RADIOCOAPA

Rumbo a la cuarta transformación de México

By

Pedro Miguel

Seguridad: el otro desastre

(La Jornada)

 

Pedro Miguel

 

Mas de 

Uno de los argumentos perversos de quienes votaron por el PRI en 2012 sin recibir pagos a cambio de su voto era que, después de los atroces seis años de violencia del calderonato, era necesario propiciar el retorno del tricolor a la Presidencia para que al menos detuviera la guerra. Hacían referencia a la creencia popular, justificada o no, de que ese partido sabía cómo hacerlo (Zedillo dixit) cuando menos en el capítulo de los pactos de distribución de territorios y concesiones con el narco. Los más cándidos observaban con esperanza el historial autoritario y de mano dura de Peña Nieto, que iba desde su apertura ante medidas radicales como condenar a muerte a los consumidores de drogas hasta su demostración implacable de determinación represiva en Atenco, pasando por su alianza con el Verde, partidario explícito de la pena de muerte.

La mano dura empezó a ser aplicada por el régimen, en efecto, desde los amargos momentos de la transición de 2012, pero no contra los delincuentes sino contra los opositores en las calles. Para dejar atrás su propia ilegitimidad, Peña se lanzó en una huída hacia adelante mucho más ambiciosa (y sólida) que la de su antecesor, y en lugar de declararle la guerra a criminales reales o supuestos, como el panista, se la declaró al pacto social y a la Constitución. Con ello logró realinear tras de sí a todo el bando de la restauración porfirista y forzar a Washington (que lo veía como un político corrupto y poco digno de confianza) a aceptarlo como subordinado de primera clase.

El régimen avanzaba en una intensa ofensiva antinacional en todos los frentes: la demolición de lo que quedaba de soberanía, la destrucción de la propiedad pública de los recursos naturales, el aniquilamiento de derechos, la compra de voluntades entre las filas de una oposición meramente ceremonial y el arrasamiento o la cooptación de instancias sociales independientes y de instituciones autónomas del Estado. Incluso la atrocidad del 26 de septiembre en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa encajaba en esa lógica ofensiva: el poder público lograba, al mismo tiempo, golpear a uno de los bastiones más irreductibles de la educación pública y desalojar de las instancias gubernamentales guerrerenses a las mafias perredistas, pese a que éstas le habían resultado tan útiles y tan leales en la implantación de las reformas estructurales.

Pero la sociedad encontró en la agresión contra los normalistas el catalizador de los agravios y convirtió el episodio en el punto de inflexión de la ofensiva antinacional y antisocial emprendida desde el poder. Tras los sucesos de Iguala el peñato se vio obligado a pasar de la ofensiva a la defensiva. Unos meses más tarde empezarían a acumularse las revelaciones sobre los turbios negocios inmobiliarios del grupo presidencial con contratistas privilegiados del sector público y la defensiva fue volviéndose debacle.

En el ámbito de la seguridad el cambio fue de estilo. Se pasó de la grotesca brutalidad con que el calderonato presentaba cuerpos desmembrados a la elegancia de las capturas con vida; de la jactancia de las cifras rojas al ocultamiento estadístico de la violencia; de los espectaculares despliegues militares al modo intrigante con que Alfredo Castillo aplicó en las autodefensas michoacanas la lógica del se matan entre ellos, antes reservada a los narcos; se pasó, en suma, del primitivismo de Genaro García Luna a la eficacia comunicacional de Monte Alejandro Rubido, y fuera de eso, a juzgar por resultados, no cambió nada.

La falta de visión (o algo peor) ante el surgimiento y fortalecimiento del cártel de Jalisco Nueva generación (CJNG) es emblemática. Ese grupo saltó a la fama en septiembre de 2011, cuando asesinó a 35 personas y dejó sus cuerpos frente a la plaza comercial Las Américas, en Boca del Río, Veracruz. Los videos puestos a circular por el grupo agresor no dejaban lugar a dudas: se trataba de una formación (para) militar con evidente entrenamiento y disciplina castrenses, armada con lanzagranadas, ametralladoras BMG Barrett y lanzamisiles AT4 de fabricación sueca y empleados por el cuerpo de marines de Estados Unidos. En sus comunicados y en sus acciones el CJNG ha dejado meridianamente claro que sus tareas principales son el narcotráfico y la limpieza social, es decir, la aniquilación de delincuentes menores y lumpenaje diverso, una tarea que suele realizarse por contrato de grupos empresariales, funcionarios gubernamentales y corporaciones policiales para asesinar indiscriminadamente a ladrones, secuestradores o meros sospechosos a fin de generar una apariencia de tranquilidad y seguridad entre las clases altas y medias sin tener que recurrir a las engorrosas instancias judiciales.

El derribo del Eurocopoter EC-725 no fue resultado de unos pistoleros asustados disparando a tontas y a locas sobre la aeronave sino, necesariamente, una acción de guerra que pone de manifiesto la capacidad organizativa y de fuego del CJNG. Esa clase de helicópteros de observación y rescate están dotados con blindaje en asientos y cabina y de rotores y depósitos de combustible resistentes a los impactos de bala, además de un sistemas de medidas defensivas que incluyen lanzadores de bengalas y detectores de misiles antiaéreos. Y la pérdida del aparato es sólo el suceso más devastador en la sorprendente ofensiva criminal que tuvo lugar el pasado fin de semana en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato y que evidenció la ausencia y la debilidad gubernamentales.

Peña es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y tiene la obligación de explicar al país cómo se llegó a semejante correlación de fuerzas.

navegaciones.blogspot.com

Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.