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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Mathieu Tourliere

Ramírez Cuéllar: sería “vergonzoso” no sancionar a Peña Nieto

Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya. Foto: Octavio Gómez

A decir del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, la sanción de una década de inhabilitación a Emilio Lozoya, por omisión en su declaración patrimonial, puede ser el principio de un golpe contundente a la impunidad. Para el legislador, la participación del exdirector de Pemex en las tramas criminales de Odebrecht y OHL, así como en los daños patrimoniales en las recompras de Agronitrogenados y Fertinal, apunta hacia Peña Nieto como “el director de una orquesta criminal”.

(Proceso No. 2221)

 

 

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La inhabilitación de 10 años, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Emilio Lozoya Austin por omitir al menos una cuenta bancaria en su declaración patrimonial mientras dirigía Pemex, representa “sólo el inicio” de “un golpe contundente a la impunidad” que debe llegar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, estima Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

“Lozoya sólo pudo hacer lo que hizo en Pemex con la protección y el aval del presidente Peña Nieto”, sentencia el legislador de Morena en entrevista con Proceso.

“Estamos ante la oportunidad de poner en evidencia y con pruebas contundentes una conducta criminal de un expresidente de la República a partir del saqueo y del deterioro financiero de la principal empresa de este país”, sostiene Ramírez Cuéllar, para quien “sería vergonzoso” que, al terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, “Peña Nieto no fuera sancionado por todo este cúmulo de irregularidades”.

La sanción contra Lozoya y la multa de 620 millones de pesos que la SFP ordenó contra su exasesor Édgar Torres Garrido, por la compra a sobrecosto de Grupo Fertinal, marcan una línea más en el amplio historial de irregularidades, corrupción y favoritismos que el primero arrastró durante sus tres años al frente de Pemex, y que Proceso documentó ampliamente el sexenio pasado.

A más tardar el próximo 4 de julio, el “joven maravilla” –como se apodó a Lozoya en el arranque del sexenio– enfrentará la judicialización del caso Odebrecht por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y deberá responder ante la justicia por el presunto cobro de un soborno de 10.5 millones de dólares, primero mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, y luego como director general de Pemex.

Tiene otros casos pendientes, como el presunto favoritismo en el que incurrió con la empresa española OHL –de cuyo consejo de administración fue miembro– en los primeros meses que estuvo al frente de Pemex, o las adquisiciones de las plantas de Agronitrogenados y del Grupo Fertinal, que provocaron un desfalco multimillonario en las finanzas de Pemex.

Respecto a la compra del Grupo Fertinal al oscuro empresario Fabio Massimo Covarrubias, que este semanario reveló en febrero pasado (Proceso 2208), Ramírez Cuéllar asevera que se está analizando la posibilidad de formar una “comisión investigadora” para el “esclarecimiento total de esta operación y llegar hasta las últimas consecuencias”.

De acuerdo con el diputado, “a Lozoya le importa muy poco si lo inhabilitan 10 años para que no vuelva a trabajar en el gobierno… El siguiente paso tiene que ser una sanción de carácter penal y un esfuerzo de recuperación del dinero que es producto de un acto ilícito y de una operación totalmente irregular, fraudulenta, que solamente pudo realizarse con la complicidad y el aval del presidente de la República”.

Ramírez Cuéllar equipara la administración de Peña Nieto con “una organización criminal de defraudación financiera al Estado mexicano”, misma que, en su opinión, se llevó a cabo “por muchísimas vías: fue el sexenio de la facturación falsa y de las empresas fantasma, de complicidad y compadrazgo con empresarios”.

Cuando Lozoya tomó las riendas de Pemex, la empresa arrastraba una deuda de 786 mil 900 millones de pesos; seis meses antes de abandonar su dirección, era ya de 1 billón 485 mil millones de pesos.

Soberbia

“Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, comentó Lozoya a un grupo de periodistas el 26 de octubre de 2017, mientras salía de una ceremonia y conferencia de su abogado, Javier Coello Trejo.

Entonces el exdirector de Pemex no tenía por qué preocuparse. En los 10 días anteriores los dos funcionarios encargados de investigarlo por los sobornos de Odebrecht habían salido del gobierno: Raúl Cervantes Andrade renunció a la Procuraduría General de la República y Santiago Nieto Castillo fue removido de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Año y medio después, el horizonte se volvió más oscuro para Lozoya: el pasado sábado 4, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseveró que a más tardar en 60 días la FGR judicializaría el caso Odebrecht, en cuyo centro se encuentra el exdirector de Pemex, señalado por recibir 10.5 millones de dólares en sobornos.

La FGR cuenta al menos con las declaraciones de seis exdirectivos de Odebrecht e información financiera procedente de Suiza, donde Lozoya supuestamente operó una cuenta en el banco Gonet, abierta a nombre de una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas. La fiscalía cuenta con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, en la Secretaría de Hacienda y que rastreó el dinero y los vínculos de Odebrecht.

Luis Alberto de Meneses, el exdirector superintendente de Odebrecht en México, narró ante la justicia de Brasil que se reunió con Lozoya en marzo de 2012, en plena campaña presidencial de Peña Nieto. Durante este encuentro, según el exdirectivo, Lozoya lo instruyó para que depositara el dinero de los sobornos en cuentas de Latin American Asia Capital Holding y Zecapan, dos sociedades de papel.

De Meneses entregó a la justicia brasileña una serie de comprobantes de depósitos millonarios a las cuentas de dichas sociedades, efectuados durante la campaña de Peña Nieto y durante el proceso de adjudicación del contrato por la modernización en la refinería de Tula. Según la Auditoría Superior de la Federación, Pemex terminó esta obra con un sobrecosto de 953 millones de pesos.

“La influencia de Lozoya en el Consejo (de Administración de Pemex) fue determinante para conquistar el contrato. En función de eso, y en cumplimiento del acuerdo con Emilio Lozoya, autoricé al Sector de Operaciones Estructuradas el pago de 6 millones de dólares”, plantea la declaración del exdirectivo, que la organización Quinto Elemento Lab reveló en Proceso en agosto de 2017.

Fertilizantes

Si bien Lozoya tendrá que responder ante la justicia por el caso Odebrecht, Ramírez Cuéllar afirma que las adquisiciones de las plantas de fertilizantes de Agronitrogenados y del Grupo Fertinal representan “un delito financiero total y absolutamente claro; es un robo, un fraude a la nación, a la principal empresa productiva del Estado”.

Grupo Fertinal y ProAgro nacieron en 1992 de la privatización de Fertilizantes Mexicanos, la entonces empresa nacional de fertilizantes. Más de dos décadas después ambas fueron recompradas en un estado deplorable por Pemex bajo la dirección de Lozoya, como parte de su plan de “reactivación de la producción de fertilizantes en México”.

Este semanario reveló el conjunto de irregularidades que rodeó las adquisiciones de estas empresas, en las cuales Pemex gastó 26 mil 564 millones de pesos. De este monto, ya se perdieron 21 mil 174 millones, es decir, más de mil millones de dólares.

En los últimos cuatro años Pemex gastó 14 mil 998 millones de pesos en ProAgro –entre ellos 8 mil 271 millones para rehabilitar la maquinaria, aunque sus cinco plantas siguen sin operar ni producir insumo alguno– y tardará 16 años en reembolsar los cerca de 13 mil millones de pesos que le costó la adquisición del Grupo Fertinal.

En febrero pasado Proceso exhibió los pormenores de la operación “Proyecto Kimora”, en la cual Lozoya y su equipo de asesores diseñaron la compra de Grupo Fertinal al empresario de origen italiano Fabio Massimo Covarrubias, que provocó un triple desfalco a Pemex y tuvo entre sus protagonistas al multimillonario dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Este semanario mostró que los accionistas de Grupo Fertinal vendieron la empresa a Pemex por 203.4 millones de dólares, cuando sus activos valían 15 millones; también reveló que la petrolera absorbió la deuda de 425.8 millones de dólares que Fertinal tenía, entre otras causas, por maniobras dudosas de Covarrubias: compró un jet privado y transfirió 106 millones de pesos a una de sus empresas; en ambos casos terminó pagando Pemex.

Proceso también exhibió que, semanas antes de la entrega de acciones a Pemex Fertilizantes, los accionistas de Grupo Fertinal se otorgaron ellos mismos un dividendo de 871 millones 500 mil pesos, que Pemex pagó al adquirir formalmente la empresa. De este monto, 619 millones de pesos se entregaron “en efectivo” y se desconoce su paradero.

La compra de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) –del millonario Alonso Ancira Elizondo– por 450 millones de dólares también levantó serias dudas: Quinto Elemento Lab reveló que el 17 de febrero de 2014 –un mes después de celebrarse el contrato–, AHMSA transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, una sociedad offshore operada por Odebrecht para repartir sobornos a funcionarios de varios países.

La misma sociedad depositó 5 millones de dólares a la cuenta bancaria de Zecapan, S.A., presuntamente de Lozoya, quien negó haber recibido sobornos de la empresa de Ancira. Sin embargo, la reportera Jesusa Cervantes documentó en este semanario que el exdirector de Pemex viajó 54 veces en helicóptero de Pemex a la Torre GAN en Polanco, donde Ancira tiene sus oficinas.

Además utilizó a su gusto algunas aeronaves –voló a diversos lugares de México y Estados Unidos– que mandó comprar por 2 mil 445 millones de pesos para vigilar los ductos de Pemex (Proceso 2107).

Favoritismos

En febrero de 2016 el nombre de Odebrecht todavía no se relacionaba en la opinión pública con uno de los escándalos de corrupción más sonados en América Latina en el siglo XXI, y aún no estallaban los de Agronitrogenados y Fertinal.

El 8 de ese mes Lozoya renunció a la dirección general de Pemex, envuelto en otro escándalo: tres audios filtrados una semana antes lo exhibían por segunda vez en un presunto conflicto de interés con la constructora española OHL, pues daban a entender que la empresa y el funcionario se pusieron de acuerdo para obtener contratos.

Entre octubre de 2010 y septiembre de 2012 Lozoya formó parte del consejo de administración de OHL en México, cuando esta empresa ya destacaba como una de las más beneficiadas en contratos de obra pública por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. Y durante el sexenio presidencial del priista, la empresa española recibió contratos por al menos 30 mil millones de pesos. Al frente de Pemex, Lozoya nombró como director corporativo de Finanzas de la paraestatal a Mario Alberto Beauregard Álvarez, entonces director de finanzas de OHL México.

En su primer año y medio como director de Pemex, ésta le otorgó a OHL tres contratos por un total superior a 2 mil 400 millones de pesos.

Este semanario reveló que Lozoya utilizó su posición en Pemex para influir a favor de OHL en la petrolera española Repsol (Proceso 2022) y exhibió los vínculos que unían a Lozoya y Javier López Madrid, el yerno de Juan Miguel Villar Mir –presidente global de OHL– en la compañía madrileña Infoglobal, acusada de defraudar a accionistas españoles.

En febrero de 2012, mientras Peña Nieto estaba en campaña presidencial, Infoglobal consiguió, gracias a la intermediación de Lozoya, un contrato en México por 60 millones de euros para instalar sistemas de videovigilancia en dos centros penitenciarios federales.

Para obtenerlo, Infoglobal se asoció con la Desarrolladora Homex, empresa fundada por Eustaquio de Nicolás, quien fue compañero de cuarto de Peña Nieto en su época estudiantil, y cuyas empresas Expectras y Propiedades Inmobiliarias de México obtuvieron contratos federales por al menos 2 mil 731 millones de pesos en el sexenio pasado.

La Guardia Civil española descubrió que López Madrid no sólo tenía una fructífera relación con Lozoya: en su celular, las autoridades encontraron los números de siete exfuncionarios de primer nivel de Pemex, entre ellos Arturo Henríquez Autrey, uno de los más cercanos a Lozoya.

En julio de 2014, una filial privada de Pemex adjudicó el contrato para construir el gasoducto Los Ramones II a un consorcio formado ex profeso por Odebrecht y, a la par, contrató a una filial de OHL para supervisar los trabajos de ingeniería. El resultado fue un sobrecosto de 28 millones de dólares, como reveló el Huffington Post.

Según Ramírez Cuéllar “todo apunta hacia Peña Nieto… Él no era solamente presidente de la República, sino el director de una orquesta criminal que saqueó las finanzas nacionales. Construyeron un verdadero sistema muy completo, pero algunos cabos están sueltos, como Fertinal, Agronitrogenados y OHL”.

Y advierte: “Si los agarramos con seriedad, nos van a permitir llegar hasta la cúspide”

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