Todo el debate sobre el cierre de las estancias infantiles –anunciado por el gobierno federal– podría encontrar otro sustento si las estadísticas oficiales fueran menos vagas, confusas y difusas. En 2015, según el Inegi, el número de menores hasta cuatro años ascendía a cerca de 10.5 millones. La cifra no es exacta. Frecuentemente, sobre todo en el mundo rural, los padres no inscriben a los recién nacidos en el Registro Civil. Su número real podría alcanzar 11.5 millones. De este universo, al menos 4.5 por ciento merecía atención en una de las modalidades que reciben sus fondos de la Federación. Por un lado, las guarderías del IMSS y del Issste; por el otro, las que se multiplicaron al amparo del DIF y Sedesol con las administraciones panistas. La diferencia es que las segundas obtienen sus ingresos del erario público y de cuotas que pagan los padres. En el debate no ingresó el otro universo que representa el cuantioso número de guarderías privadas. Si se suma todo, no menos de 9 por ciento del total de los niños del país es enviado a centros de cuidado infantil.

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