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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Lorenzo Meyer

AGENDA CIUDADANA

*Una deportación inhumana

(Sur de Acapulco)

 

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Lorenzo Meyer

*Los mexicanos con larga residencia en Estados Unidos deportados y sin recursos sufren un shock no muy diferente de los expulsados por una guerra

Problema. Una visita a la frontera norte pone al visitante frente al drama de los indocumentados repatriados desde Estados Unidos. Se trata de una historia vieja que en los últimos años ha dado un salto cualitativo.

Para la mayoría de mexicanos y norteamericanos los deportados son apenas cifras, pero vistos de cerca y cuando se considera los años que algunos ya llevaban viviendo en Estados Unidos, entonces las cifras se transforman en un cúmulo de auténticas tragedias.

Cifras. Según cifras del Colegio de la Frontera Norte (Colfron), el número de conciudadanos devueltos por las autoridades estadounidenses por no tener residencia legal ha disminuido en los últimos años, pues pasó de 573 mil en 2007 a 418 mil en 2010 para quedar en 298 mil en 2013. Esta baja relativa se debe no a un menor deseo de los mexicanos por buscar trabajo allende la frontera sino a la mayor dificultad de “pasar al otro lado”. Hace años que la economía mexicana carece de vigor –el promedio anual del crecimiento del PIB per cápita entre 1994 y 2014 fue de sólo 1.2 por ciento–, pero la vigilancia de la Border Patrol es hoy mayor y más tecnificada que nunca, por eso la migración indocumentada es menor.

Obama. Pese a lo anterior, se calcula que en 2012 había 11.2 millones de residentes extranjeros indocumentados en Estados Unidos y el 52 por ciento podrían ser mexicanos. Pero el congreso de ese país se ha negado a darles una salida legal y realista y la inercia de la dupla frontera vigilada-deportaciones sigue operando pese a que es imposible la gran redada que capture y deporte a 11 millones de personas, muchas de ellas ya integradas en la sociedad norteamericana. Por ello, el año pasado el gobierno de Barack Obama decidió, por fin, darle la vuelta al congreso y por vía de la “acción ejecutiva” regularizar, aunque sólo provisionalmente, la situación de varios millones de sin papeles.

En su discurso del 20 de noviembre pasado, Obama admitió que no era posible ni justo deportar a todos los extranjeros indocumentados que vivían y trabajaban en su país, que además eran económicamente productivos y que, por tener ya años de residencia, habían echado raíces en su entorno social. Por tanto, iba a otorgar permisos de residencia temporal a aquellos que ya llevasen viviendo en Estados Unidos más de cinco años, que tuvieran hijos que fueran norteamericanos o residentes legales, que aceptasen registrarse como indocumentados, que no tuviesen antecedentes penales y que cumpliesen todas sus obligaciones fiscales. La idea no era legalizar sino apenas no deportar en espera de la acción del Legislativo.

La propuesta de Obama –en suspenso por decisión de un juez– fue bien recibida por los posibles beneficiados, pero no hay que olvidar su otra cara, una muy brutal: la política de deportaciones de algunos de esos arraigados a los que apenas ahora se quiere beneficiar, es decir, de personas a las que se arranca de improviso de sus raíces ya construidas en Estados Unidos para arrojarlas, sin salvavidas, al país que habían abandonado años atrás, a México.

La cifras de la tragedia. Las cifras del Colfron nos dicen que en 2007, de los 516 mil mexicanos devueltos al país por las autoridades estadounidenses, el 90.1 por ciento eran recién llegados, pues tenían menos de un mes en ese país. Obviamente, para ellos el retorno forzado debió ser frustrante –cada uno debió de invertir mucho de lo poco que tenía para ganar el norte–, pero no fue comparable con el sufrimiento de una minoría –21 mil o 3.7 por ciento– que ya llevaban cinco, diez o más años viviendo en Estados Unidos, que consideraban ya asegurada una forma de vida, que habían montado una casa –propia o rentada–, que tenían pareja e hijos y qué el futuro lo pensaban en el “México de fuera”. Para 2011, el porcentaje de estos mexicanos arrancados bruscamente de un entorno ya construido con un enorme esfuerzo se octuplicó (28.8 por ciento) para llegar a 103 mil. Hoy los números han bajado pero siguen acumulándose. En total, entre 2007 y 2013 hubo 384 mil 344 de esas tragedias.

Para los miles sin papeles que ya habían logrado arraigar en Estados Unidos y que un buen día salieron de su casa pensando que esa sería una jornada rutinaria, pero que fueron aprehendidos en la calle, la carretera o en el trabajo y finalmente echados al otro lado de la frontera donde fueron recibidos apenas con una especie de cajita feliz para luego ser dejados a su suerte, la situación es la propia de alguien que sufre un shock mayúsculo. ¿Cómo defenderse de la policía mexicana que les ve como presa? ¿Cómo sobrevivir sin dinero? ¿Dónde comer, dormir, bañarse, conseguir una muda de ropa? ¿Cómo recuperar a su cónyuge e hijos y a las propiedades que dejaron en Estados Unidos? ¿A quién acudir en México para que les auxilie? ¿Cómo rehacer su vida en una sociedad que, sin ser extraña, ya no es la suya?

Preguntas. Todo lo anterior y más le suele suceder a los desplazados por las guerras, pero ¿es qué estamos en guerra con Estados Unidos? Y, ante la falta de un programa oficial de ayuda significativa para esos deportados, surge una pregunta más profunda: ¿Es que estamos en guerra con nosotros mismos? Nuestra economía apenas si crece, pero si somos un país digno tenemos el deber de dar una ayuda a la altura de la tragedia.

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