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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Lorenzo Meyer

AGENDA CIUDADANA

* El “caso Aristegui”, un indicador

(Sur de Acapulco)

 

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*El “caso Aristegui” es un indicador de la naturaleza que va adquiriendo el sistema mexicano. Se suponía que México ya habría concluido su tránsito del autoritarismo priista clásico a algún tipo de democracia, pero realmente no es el caso y un neo autoritarismo podría estar en nuestro futuro.

Neo autoritarismo. La síntesis que hizo Jorge Ramos –el conductor del Noticiero Univisión en Estados Unidos y al que la revista Time puso recientemente en su portada– del “caso Aristegui” durante una cena de gala organizada por ese semanario en Nueva York el 22 de abril, capta de manera perfecta la esencia e importancia del conflicto entre la conductora, la empresa que la sacó del aire (MVS) y quienes están detrás de esa maniobra. Ramos informó a su auditorio que Aristegui fue despedida después de haber hecho pública la forma en que un contratista del gobierno había facilitado al presidente de México y a su esposa la adquisición de una mansión y concluyó: “En cualquier país con un poco de Estado de derecho el presidente hubiera sido forzado a renunciar. ¿Adivinen lo que pasó? El presidente de México no renunció y los periodistas que denunciaron la corrupción fueron despedidos”. (Reforma, 24 de abril). Si la conclusión es que en México no hay un Estado de derecho, entonces ¿qué hay?

El “caso Aristegui” es hoy un indicador de la naturaleza que va adquiriendo el actual sistema mexicano. Se suponía que México ya habría concluido su tránsito del autoritarismo priista clásico a algún tipo de democracia, pero realmente no es el caso y un neo autoritarismo podría estar en nuestro futuro.

Según la definición clásica de sistema autoritario elaborada por el politólogo español Juan Linz (Totalitarian and authoritarian regimes, Londres, 2000), una de sus característica básicas es que el poder no puede permitir la expresión política plena del pluralismo que realmente existe en la sociedad. Las estructuras autoritarias sólo consienten la actuación de ciertos actores políticos y no de otros. En el campo de los medios de información masivos, ese sistema propicia el predominio de un tipo de periodismo: el que no cuestiona ni incomoda al poder. Al otro, al que se empeña en cumplir a cabalidad su vocación –descubrir, analizar y exponer todos los casos que impliquen fallas y abusos del poder– lo margina, lo silencia o de plano lo elimina.

Si se parte del supuesto de que la información política es un elemento del poder y de la lucha por el mismo, entonces el negar a un público masivo el acceso a una fuente cotidiana de información crítica es una forma de restarle poder a ese conjunto de ciudadanos que recurrían a la información y análisis como los generados por Aristegui y su equipo para definir su posición en el juego de la política.

No es aventurado suponer que el despido de la conductora incómoda fuera una forma en que Los Pinos se cobró el costo en legitimidad que le ocasionó la investigación sobre la mansión de la familia presidencial (la Casa Blanca). Sin embargo, hay en esto algo más que venganza. En el proceso electoral en curso, está en juego el afianzamiento del control del Presidente y su partido sobre el Congreso y otras estructuras de poder en un entorno donde un 57 por ciento de la ciudadanía desaprueba la gestión del presidente. (Refor-ma, 26 de marzo). Un periodismo a la Aristegui es lo que en este momento menos desea el gobierno, y menos aún su efecto de cara al largo plazo, pues entonces dificultaría más el proyecto neo autoritario.

Lo legal y lo justo. Carmen Aristegui y un grupo de ciudadanos que le apoyan han recurrido al juicio de amparo con el objeto de hacer valer sus derechos. Los de ella son los contenidos en el contrato que estaba vigente cuando la empresa radiofónica lo rompió, y los de los ciudadanos son los derechos de las audiencias a tener acceso a una información plural. Por ahora, el “caso Aristegui” y todo lo que ello implica está en manos del Poder Judicial.

Judicializar el conflicto entre autoritarismo y pluralismo es, quizá, un hecho inevitable pero que abre una interrogante histórica mayúscula: en México, como en muchas otras partes, es frecuente que lo que termina por imponerse como una solución legal no sea realmente lo justo. Y las encuestas disponibles arrojan un dato contundente al respecto: los mexicanos que tienen confianza en los jueces son menos del 25 por ciento. (El Colegio de México-IFE, Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, 2014).

Por ahora, un juez –el Octavo de Distrito en materia Administrativa– ha aceptado el amparo con el que Aristegui ha impugnado el intento de la empresa MVS de terminar, anticipadamente, el contrato que tiene con ella y también de modificar los lineamientos que rigen la libertad editorial de la conductora. Este proceso puede llevar a que se ordene en el corto plazo que se le restituya a la periodista su espacio radiofónico, pero también puede prolongar la situación actual de indefinición por un tiempo también indefinido.

Incertidumbre. La incertidumbre sobre la forma en que la muy endeble y poco confiable institucionalidad jurídica mexicana va a resolver el “caso Aristegui”, será un poderoso indicador sobre el rumbo que tomará el sistema político mexicano. Si la posición de la empresa, que es la posición del gobierno, prevalece, entonces podemos suponer que el neo autoritarismo habrá dado un paso más en su consolidación. Si, por el contrario, David lograra prevalecer sobre Goliat, entonces se podría abrigar cierto grado de optimismo en relación a un futuro mejor y menos injusto que el presente. Por hoy, la moneda está en el aire.

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