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Rumbo a la cuarta transformación de México

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J. Jesús Esquivel

Felipe Calderón permitió a la CIA operar desde México

Calderón otorgó a la CIA licencia para operar libremente en México. Foto: Especial

Expedientes mexicanos clasificados consultados por Proceso revelan que el presidente Felipe Calderón autorizó la operación de las agencias de inteligencia estadunidense en México desde el 22 de mayo de 2007, cuando se firmó una declaración conjunta México-Estados Unidos. Tres años después, ambos gobiernos suscribieron en Washington el Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de Información de Inteligencia, cuyo propósito era dar luz verde a la CIA para que trabajara en territorio mexicano

(Proceso No. 2229)

 

 

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J. Jesús Esquivel

Durante su gestión en Los Pinos, y escudándose en acuerdos firmados con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida, aun por encima de las restricciones constitucionales y soberanas del país, Felipe Calderón otorgó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) licencia para operar libremente en México

Documentos clasificados de México que pudo consultar Proceso revelan cómo durante el sexenio del panista el gobierno de los Estados Unidos desplegó a sus espías en territorio mexicano para “participar” en la guerra contra el narcotráfico que resultó un fracaso.

En septiembre de 2010, en un encuentro protocolar realizado el Washington, el entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, expuso: “Durante la administración del presidente Calderón el nivel de cooperación entre el Cisen y la CIA ha sido excepcional. Por lo tanto, es necesario profundizar y expandir los proyectos de cooperación que se pusieron en marcha en 2007 y 2008”.

Los documentos clasificados por el gobierno mexicano –entre los cuales se encuentra el que leyó aquel año Valdés Castellanos– exponen por primera vez lo que las autoridades del país y el gobierno federal estadunidense siempre han negado: la participación de agentes de la CIA en operativos realizados en México.

El 10 de septiembre de 2010, el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, suscribió con la Oficina Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos el Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de Información de Inteligencia (ACII). El encuentro, a puerta cerrada, se efectuó en Washington y su propósito era dar luz verde a la CIA para que sus agentes desplegados en territorio mexicano hicieran su trabajo de inteligencia.

Según el artículo 4 del ACII, “las actividades en el marco del acuerdo, serán desarrolladas desde un centro de trabajo a ser reconocido, en adelante, como el Centro Regional de Inteligencia y Operaciones (CRIO)… Para el mejor desempeño de las actividades, cada una de las partes contará con un espacio físico dentro del CRIO y será responsable de los gastos relacionados con el equipamiento y mantenimiento de dicho espacio. Otros detalles relacionados con la utilización del CRIO podrán ser acordados por las partes en un instrumento que será parte integral del presente acuerdo”.

El CRIO se ubicaba en la Ciudad de México y lo controlaban la Secretaría de Gobernación por medio del Cisen y la CIA, en representación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En aquella ocasión, Valdés Castellanos aclaró a sus contrapartes estadunidenses: “Es indispensable mencionar explícitamente que el jefe de estación de la CIA en México deberá reportar sus actividades e información no sólo a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), sino al funcionario civil que designe (el gobierno mexicano), en este caso dentro del Cisen.»

Los acuerdos de cooperación bilateral

Según los expedientes clasificados en el sexenio de Calderón, éste autorizó la operación de las agencias de inteligencia estadunidenses en México desde el 22 de mayo de 2007, cuando se firmó una declaración conjunta México-Estados Unidos. El 25 de agosto de 2008 la reforzó con la creación del Marco Estratégico de Inteligencia Mé-xico-Estados Unidos, firmado por el propio Valdés Castellanos y Michael McConnell, director de la DNI.

Dos años después, con la firma del ACII en septiembre de 2010 Calderón amplió las libertades de operación de la CIA en México –ante el fracaso de su lucha militarizada contra el narcotráfico– y usó como justificación la asistencia que recibía de Estados Unidos mediante la Iniciativa Mérida.

“El presidente Calderón ha dado una importancia preponderante al trabajo de inteligencia en su estrategia de seguridad. Por tal motivo, se han realizado acciones concretas para fortalecer al Cisen… es fundamental trabajar para incrementar el intercambio de inteligencia estratégica sobre la operación del crimen organizado, no sólo dentro del territorio mexicano sino, especialmente, en Centroamérica y los países del Caribe”, refiere el mensaje que Valdés Castellanos llevó a Washington.

El propósito del ACII –que abogaba por una mayor participación de agencias estadunidenses, como la CIA, en México– era conjuntar los esfuerzos de ambos países para optimizar sus trabajos de inteligencia y desarrollo tecnológico en el combate a la delincuencia organizada, sobre todo a los cárteles de la droga.

Así lo indica el artículo primero del acuerdo: “Las partes coordinarán el intercambio y análisis de información de inteligencia entre sus autoridades competentes, a fin de diseñar y planificar estrategias y ejecutar operativos en contra de la delincuencia organizada trasnacional”.

En las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado, en plena Guerra Fría, agentes de la CIA se dedicaron a espiar a la embajada de Cuba en México para interceptar las comunicaciones entre La Habana y Moscú. A Washington le preocupaba sobremanera que el comunismo soviético se expandiera en el hemisferio.

Y aun cuando existen fotografías y documentos de esa época desclasificados por Estados Unidos sobre las actividades de sus agentes en el extranjero, la CIA –la principal agencia de espionaje de Estados Unidos– niega categóricamente su presencia fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Incluso una de sus leyendas reza: “La CIA no tiene presencia trasnacional”.

En el ACII el gobierno de Calderón designó, además del Cisen, a la Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General– como las entidades que participarían en el CRIO.

Uno de propósitos de la CIA es que en los países donde tiene desplegados a sus agentes los gobiernos les permitan operar con plena libertad. En México, la administración de Calderón les dio luz verde ante su fallida guerra por contener la violencia provocada por los narcotraficantes.

Y aunque permitió a los agentes de la CIA espiar a narcotraficantes y criminales en México, Calderón intentó acotar sus actividades. Según el ACCI, “los representantes designados por las autoridades de cada país para participar en las actividades de cooperación previstas en el presente acuerdo:

“a) no podrán portar armas, ni uniformes oficiales durante su estancia en el territorio de la otra parte (México);

“b) no podrán ejercer actos de autoridad en el territorio de la otra parte, ni realizar funciones que se encuentren reservadas exclusivamente a las autoridades de dicha parte, conforme a su legislación interna;

“c) continuarán bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezcan, por lo que se crearán relaciones de carácter laboral con la otra parte.”

Los firmantes del documento dejaron una cláusula de secrecía para que la información recabada por sus agencias que integraban el CRIO no se conociera por sus respectivos países ni cayera en manos de los medios de comunicación.

“Las partes protegerán de divulgación pública la información intercambiada en el marco del presente acuerdo, de conformidad con su legislación nacional, y no podrán transferirla a terceros sin la previa autorización de la parte que la suministró”, se lee en el documento.

Por lo que se desprende de los folios clasificados consultados por el corresponsal, Calderón deseaba homologar a Estados Unidos; quería contar con una CIA mexicana y pensaba que con el Cisen podría materializar ese objetivo: “El Cisen es la ventana de entrada a México para las agencias estadunidenses de inteligencia, independientemente de la interlocución que se pudiera tener con otras agencias.»

Los méritos de Bush

El marco estratégico binacional de espionaje al narcotráfico y al crimen organizado tenía en 2010 tres objetivos principales: ofrecer perspectivas analíticas sobre aspectos estratégicos clave y amenazas potenciales; promover y desarrollar colaboración de inteligencia en temas de interés común, y establecer una relación de alto nivel que pudiera ser usada para atender otros temas bilaterales que se consideraran importantes.

En 2007 y 2008, bajo el lema de la “corresponsabilidad” en la lucha al narcotráfico, agentes de la CIA, de la Administración Federal Antinarcóticos (DEA), del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Pentágono y otras agencias de espionaje estadunidenses obtuvieron la licencia de las autoridades de México para incursionar en su territorio. La Iniciativa Mérida, cuya primera carta de acuerdo con México se firmó en diciembre de 2008, permitió la creación y establecimiento del Centro contra el Crimen y Narcóticos, el Centro Nacional Antiterrorista, el Centro de Recursos Abiertos y el Centro de Escrutinio al Terrorismo.

“Hemos convenido en que, por su naturaleza trasnacional, esta delincuencia sólo podrá ser combatida de manera más eficiente bajo los principios de responsabilidad compartida, respeto a nuestras respectivas jurisdicciones, soberanía y Estado de derecho”, declaró Valdés Castellanos ante la DNI en el encuentro del 10 de septiembre de 2010 en Washington.

“La Iniciativa Mérida ha contribuido de manera significativa a ordenar este esfuerzo y a darle un sentido estratégico a nuestra cooperación”, agregó, de acuerdo con el documento clasificado consultado por el corresponsal.

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York, al Pentágono en Washington y el derribo de un avión de pasajeros en Shanksville, Pensilvania, el entonces presidente George W. Bush presionó al gobierno de México para que aceptara la presencia de sus agencias de espionaje en su territorio y les diera mayores libertades.

Además, expuso a su homólogo Vicente Fox que la actuación de agentes de la CIA y el FBI en México era necesaria y urgente para evitar el ingreso de terroristas a Estados Unidos por la frontera sur de su país. Washington obtuvo parcialmente lo que deseaba para sus agencias de inteligencia. El 22 de mayo de 2007, con la firma de una “declaración conjunta”, el sucesor de Fox, Calderón, le dio a Bush lo que exigía.

“Con este fin, ambos gobiernos, a través del Terrorist Screening Center (TSC) de los Estados Unidos de América y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de México han desarrollado un protocolo operativo para el intercambio de información sobre el rastreo de terroristas”, indica la declaración conjunta consultada por Proceso.

El documento lo firmaron Carlos Rico Ferrat, entonces subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Maura Harty, subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos Consulares del Departamento de Estado.

La cooperación de 2007 –que ampliaba la operación en México de la CIA y otras agencias estadunidenses– se justificó por los ímpetus de Washington por identificar a terroristas o presuntos terroristas.

El propósito era que las agencias de los dos países intercambiaran la información de inteligencia sobre “terrorismo” en tiempo real y de manera regular para prevenir cualquier incidente y coadyuvaran al rastreo de personas sospechosas que tuvieran el perfil definido por la CIA.

“Este protocolo operativo aborda el alcance y método del intercambio, los procedimientos en caso de coincidencias y las medidas para salvaguardar la información. El protocolo busca complementar los actuales canales de comunicación entre los gobiernos y no intenta sustituir o afectar los intercambios de información y cooperación en materia de terrorismo internacional existentes o futuros, entre sus instituciones gubernamentales. Se prevé que el intercambio de información para el rastreo de terroristas comience al suscribirse el protocolo operativo”, concluye la declaración conjunta.

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