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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Mathieu Tourliere

Las gasolinerías, pingüe negocio de una élite

Una de las formas en que se favoreció a la élite del poder el sexenio pasado fue el otorgamiento de permisos de la Comisión Reguladora de Energía para operar gasolinerías. El círculo de funcionarios y empresarios cercano a Enrique Peña Nieto, familias de exgobernadores y líderes del PRI, así como el entorno de los caciques sindicales, se apoderaron de buena parte de los más de 12 mil permisos que se repartieron entre 2015 y 2018.

(Proceso No. 2205)

 

 

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Mathieu Tourliere

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el negocio de las gasolinerías se convirtió en un gran festín al que fueron invitados familiares del mandatario, funcionarios, exgobernadores, alcaldes, caciques políticos, diputados y senadores, líderes sindicales, prestanombres y otros contratistas consentidos.

Entre 2015 y 2018, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 12 mil 214 permisos para la operación de gasolinerías.

Sólo en la sesión del 15 de octubre de 2015, que duró menos de hora y media, los comisionados de la CRE autorizaron “por unanimidad” el otorgamiento de 2 mil 79 permisos.

Proceso revisó 4 mil 793 de estos documentos que se entregaron a mil 792 concesionarios, entre empresas y particulares. Tras una búsqueda en el Registro Público del Comercio (RPC) este semanario identificó a mil 105 personajes vinculados por vía accionaria con estas concesiones, 292 de los cuales tenían una actividad política importante, principalmente en el PRI.

Destacan integrantes de la élite mexiquense asentada en el llamado Grupo
Atlacomulco, al que pertenece Peña Nieto: Carolina Monroy del Mazo –su prima lejana– tiene, junto con su esposo Ernesto Nemer Álvarez, la empresa ECV, S.A. de C.V., la cual opera una gasolinería en la carretera Toluca-Naucalpan que construye el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

Nemer, ahora secretario técnico del PRI nacional y diputado federal, fue pieza clave de Peña Nieto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles Berlanga y posteriormente encabezó la Procuraduría Federal del Consumidor, encargada de verificar las gasolinerías.

No son los únicos vínculos familiares de Peña Nieto con operadores identificados de gasolinerías: Mayolo del Mazo Alcántara, primo del recientemente fallecido exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González –a su vez tío lejano de Peña Nieto y padre de Alfredo del Mazo Maza, el gobernador actual–, controla ocho de esos expendios de combustible en el Estado de México y Michoacán por medio de las empresas Inmobiliaria Hemajo de Atlacomulco, Crimer y Servicio Ata.

Del Mazo Alcántara es dueño de la Hacienda Cantalagua, un espacio de recreo y reunión de la élite mexiquense donde Peña Nieto celebró su cumpleaños después de ganar las elecciones de 2012. Hecho inusual: el empresario registró la empresa Inmobiliaria Hemajo de Atlacomulco en 1991, con el objeto social de construir y vender inmuebles. Pero en julio de 2014 le cambió el objeto social a la “comercialización de gasolinas y dísel suministrados por Pemex”, y recibió sus primeros permisos para operar gasolinerías en septiembre del año siguiente.

Contratistas y funcionarios

Carlos Aniano Sosa Velasco, contratista hidalguense y amigo del exgobernador priista Miguel Ángel Osorio Chong, era el propietario de dos lujosas casas que ocupó éste en de Las Lomas, a escasa distancia de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto (Proceso 2006).

Mientras era gobernador de Hidalgo, Osorio Chong otorgó contratos a las empresas de Sosa Velasco por al menos 531 millones de pesos.

Cuando el priista, ahora senador, llegó a la Secretaría de Gobernación, Sosa Velasco entró en el padrón de contratistas federales y en sólo dos años –2013 y 2014– se benefició de contratos por al menos 881 millones de pesos.

Sosa incluso fue subcontratado por la empresa brasileña Odebrecht para las obras de modernización de la refinería de Tula; dicha obra fue señalada por un sobrecosto de 66% y actos de corrupción que incluyeron el presunto pago de sobornos a Emilio Lozoya Austin, entonces director general de Pemex.

Sosa también es dueño de dos franquicias de gasolinerías en Hidalgo –Petros Sol y Petros La Gloria, incorporadas al RPC en marzo de 2014 y marzo de 2003, respectivamente–, que operan por lo menos ocho estaciones en la entidad.

Javier Cantú Barragán, primo del empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú –quien construyó y financió la Casa Blanca de su amigo Peña Nieto– es contratista de Pemex para el traslado de hidrocarburos e integrante de un clan familiar influyente en Tamaulipas, como lo reveló Proceso la semana pasada. Su hermano Serapio fue alcalde de Reynosa entre 2002 y 2004, el mismo municipio donde Javier tiene una gasolinería.

Funcionarios de la administración peñista y sus familiares obtuvieron permisos durante el sexenio pasado. En septiembre de 2017 el diario Reforma informó de un operativo de la Gendarmería y la policía mexiquense en una gasolinería ubicada en la carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco, registrada a nombre de María del Carmen Miranda Nava y su esposo, Ricardo Víctor Mercado Galán, respectivamente hermana y cuñado del entonces secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava.

En ese operativo las autoridades detuvieron a siete personas mientras surtían la estación de servicio con combustible robado. Mercado Galán, rector de la Universidad Isidro Fabela de Toluca, trató de sobornar a la reportera del diario para frenar la publicación.

La pareja opera por lo menos tres gasolinerías en la entidad, con las razones sociales Súper Servicio M y M, Servicio Rimer de Tianguistengo y Servicio Megal, que recibieron sus permisos de la CRE entre octubre y diciembre de 2015. También fundó otra empresa gasolinera, Súper Servicio Yukón, en enero de 1997, pero vendieron todas sus acciones en mayo de 2008 a Joaquín Ruiz Gutiérrez, quien posteriormente fue presidente municipal de Xonacatlán por el partido Movimiento Ciudadano.

Luis Rafael Anaya Mortera es tío de José Antonio González Anaya –director de Pemex entre febrero de 2016 y noviembre de 2017– y fue presidente del PRI en Coatzacoalcos. Es accionista de una decena de gasolinerías en ese estado, entre ellas Servicio Nadadores, S.A. de C.V., que tiene dos permisos para despachar gasolina en ese municipio, y Gas Malecas.

También Gerardo Saade Kuri y Gabriela Murillo Ortega –el yerno y la hija del exprocurador y exgobernador priista Jesús Murillo Karam– tienen dos gasolinerías en Pachuca y Mineral de la Reforma, en Hidalgo, a nombre de la empresa Estación de Servicio Gesa.

El gobierno de Peña Nieto otorgó 43 contratos por 4 mil 625 millones de pesos a empresas de familiares de Murillo Karam, entre ellos Saade Kuri y sus hijos, como lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en junio de 2016.

En noviembre de 2015, cuando encabezaba la Secretaría de Energía (SE), el priista Pedro Joaquín Coldwell reconoció que hacía negocios directos con Pemex. Afirmó que era socio de cuatro empresas gasolineras: dos que fundó su padre, Nassim Joaquín Ibarra –Gasolinería y Servicios Juárez y Combustibles Caleta–, y dos que él mismo registró: Servicio Cozumel y Combustibles San Miguel. Todas obtuvieron permisos de la CRE para operar gasolinerías en Cozumel, mientras Joaquín Coldwell era titular de la SE.

Además admitió que era socio de Planta de Combustibles Cozumel, una terminal de Pemex con capacidad de 1 millón 800 mil litros de combustible para abastecer embarcaciones.

Gobernadores

El actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, no sólo comparte con Pedro Joaquín Coldwell el gusto por los negocios petroleros: ambos son hijos de Nassim Joaquín Ibarra. Éste creó en 1978 la empresa Combustibles y Servicios de Quintana Roo, de la que fue socio el actual mandatario estatal.

Las actas de la empresa consultadas en el RPC están incompletas y no queda claro si el gobernador todavía tiene acciones, pero en 2016 su media hermana, la diputada federal panista Addy Joaquín Coldwell, aparecía como administradora única de la compañía, que opera una estación en Cancún y otra en Playa del Carmen.

Uno de sus antecesores en el gobierno estatal, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, quien gobernó Quintana Roo por el PRI, encabeza junto con su hijo David Gustavo Gutiérrez León una red de 10 gasolinerías en Tabasco, registradas a nombre de las empresas Energía DG y Olmeca DG. Otro de sus hijos, Luis Arcadio Gutiérrez León, es diputado federal suplente por Morena y coordina los programas de Desarrollo Integral del gobierno de AMLO en la capital tabasqueña.

Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, es uno de los socios de Grupo Octano, una empresa que opera 54 gasolinerías en Nayarit –13 en Tepic–, Michoacán y Jalisco. Según las actas disponibles en el RPC, los accionistas mayoritarios de este grupo son las familias Gutiérrez Topete y Plascencia Moeller.

En Tamaulipas, el exgobernador Enrique Cárdenas González –quien falleció en marzo pasado– y su hijo, el exdiputado Enrique Cárdenas del Avellano, priistas ambos, obtuvieron los permisos para operar cuatro gasolinerías en la entidad mediante tres empresas: Gasolinera Jebla, La Marina Vieja y Gasolinera ECG.

Y en Guadalajara, el exgobernador tapatío Guillermo Cosío Vidaurri controla una gasolinería en la colonia La Perla, mediante la empresa Combustibles Supremos, que fundó en octubre de 2008 con Enrique Organista Zavala –hermano del notario 49 en dicha ciudad, señalado hace una década por fraude– a un costado de una guardería del IMSS.

En esa zona el 22 de abril de 1992 –en el sexenio de Cosío Vidaurri– explotó el sistema de alcantarillado por acumulación de hidrocarburos; la devastación de más de 15 kilómetros de calles provocó la muerte de al menos 700 personas y dejó a más de 15 mil sin hogar. La magnitud de la tragedia y las acusaciones de negligencia obligaron a Cosío a renunciar ocho días después.

En el mismo estado todavía aparece José Luis Fox Quesada, hermano del expresidente Vicente Fox, en el acta constitutiva de la empresa Combustibles Ecológicos del Centro, que se creó en 2013 y operaría en Lagos de Moreno.

Antes de asumir la gubernatura de Veracruz, que ostentó hasta diciembre pasado, el panista Miguel Ángel Yunes Linares tenía participaciones en gasolinerías en la entidad, que vendió hace un par de años. Su primo, Marco Antonio Haddad Yunes, recibió en octubre de 2015 un permiso para operar una estación en Tehuacán, Puebla, a nombre de la empresa Combustibles El Crucero.

Y en Zacatecas, Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija del senador y exgobernador de ese estado Ricardo Monreal Ávila, detenta desde marzo de 2006 una tercera parte de las acciones de la empresa Multiservicio La Plata, que opera siete gasolinerías en la entidad.

A finales de 2015 Wistano Luis Orozco García adquirió acciones de la empresa Unión de Gasolineros Las Torres, que por estas fechas recibió permisos para operar estaciones de servicio en Tamaulipas y San Luis Potosí. En aquel entonces era director de Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde fue responsable de gestionar los multimillonarios convenios de servicio con la Sedesol encabezada por Rosario Robles, cuyos recursos se esfumaron en complejas estructuras de empresas fantasma que se conocieron en el escándalo de la llamada Estafa Maestra.

Caciques

El pasado 15 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió que recibió informes de que la organización política Antorcha Campesina, manejada por el clan familiar del líder Aquiles Córdova Morán y ligada íntimamente al PRI, obtuvo en la administración de Peña Nieto varios permisos para operar gasolinerías. El pasado 22 de enero una de las dirigentes del movimiento reconoció que la agrupación tenía 40 estaciones de servicio en Puebla, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.

En esta investigación periodística salieron a la luz varios permisos otorgados a integrantes de la agrupación: Anayantzi Córdova Díaz, Dánae Alcestes Lavinia Córdova Morán, Juan Manuel Celis Aguirre, Ricardo Esquivel Castañeda, Everardo Lava Covarrubias y Francisca Jiménez Serrano (esposa de Jesús Tolentino, alcalde de Chimalhuacán). En mayo pasado, familiares del líder integraron la empresa Comercializadora Eros and Thor en Puebla, dedicada al negocio de venta de combustible de Pemex y que todavía no aparece entre los permisionarios de la CRE.

Otros personajes vinculados con el mundo sindical obtuvieron permisos para operar estaciones de servicio. Fernando Ezequiel Olvera Méndez –hermano de Jesús Olvera Méndez, quien fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana– es socio de la empresa Servicio Las Marinas, que fundó en Toluca en 2006 y recibió su permiso para despachar combustible en diciembre de 2015.

Asimismo José Bernardo Quezada Salas, exdiputado del Partido Nueva Alianza y exdirector de pensiones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es propietario del Grupo Jessy y tiene 12 permisos para operar gasolinerías en Morelos y Veracruz.

Durante su gestión gremial, fue señalado por comprar 11 departamentos en Miami con un valor total de 8.2 millones de dólares, presuntamente gracias a los créditos que otorgó a integrantes del SNTE con altísimas tasas de interés.

Rafael Morales Serrano, hijo de un medio hermano de Elba Esther Gordillo, controla dos gasolinerías en Chiapas, mientras que la empresa Combured tiene 18 gasolinerías en San Luis Potosí, Nuevo León y Guanajuato, y tiene entre sus socios a Salomón Juan Dip León, hijo de Elías Dip Ramé, exdiputado y exlíder de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.

Óscar Pedroza Jiménez –hermano del exdiputado Héctor Pedroza Jiménez, quien dirigió la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y fue secretario de Finanzas del PRI en Ciudad Nezahualcóyotl– controla 10 gasolinerías en el Estado de México. También recibió permiso de la CRE para operar una, Óscar Pozos Vergara, dirigente de la CTM en Puebla y hermano de Leodegario Pozos Vergara, El Tigre de la Sierra, escolta del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle.

A estos concesionarios se suman decenas de alcaldes, dirigentes partidistas –la mayoría del PRI– y legisladores que operan gasolinerías en todos los estados.

Es el caso del exsenador priista Ricardo Urzúa Rivera –en el sexenio de Peña Nieto suplente de Raúl Cervantes Andrade, que pidió licencia para ser procurador general de la República–, quien opera tres en Puebla. Otros permisionarios son el senador panista Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, el diputado priista oaxaqueño Juan Antonio Vera Carrizal o los exlegisladores chiapanecos Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM) y Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (PRI).

Blanca Alcalá Ruiz, exalcaldesa de Puebla, es dueña de una en la misma ciudad; Gilberto Coria Gudiño, exalcalde del municipio michoacano de Tuxpan, opera cinco; el priista Miguel Castro Reynoso, exalcalde de Tlaquepaque y excandidato a gobernador de Jalisco, tiene dos; mientras que Javier Pacheco Pensado, hijo de Guillermo Pacheco Pulido, exalcalde de Puebla y presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, fundó tres empresas gasolineras en la entidad, una de ellas en sociedad con Francisco Echeguren Barroeta, un amigo de Moreno Valle… La lista parece interminable.

(Con información de Francisco Castellanos, Juan Alberto Cedillo, Rodrigo Corona, Yesme Cortés, Armando Guzmán, Celia Guerrero, Isaín Mandujano, Pedro Matías, Alfredo Maza, Gloria Reza, Rosa Santana, Pedro Zamora y Noé Zavaleta.)

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