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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Carlos Acosta Córdova y Juan Carlos Cruz Vargas

La propuesta de Presupuesto 2017, presentada el pasado jueves 8, y la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda evidencian el fracaso económico del gobierno peñanietista: el PIB crecerá menos que las peores proyecciones hechas al inicio del sexenio, las reformas estructurales no han servido, se contrató deuda para pagar los intereses de la propia deuda, la austeridad prometida no pasa del discurso, el peso se sigue devaluando y la exportación petrolera caerá 20% en un solo año… Es decir, el tic tac de la bomba que está por estallar.

(Proceso No. 2080)

 

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Carlos Acosta Córdova y Juan Carlos Cruz Vargas

No pudo Enrique Peña Nieto.

Las promesas del inicio de su gobierno acabaron en una quimera. Sueños que entusiasmaron y hoy recuperan su condición de fantasmas.

En efecto, el cambio de titular en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la presentación del paquete económico para 2017, que el gobierno federal envió al Congreso de la Unión el jueves pasado, despertaron poco entusiasmo en el público y los mercados financieros, y revelaron el verdadero estado de las finanzas mexicanas.

Ambos hechos, además, generaron dudas: no se percibe por dónde pueda mejorar la economía nacional.

La incertidumbre ya se tradujo en números: el jueves 8 el tipo de cambio llegó a rozar los 19.30 pesos por dólar, justo un peso más que la cotización del miércoles anterior –último día de trabajo efectivo de Luis Videgaray en Hacienda–. Esto implicó una depreciación del peso de 5.5%.

Al cierre de la jornada cambiaria, que estuvo muy agitada, la moneda mexicana recuperó un poco de terreno (12 centavos) hasta cerrar en 19.18 pesos por dólar.

Entre expertos y analistas financieros también permeó el desánimo y la incredulidad sobre lo que ofrece el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Jonathan Heath, el analista macroeconómico de más prestigio en el país, sostiene en entrevista que el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña –quien ocupó el mismo cargo en el último año de la administración de Felipe Calderón–, no tiene mucho margen de maniobra para cumplir con lo que le ordenó el mandatario el día de su designación.

Son muchos los pecados de Videgaray que Meade deberá purgar: el presidente le dio cuatro instrucciones muy concretas el día que anunció los cambios, basadas justamente en lo que Videgaray dejó inconcluso o hizo mal.

La primera es arreglar el desbarajuste en materia de finanzas públicas, con un balance financiero que fue negativo en todo el tiempo que Videgaray estuvo al frente de Hacienda. Este fenómeno se arrastraba desde 2009, pero entonces se justificó por la caída brutal de los ingresos públicos provocada por la crisis financiera internacional de ese año y que en México implicó un derrumbe del Producto Interno Bruto (PIB) cercano a 5%.

Uno de los mayores problemas en el balance financiero (que es parte del balance presupuestario del sector público) es que presenta un déficit primario. Esto significa que los ingresos no sólo son menores a los gastos, sino que la deuda que se contrata únicamente alcanza para pagar los intereses del propio débito.

Es decir: Videgaray pidió créditos que no servían ni para completar los ingresos, y mucho menos para impulsar la economía.

La petición expresa de Peña al nuevo secretario fue que el programa económico de 2017 contribuya a consolidar las finanzas públicas, es decir, a sanearlas y equilibrarlas. Y para eso es obligado alcanzar un superávit primario en el balance financiero.

Y éste se define como la diferencia que hay entre los ingresos totales del gobierno menos los gastos totales, pero excluyendo el pago de intereses.

En el paquete económico del próximo año se establece la meta de un superávit primario de 0.4% del PIB. Es decir, ese es el saldo positivo que se espera para 2017 en el balance financiero, para que se puedan pagar los intereses sin que se incremente el saldo de la deuda.

Recientemente, las finanzas públicas sólo han registrado saldos negativos: para 2016 se espera un déficit primario de 0.6 del PIB; en 2015 fue de 1.3%; en 2014, de 1.5%, y en 2013, de 0.4%.

Los porcentajes pueden no decir mucho. Pero si se traducen a pesos, son cantidades muy relevantes.

En 2013 el déficit primario fue de 57 mil 500 millones de pesos. En 2014, fue de escándalo: 256 mil millones de pesos. En 2015, de 235 mil millones. En 2016 se espera un déficit de 114 mil millones, y para el próximo año, un saldo positivo: un superávit primario de casi 74 mil millones de pesos.

Congruente con esa situación, Peña pidió a José Antonio Meade aplicarse en las medidas de responsabilidad fiscal “a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda pública como proporción del PIB”.

Panorama negro

El saldo deficitario de las finanzas públicas y el crecimiento vertiginoso de la deuda propiciaron que las calificadoras internacionales Standard & Poor’s Financial Services y Moody’s Investors Services cambiaran hace dos semanas la perspectiva de la economía mexicana de “estable” a “negativa”.

Fue una primera advertencia para el gobierno mexicano de que, de seguir así, el siguiente paso sería bajarle la calificación a su capacidad de pago. En febrero de 2014, al fragor de la aprobación de las reformas estructurales y todo lo que se prometía con ellas, Moody’s subió la calificación a México hasta A3, por su bajo nivel de “riesgo país”, es decir, por la capacidad que, se creía entonces, tenía de cumplir cabalmente con sus compromisos crediticios.

Pero se profundizó el déficit primario y la deuda creció como no había ocurrido en casi tres décadas.

La instrucción de Peña a Meade en relación con la deuda pública fue un golpe seco a Videgaray, quien en tres años aumentó la deuda pública neta en más de 10.5 puntos del PIB:

El gobierno actual recibió una deuda de 5.9 billones de pesos en diciembre de 2012 (36.4% del PIB). Y Videgaray la llevó a casi 9 billones de pesos, casi 48% del PIB. Y, peor, la estimación más reciente de Hacienda, contenida en el paquete económico de 2017, prevé una deuda neta total de 50.5% del PIB en 2016 y de 50.4% el próximo año. Un aumento escandaloso… que ni siquiera servirá para detonar el crecimiento económico.

Ahora bien, las instrucciones de Peña Nieto al nuevo secretario de Hacienda fueron muy congruentes: ¿cómo se resuelve el problema conjunto de las finanzas públicas y el endeudamiento descontrolado? La ortodoxia dice que ajustando y conteniendo el gasto público.

Y ese fue el sentido de sus dos últimas instrucciones: aplicar un gasto público que incida efectivamente en proyectos de inversión y programas más efectivos contra la pobreza. Pero sobre todo, que se ejerza con más calidad y transparencia. Cosas que no hizo Videgaray.

En ese sentido, el programa económico de 2017, en el documento de Criterios Generales de Política Económica, plantea que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) “se basa principalmente en: 1) contención de los recursos destinados a servicios personales; 2) reducción en los gastos de operación; 3) privilegiar programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, así como el acceso efectivo a los derechos sociales, y 4) la priorización de la inversión productiva sobre la administrativa”.

En suma, “el PPEF propone una reducción del gasto corriente de 8.5% en términos reales, en comparación con el presupuesto 2016”.

Entre el dicho y el hecho…

Jonathan Heath es escéptico respecto de la reducción sustancial en el gasto. “Los números del paquete económico señalan que no habrá un esfuerzo relevante para bajar la erogación: los requerimientos financieros del sector público (RFSP) lograron bajarse de manera importante en 2016 gracias al remanente de operación del Banco de México, por casi 240 mil millones de pesos. Pero ese fue un recurso no recurrente, que difícilmente volverá a presentarse, al menos no en esa cantidad”.

Pero para 2017, los RFSP (que son las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas) sólo se recortarán una décima porcentual del PIB.

Entonces, afirma el economista, “no se ve, en los números, un gran esfuerzo por recortar el gasto el próximo año”.

Con él coincide el especialista José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) y presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El paquete económico para 2017, dice, “es un retroceso, pues no apunta a generar un ciclo de crecimiento económico. Si observamos los documentos presentados al Congreso, se prevé un crecimiento del PIB de apenas 2.5%, cuando el gobierno federal había planteado que el crecimiento estaría alrededor de 5% para el año próximo”.

En su primera conferencia de prensa como nuevo secretario de Hacienda, Meade no se refirió al crecimiento para 2017 ni los siguientes años.

De la Cruz, también maestro en economía por el Colegio de México, abunda: “La lógica del programa económico para el próximo año no es la del crecimiento y el desarrollo social, sino la estabilidad macroeconómica. Es un presupuesto que trata de satisfacer a las calificadoras, a los grupos financieros que habían alertado que el endeudamiento era un riesgo, y busca presentar un equilibrio contable en función de sacrificar la inversión y disminuir el gasto social, sobre todo en educación y salud”.

En efecto, el secretario de Hacienda señaló en conferencia que en el recorte previsto para 2017 (por 70 mil millones de pesos) todas las dependencias serán afectadas, pero principalmente, y en este orden: Pemex, las secretarías de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y de Salud.

En suma, remata De la Cruz, “el paquete económico no es favorable ni para el crecimiento ni para el desarrollo social. Este recorte va a afectar, sin duda, a los motores internos de crecimiento impulsados por el gasto público”.

El olor a fracaso

El PPEF es la confirmación del fracaso de la política económica del presidente Enrique Peña Nieto, que condujo hasta el martes pasado Luis Videgaray.

El fragor con el que se propusieron y promovieron las reformas estructurales en el primer año de gobierno hoy choca con la realidad.

En 2013 el gobierno confiaba, dijo, en que la economía crecería (con las reformas ya aprobadas y aplicadas) 4.7% en 2015; 4.9% en 2016; 5.2% en 2017, y 5.3% en 2018. Y advertía que, sin reformas, la economía sólo crecería 3.8% en 2015; 3.7% en 2016; 3.6% en 2017, y 3.5% en 2018.

Los documentos que el jueves 8 recibió el Congreso de la Unión dibujan una triste realidad.

Para 2017 se espera un magro crecimiento del PIB de entre 2 y 3%, que no llego ni a la peor proyección y queda a años luz de la tasa prevista con las reformas estructurales, de 5.2%.

Una comparación del Marco Macroeconómico de los años de gestión de Peña Nieto –que es el documento que sintetiza las previsiones de los principales indicadores macro– da cuenta del retroceso que ha experimentado la economía nacional en el actual gobierno:

En 2016, la previsión original fue de un crecimiento de 3.1%. La última revisión hecha por Hacienda, hace un par de semanas, ya sólo da para 2.3%.

En 2015 se fijó un pronóstico de crecimiento económico, original, de 3.7%. Al final resultó de 2.5%. En 2014 se planteó un crecimiento del PIB de 3.9% (ya consideradas las reformas estructurales), pero en la realidad sólo se llegó a 2.2%. En 2013 se planteó un crecimiento de 3.5%… y sólo hubo una expansión de 1.4%.

Ahora bien, para 2017 Hacienda finca sus esperanzas de crecimiento en factores externos y en los buenos deseos: prevé un avance del PIB de Estados Unidos de 2.2%, lo cual está arriba del 1.5% esperado para este año. La lógica es simple: si la economía estadunidense crece, jala a la mexicana.

En materia de precios del petróleo, el planteamiento del gobierno es optimista: prevé un precio para la mezcla mexicana de 42 dólares por barril (seis dólares más de los esperados para este año). Pero eso implicará precios más altos para las gasolinas. Y, además, se prevé que continúe el declive tanto en la producción como en la exportación.

De 2 millones 130 mil barriles diarios, en promedio para este año, la producción bajará a 1 millón 928 mil barriles diarios. Una caída de 9.5%.

Tampoco es una buena noticia que la plataforma de exportación de crudo, en promedio, baje de 976 millones de barriles diarios a 775 millones: 20.5% menos.

No hay datos, pues, que indiquen una mejoría sustancial de la economía mexicana en 2017.

Ni certeza alguna de que mejoren las condiciones de bienestar de la población mexicana.

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