon la organización Resistencia Civil Veracruzana para enfrentar al crimen organizado.

No obstante, se han documentado también guardias de vigilancia o autodefensas en comunidades de Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, donde suman al menos 36 grupos de ese tipo. (Proceso 1895.)

A esos conflictos se suman otros 34 por programas gubernamentales y de política social, 23 por derechos indígenas y apenas cuatro de índole religiosa.

Los 175 conflictos del registro de la CDPIM no incluyen las agresiones contra movimientos sociales ni las políticas represivas de las zonas urbanas del territorio nacional.

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