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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Jorge Carrasco Araizaga y J. Jesús Esquivel

Kate del Castillo

En este momento, Kate del Castillo es una de las personas más perseguidas en México. El gobierno federal desplegó su músculo contra ella, y con base en declaraciones, filtraciones, verdades a medias e insinuaciones ya etiquetó a la actriz como cómplice y encubridora de Joaquín El Chapo Guzmán, sin que haya habido juicio, sentencia, derecho de audiencia o réplica. Destacan dos hechos: hasta el viernes 15, ni los tribunales estadunidenses ni los mexicanos habían confirmado si existen cargos en contra de la también productora y empresaria.

(Proceso No. 2046)

 

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J. Jesús Esquivel y Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO/WASHINGTON.- Recapturado Joaquín Guzmán Loera, el gobierno de Enrique Peña Nieto siguió en actitud de cazador. Ahora apunta hacia la actriz Kate del Castillo por haber entrado en tratos con el jefe del Cártel de Sinaloa cuando era el prófugo más buscado del país.

Ante el desafío de atacar la estructura económica de esa poderosa organización delictiva, la administración federal emprendió una intensa campaña contra la también productora y protagonista de la serie televisiva La Reina del Sur, que antes de su encuentro con El Chapo lo mismo hizo públicas sus simpatías hacia el narcotraficante que sus críticas al presidente de la República.

A partir de que el sábado 9 –un día después de la reaprehensión– la revista estadunidense Rolling Stone reveló que la actriz fue la intermediaria para que el también actor y productor estadunidense Sean Penn se entrevistara con El Chapo a principios de octubre del año pasado, el gobierno de Peña Nieto se dedicó a filtrar información sobre las actividades y movimientos de Kate del Castillo, convirtiéndola en personaje principal de una trama con tintes delictivos.

Sin acusarla directamente, la información publicada durante la semana posterior a la recaptura de Guzmán sugirió que Del Castillo –mexicana naturalizada estadunidense apenas en septiembre pasado– pudo ser algo más que el contacto con el capo sinaloense.

Como si se tratara de un guión, la historia mediática de Del Castillo con Guzmán se fue construyendo con filtraciones: desde las fotografías de los encuentros de la actriz con uno de los abogados del narcotraficante, Andrés Granados Flores, hasta los registros de las empresas de ella en México y en Estados Unidos.

También se difundieron los diálogos que tuvieron por vía electrónica, el papel que pudo tener un operador financiero del mismo cártel en la frustrada película autobiográfica del capo, la revisión de la situación tributaria de las compañías Royalty Makeup y Kate del Castillo Productions, empresas de la actriz, así como los encuentros de Guzmán con otros integrantes de la farándula y representantes de éstos.

Relato a cuentagotas

La procuradora Arely Gómez, quien el viernes de la captura dijo por la noche en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR) que El Chapo fue ubicado por “la comunicación con actrices y productores”, ha ido escribiendo la historia en la prensa. Sean Penn, por cierto, en el adelanto de una entrevista con la televisora estadunidense CBS difundido el viernes 15, acusó a la procuradora de ponerlo en peligro al implicarlo en la recaptura del sinaloense.

Lo que se ha publicado en México contra la actriz coincide hasta con la redacción de las tarjetas informativas filtradas. De acuerdo con datos obtenidos por Proceso, las filtraciones seguirán con el propósito de que el gobierno de Estados Unidos también se involucre en las investigaciones contra la protagonista de La Reina del Sur.

Dice la información conseguida: “Fue la PGR quien (sic) identificó a Kate del Castillo como persona cercana al Chapo. La DEA, desde meses antes, informó que tenía datos sobre reuniones entre el capo y Sean Penn, y otras con prestigiados escritores, mismos que escribirían la historia del Chapo y la línea argumentativa de su película”.

Se asegura que el gobierno peñanietista pretende que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) acuse a la actriz, “ya que si la sola convivencia no es un asunto penal y la complicidad no sería un asunto grave, sí lo son las transacciones bancarias que se tienen identificadas”.

Según esa versión, Del Castillo envió una carta a Arely Gómez para aclararle las reuniones con el narco, pero la fuente consultada asienta que eso no pasa de ser una explicación que “no tiene nada que ver con las líneas de investigación que persigue la procuradora”.

Para evitar que Del Castillo se victimice, continúa, “la procuraduría ya trabaja sobre esquemas de comunicación que demuestren… la información que se tiene sobre transferencias poco claras y de cuentas canceladas poco después de la confirmación de los depósitos en las cuentas de las empresas relacionadas con la actriz”.

En esa misma argumentación, funcionarios del gabinete de seguridad dijeron a Proceso que los recursos transferidos pudieron ser inicialmente de 1 millón 200 mil dólares. Aseguraron que aparte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alberto Bazbaz Sacal, cercano a Peña Nieto, indaga a otras empresas tequileras, no sólo la marca Tequila Honor, propiedad de la actriz y productora.

Además de Estados Unidos, según esos funcionarios, México está solicitando datos a gobiernos de Centroamérica, Sudamérica y Europa para ubicar a lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa. “Estamos ante una organización horizontal y tenemos la oportunidad de ir contra las empresas que aquí en México son fachada de la organización”, apuntaron.

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Del Castillo con un abogado del “Chapo”. Seguimiento

Kate del Castillo, quien en 2012 escribió un tuit en contra del triunfo de Peña Nieto en las elecciones presidenciales, hija de un activo promotor de Vicente Fox en el año 2000, el actor Erick del Castillo, puso en duda también los ingresos que como trabajadora de Televisa Angélica Rivera pudo obtener para comprar la llamada Casa Blanca. En 2014, en su cuenta @katedelcastillo, dijo que creía más en El Chapo que en las autoridades.

Ahora, debido a que contactó con el capo para realizar una película sobre éste “con fines de lucro”, ella pudo violar la ley federal estadunidense conocida como la Kingpin Act, según una interpretación que se está haciendo en aquella nación.

“Todas las personas de Estados Unidos, individuos y entidades, deben acatar las regulaciones de la OFAC (Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, por sus siglas en inglés). Sanciones monetarias y criminales podrían ser impuestas a la persona que viole, intente violar o conspire para violar o provoque una violación a las regulaciones de la OFAC”, respondió a Proceso un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a quien se le preguntó si la actriz pudo haber violado la Kingpin Act.

Al norte del Bravo

La narración que hizo Sean Penn en el artículo-entrevista que publicó Rolling Stone indica que él y Kate se reunieron con El Chapo para, entre otras cosas, hablar en torno a la realización de una película biográfica sobre el traficante.

La Kingpin Act fue promulgada como ley el 3 de diciembre de 1999 por el entonces presidente Bill Clinton. En noviembre de ese año la aprobó una mayoría absoluta en las cámaras de representantes y de senadores estadunidenses. La normativa sentencia:

“La ley prohíbe a toda persona de Estados Unidos, entidad u organización, realizar o manejar transacciones financieras con individuos que han sido designados por el presidente como Narcotraficantes Más Significativos (NMS), a quienes se les confiscan los bienes y congelan las cuentas bancarias que tengan en Estados Unidos y territorios bajo la jurisdicción del país.”

La Kingpin Act explica que el presidente de Estados Unidos puede designar como NMS a todo individuo extranjero, empresa o entidad, que de acuerdo con las agencias de inteligencia y de la aplicación de la ley sean piezas importantes en el tráfico de narcóticos al mercado estadunidense o en el lavado de recursos procedentes de esta actividad, algo que representa una amenaza a la seguridad nacional.

Un año y medio después de que se promulgara la Kingpin Act, George W. Bush designó a Guzmán Loera como NMS. Así, a partir del 1 de junio de 2001 ningún ciudadano estadunidense, empresa, organización o entidad, podría tener contacto con el capo mexicano. Quien lo hiciera quedaría sujeto a una sanción económica y a ser enviado a prisión.

El artículo 18 de la ley advierte: “Las multas económicas para violaciones civiles podrían ser de hasta mil 75 millones de dólares. Las violaciones criminales cometidas por funcionarios corporativos de empresas implican sanciones de hasta 5 millones de dólares y una sentencia penitenciaria de hasta 30 años de cárcel. Otros individuos pueden recibir una sentencia de hasta 10 años en prisión”.

El pasado jueves 14, el periódico El Universal publicó en su primera plana un texto titulado “Investigan en Delaware empresa Kate-Chapo”. Firmada por el reportero Juan Omar Fierro, la nota indica que la película sobre la vida del narcotraficante, “coordinada” por Del Castillo, “era sólo el primero de varios negocios que ambos tenían en la mira”.

El texto indica que la asociación comercial entre ambos aludidos se registraría oficialmente en la Unión Americana, específicamente en Delaware: “Los negocios o tratos comerciales entre ambos están bajo investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la PGR, señala un reporte de inteligencia elaborado por el gobierno federal”.

El Universal aclaraba que la investigación estaba “abierta” y que no era definitiva, en espera de que las autoridades acreditaran “la transferencia de recursos financieros del capo a la actriz”.

Al funcionario estadunidense que Proceso contactó el mismo día de la publicación se le inquirió sobre este reporte e incluso se le envió una copia del mismo. Se le preguntó: “¿Investiga el Departamento del Tesoro a la actriz estadunidense Kate del Castillo?”.

La contestación por correo electrónico asienta: “No hacemos comentarios sobre la instrumentación de la ley o denuncias sobre violaciones”.

El viernes 15, El Universal difundió el texto “Tiene registro en EU tequilera Kate-Chapo”, firmado también por Fierro.

El reporte indica que la compañía que produce el tequila “Honor del Castillo” tiene su sede en Delaware, Estados Unidos: “Los documentos oficiales, a los cuales tuvo acceso el periódico, indican que los trámites los inició la empresa Tequila Honor LLC, con domicilio en Coastal Highway, número 1962 en la ciudad de Lewes, Delaware, con el código postal 19958, según consta en la solicitud de registro de marca con folio 22749”.

El escrito, sin embargo, no sustenta la acusación del título sobre “la tequilera Kate-Chapo”. Dice el texto: “El sitio en el que está registrado Tequila Honor LCC coincide con los reportes de inteligencia del gobierno mexicano en los que se indica que Joaquín El Chapo Guzmán buscaba invertir parte de sus recursos financieros en una empresa con operaciones legales en el estado de Delaware”.

El 14 de enero, Fierro difundió también fotografías y reportes de inteligencia recabados por el gobierno mexicano como presunta evidencia de la entrevista que sostuvo Del Castillo con Andrés Granados Flores, abogado de Guzmán Loera, la noche del 27 de octubre de 2015.

El encuentro se llevó a cabo al parecer en los canales de Xochimilco, a bordo de una trajinera bautizada como Yolanda. Según posteriores artículos del diario, se habló de “la posibilidad de que Guzmán Loera transfiriera recursos financieros a compañías vinculadas” con Kate.

Al cierre de esta edición, el gobierno de Estados Unidos no había anunciado ninguna acusación contra Del Castillo por el caso de la empresa tequilera ni contra Sean Penn.

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