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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Carlos Fernández-Vega

México SA

Calificadoras: acción concertada
Pagar los platos rotos por otros

(La Jornada)

 

 

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Carlos Fernández-Vega

Increíble: en sólo tres meses –versión Standard and Poor’s– el mundo financiero mexicano se vino abajo, junto con las empresas productivas del Estado. Bastó un trimestre de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República para que todo se desplomara, siempre de acuerdo con el análisis de la citada calificadora estadunidense.

Décadas de saqueo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE); décadas destinando los recursos de la banca de desarrollo (propiedad del Estado) a actividades muy distintas a las legalmente correspondientes; seis sexenios al hilo con un comportamiento económico verdaderamente raquítico… y sólo hasta ahora, 36 años después, la calificadora Standard and Poor’s se dio cuenta del riesgo de que persista un crecimiento económico débil, lo que afectaría la resiliencia económica del país y complicaría las condiciones operativas para las instituciones financieras localesy de paso rebaja de estable a negativa la perspectiva de calificación de la deuda emitida por las dos empresas productivas del Estados y algunas más.

Más que obvio resulta que el arrasador triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador disgustó a las calificadoras, pero en el caso de Standard and Poor’s parece que lo tomó como ofensa (de hecho, se autoproclama como vengadora del agravio), porque en su análisis de plano se fue hasta la cocina y para ella, en resumen, todo sucedió en apenas tres meses del nuevo gobierno.

Y se fue hasta la cocina, porque su descalificación (de estable a negativa) no sólo incluye a Pemex y a la CFE, sino suma a empresas privadas, como América Móvil, operadora de Teléfonos de México y Telcel; Coca-Cola Femsa, la mayor embotelladora en México; la cadena de tiendas Liverpool, y 77 entidades bancarias (entre ellas los bancos privados BBVA Bancomer, Banorte, Citibanamex, HSBC, Inbursa y Scotiabank, y los pertenecientes al Estado, como Nafin, Banobras, Banco del Ejército y Bansefi) y siete aseguradoras.

Para Standard and Poor’s la descalificación de las 77 instituciones financieras que operan en el país se justifica porque refleja el potencial deterioro de la calidad crediticia del país y el posible contagio a la industria bancaria local en forma de un mayor riesgo económico, algo totalmente contrario a lo que mes tras mes certifica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la entidad gubernamental responsable de la salud de tales sectores.

Standard and Poor’s se suma –todo apunta a una acción concertada– a las calificadoras Fitch y Moody’s, que en los pasados dos meses han intentado pegar con todo al nuevo gobierno, dejando a un lado, claro está, la herencia de los gobiernos neoliberales y su complaciente acomodo con éstos. En castellano simple, como bien lo deja en claro el editorial de ayer de La Jornada, tras la fachada tecnocrática y supuestamente objetiva de los oráculos financieros se esconde un mero mecanismo de chantaje y una de las muchas maneras en que los capitales trasnacionales han uncido a naciones soberanas a la globalización neoliberal.

La acometida obtuvo respuesta de López Obrador: Esta calificación está castigando al país por la política neoliberal de los pasados 36 años, que fue un rotundo fracaso; sobre todo en los últimos años, y para ser más preciso el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno; pero nos toca pagar los platos rotos. Para que esto también quede claro: fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo y la corrupción. Lo único que puedo reprochar a las calificadoras, de manera respetuosa, es que durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y en la CFE permanecieron calladas (y cobrando).

Las rebanadas del pastel

Si de vividores se trata, habrá que ver la reacción de los partidos políticos por la iniciativa de ley que ayer presentó Tatiana Clouthier, la cual busca reducir 50 por ciento el financiamiento público a dichas empresas familiares.

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