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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Epigmenio Ibarra

Se sabrá la verdad, se hará justicia

(SinEmbargo.Mx)

 

 

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Epigmenio Ibarra

“Para los que de sangre salpicaron la patria,
pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el crimen,
pido castigo.
Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
pido castigo.”

Pablo Neruda

Se va Enrique Peña Nieto, comienza a caer con él todo el andamiaje político, militar, policiaco, judicial, propagandístico y mediático montado por su gobierno, a lo largo de 4 años, para evitar que se conociera la verdad y se hiciera justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 43 que representan a las más de 40 mil víctimas de desaparición forzada en este país convertido, por acción y omisión de gobernantes (como el propio Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón), en una enorme fosa clandestina. 43 que han mostrado al mundo la forma, a un tiempo despiadada y banal, en la que opera un régimen criminal para el que la vida de las y los ciudadanos no tiene ninguna importancia.

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John Ackerman

¡Ayotzi vive!

(La Jornada)

 

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John M. Ackerman

Hoy hace dos años el Estado mexicano desapareció a 43 y ejecutó a tres jóvenes activistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este brutal acto de censura y de represión contra un grupo de disidentes políticos abrió los ojos del mundo respecto de la verdadera naturaleza del narcoestado mexicano. Muchos ya lo sabíamos, pero con el escarmiento del 26 de septiembre de 2014 quedó perfectamente claro para todos que el gobierno supuestamente moderno y reformador de Enrique Peña Nieto era en realidad un gobierno asesino y corrupto.

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Magdalena Gómez

Autorretrato del Estado mexicano ante la CIDH

(La Jornada)

 

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Magdalena Gómez

El pasado 2 de marzo la Comisión In­ter­a­mericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su informe 2016 sobre la situación de derechos humanos en México. Señaló que su elaboración se basa en la observación realizada durante su visita in loco que tuvo lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, así como otras visitas de la CIDH y de sus relatorías temáticas, en el monitoreo que la comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos. Es importante destacar esta referencia, pues el gobierno mexicano recibió el proyecto de informe el 24 de noviembre y el 15 de diciembre del mismo año remitió sus airadas observaciones al proyecto en un documento de 93 páginas. De entrada, descalificó a la CIDH, como ha reiterado estos días, porque en una breve visita, dijo, obtuvo en nuestro país información; exige que se le diga la forma en que fue elaborado, es decir, sus fuentes y metodología a los ámbitos material, espacial y temporal.

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Carlos Fazio

El caso Iguala y la Sedena II

(La Jornada)

 

Carlos Fazio

 

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Carlos Fazio

Las razones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para entrevistar a 27 oficiales y soldados del 27 batallón de infantería del Ejército en Guerrero son simples. Como se decía en la entrega anterior, sus testimonios pueden resultar clave para la dilucidación de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27 en Iguala. A su vez, las preguntas formuladas en Washington a dos subsecretarios de Estado mexicanos (Roberto Campa y Eber Omar Betanzos) por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por el relator para el Caso México, Rose Marie Antoine y James Cavallaro, respectivamente, en el sentido de que aclararan quién manda en México, si el presidente de la República o el secretario de la Defensa, tenían que ver con la negativa del jefe del Ejército, general Salvador Cienfuegos, a colaborar con las indagatorias judiciales del caso.

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Carlos Fazio

El caso Iguala y la Sedena I

(La Jornada)

 

Carlos Fazio

 

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Carlos Fazio

El 16 de diciembre, a casi 15 meses de la tragedia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que en el expediente del caso Iguala no hay cerrazón ni carpetazo al tema. La investigación continúa. El funcionario dijo que se buscan nuevas líneas de investigación para saber qué sucedió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas detenidos y desaparecidos por agentes del Estado mexicano, y pidió dejar a un lado las especulaciones respecto del basurero de Cocula, con lo que pareció apartarse de la verdad histórica del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, quien el 27 de enero último afirmó: “Sin lugar a dudas (…) los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero) y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

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Anabel Hernández y Steve Fisher

los abarca

La PGR los acusa de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Son el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ambos presos desde noviembre de 2014. Y los dos, en sendas entrevistas con Proceso, se dicen inocentes, denuncian lo que consideran irregularidades en sus detenciones y sostienen que no se dedicaban a ninguna actividad ilícita.

(Proceso No. 2034)

 

Anabel Hernández

 

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Anabel Hernández y Steve Fisher

La noche del 26 de septiembre de 2014 la Policía Municipal pidió el apoyo del Ejército y de la Policía Federal ante la situación de violencia que se estaba manifestando en Iguala, pero ni uno ni otra acudieron, asegura José Luis Abarca, exalcalde de esa localidad y quien lleva casi un año en la cárcel, acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber ordenado en esa fecha la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

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Olga Pellicer

Los derechos humanos, en la encrucijada

(Proceso No. 2033)

 

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Olga Pellicer

Los derechos humanos se han colocado en el centro de la política nacional. Son, junto con la corrupción, un tema que será prioridad en la vida política del país durante los próximos años. Las instituciones internacionales han contribuido a darles esa notoriedad. La evaluación negativa al respecto ha sido contundente. “Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”, declaró al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al hacerlo, expresó también el apoyo incondicional a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH para el caso de Iguala.

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Héctor Tajonar

Gobierno del encubrimiento

(Proceso No. 2033)

 

Héctor Tajonar

 

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Héctor Tajonar

El creciente desfase entre los intereses ciudadanos y los de la élite gobernante es evidente. La brecha que separa al gobierno de Enrique Peña Nieto de la sociedad se profundiza al tiempo que aumenta la distancia entre la ley y su cumplimiento. Mientras los mexicanos demandan una democracia eficaz, probidad en la administración pública, castigo a los corruptos, así como respeto a la legalidad y los derechos cívicos, quienes ostentan el poder pretenden lucrar impunemente con sus cargos y ocultar la omnipresente corrupción y la violación de los derechos humanos –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones de mujeres y niñas, feminicidios– perpetradas por autoridades civiles, policiacas y militares. En consecuencia, el encubrimiento se ha convertido en prioridad de la presente administración.

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Pedro Miguel

Ejército en problemas

(La Jornada)

 

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Pedro Miguel

En un país realmente democrático, en un estado de derecho, la población civil percibe a las fuerzas armadas como un factor de seguridad y tranquilidad, se supone. En el México actual, en cambio, las instituciones militares causan pánico a un número cada vez mayor de personas y comunidades. Así ha sido en Guerrero desde los años 70 del siglo pasado, cuando Echeverría recurrió a la institución armada como columna vertebral de la guerra sucia contra las organizaciones guerrilleras. En Chiapas Zedillo envió a los militares a hostigar a las comunidades zapatistas. En Oaxaca y en otras regiones, especialmente rurales, el uso del Ejército en labores de contrainsurgencia y combate al narcotráfico abrió margen para violaciones a los derechos humanos. En la capital, a pesar del papel desempeñado por los soldados en la represión del movimiento estudiantil del 68, la institución castrense era generalmente vista como más brusca que la policía pero mucho menos corrupta. Por lo demás, las Fuerzas Armadas mantuvieron su prestigio entre la clase media y el empresariado, particularmente en zonas del norte, en donde hasta hace unos años tales sectores pedían a gritos un despliegue militar que bastaría, pensaban, para poner fin a la inseguridad, la violencia y la impunidad de los cárteles. Y hasta el sexenio de Vicente Fox la mayoría de la opinión pública se resignaba a que los militares gozaran de un estatuto de excepción que les aseguraba opacidad e impunidad totales.

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Pedro Miguel

La pira como símbolo

(La Jornada)

 

Pedro Miguel

 

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Pedro Miguel

La gigantesca fogata en el basurero de Cocula que nos relató el ex procurador Jesús Murillo Karam es real de alguna manera, en el mismo sentido en que lo son los otros relatos urdidos por el poder público federal en torno al ataque sufrido en Iguala por los normalistas de Ayotzinapa hace casi un año. Por ejemplo, la historia de que el matrimonio Abarca-Pineda ordenó la agresión para impedir que los muchachos deslucieran un acto público del DIF local, y la que le siguió: que el cártel local confundió a los chavos normalistas con integrantes de una organización rival. El conjunto de la administración peñista y en particular la sucesora del gran fabulador, Arely Gómez, siguen alimentando el fuego de la hoguera, ahora con una identificación basada en indicios genéticos tan inciertos que podría llevar a confundir los restos de Carlota con los de Luis XVI, con quien la breve emperatriz estaba emparentada por la línea materna.

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Héctor Tajonar

Justicia sometida

(Proceso No. 2029)

 

Héctor Tajonar

 

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Héctor Tajonar

El presidencialismo mexicano ha cobrado nuevos bríos en este gobierno, a pesar de la baja popularidad de quien hoy ostenta la titularidad del Ejecutivo. Se ha restaurado la preeminencia de éste sobre los otros dos poderes, con el exceso y arbitrariedad en el uso de sus facultades propio del sistema de partido hegemónico del siglo pasado. Ello no es una buena noticia para nuestra endeble democracia, tampoco para el imperio de la ley o la gobernabilidad.

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Anabel Hernández y Steve Fisher

Iguala: las horas del exterminio
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Durante 11 meses de investigación sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 –con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley–, se han obtenido decenas de testimonios, videos, fotografías, audios y miles de fojas de expedientes de la Fiscalía General de Guerrero y de la PGR. Con esta información se han reconstruido hechos, como los que aquí se narran, que hasta ahora ninguna instancia ha tomado en cuenta, como el tiroteo de media hora contra uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa o la presunta participación de agentes encubiertos del Cisen en una de las muchas agresiones de esa trágica noche.

(Proceso No. 2029)

 

Anabel Hernández

 

Mas de

Anabel Hernández y Steve Fisher

Fernando Marín estaba en el suelo, junto al autobús Estrella de Oro, bañado en su propia sangre, sometido como sus compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El disparo que recibió minutos antes le destrozó el antebrazo derecho. La herida aún estaba caliente y todavía no dolía tanto.

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María Teresa Sierra

Emergentes respuestas locales a la violencia y la impunidad: Ayotzinapa y la crisis de la seguridad pública en Guerrero, México

(Latin Amarican Studies Association)

 

Maria Teresa Sierra

 

María Teresa Sierra*

La crisis de Ayotzinapa debido al asesinato impune de 6 personas y la desaparición forzada de 43 más en Iguala, Guerrero, no sólo revela una política de muerte y una emergencia de derechos humanos en el estado de Guerrero sino también la fuerza de las organizaciones sociales y de los pueblos para exigir justicia y para generar alternativas y respuestas a la violencia y la inseguridad. En este artículo, me interesa destacar estos dos aspectos, la crisis de seguridad que involucran los hechos de Ayotzinapa y por otro lado, de manera principal, las emergentes respuestas de actores locales organizados para enfrentarla, subrayando en particular el notable papel de las policías comunitarias que desnudan al Estado y evidencian el fracaso de sus políticas de seguridad pública. No es un hecho fortuito el que hayan sido las policías ciudadanas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) las que, desde el principio, han acompañado a los familiares de los desaparecidos en la búsqueda de los estudiantes. Tampoco es extraño que sean las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) las entidades que cuiden las instalaciones de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. Así como existe una continuidad en la política represiva y de guerra sucia en el estado de Guerrero, hay también una energía de resistencia anclada en organizaciones sociales que enfrentan la impunidad y luchan por la justicia.

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