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Rumbo a la cuarta transformación de México

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Mathieu Tourliere

Caso Fertinal

Cuenta regresiva para Peña Nieto…

El escándalo de corrupción relacionado con la empresa chatarra por la que Pemex pagó 635 millones de dólares, Fertinal,ya rebasó las fronteras e implica a cada vez más exdirectivos de Petróleos Mexicanos y empresarios advenedizos… Pero ahora apunta directamente al expresidente Enrique Peña Nieto, quien presuntamente autorizó la transacción mediante un soborno, de acuerdo con una denuncia interpuesta en Estados Unidos.

(Proceso No. 2200)

 

 

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Mathieu Tourliere

La trama de la compra-venta a sobreprecio de la empresa Grupo Fertinal a Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin –ahora prófugo de la justicia– dio un nuevo brinco la semana pasada con la inclusión del nombre del expresidente Enrique Peña Nieto en una denuncia interpuesta en Estados Unidos, según la cual él “aprobó” la transacción con un soborno de por medio.

De acuerdo con la denuncia la dádiva que presuntamente recibió el presidente pasó por el fideicomiso F/470 de Banco Azteca, que tenía una cuenta en Banco del Bajío (CLABE 030180900006555442) y una cuenta intermediaria en el Standard Chartered Bank de Nueva York, como muestran documentos consultados por Proceso.

Fue a través de esta cuenta que se repartieron los 203.4 millones de dólares que Pemex desembolsó para la compra de la empresa; la misma cuenta sirvió para esparcir una parte del dividendo de 871 millones 500 mil pesos que el grupo de accionistas –encabezado por el empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer y abogados vinculados con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego– se otorgó a sí mismo el 25 de septiembre de 2015, apenas dos meses antes de la firma del contrato.

De ese dividendo, 619 millones 400 mil pesos fueron repartidos “en efectivo” a través del fideicomiso, mientras que los 252 millones 100 mil pesos restantes se distribuyeron “por medio de un aumento en la parte variable del capital social, sin la emisión de acciones representativas de dicho capital”, como reveló Proceso en su edición 2208.

La operación de compra-venta de Fertinal por 635 millones de dólares se diseñó desde la Dirección General de Pemex –entonces a cargo de Lozoya–, y fue bautizada Proyecto Kimora. Incluyó que Pemex pagara los 406 millones de dólares de deudas que Fertinal debía a Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, propiedad de Salinas Pliego.

El 21 de enero de 2016, una semana antes de concretarse el traspaso de acciones, los accionistas de Fertinal y Pemex crearon el fideicomiso F/2705 en el Banco Invex, el cual fue utilizado entre septiembre 2016 y enero 2018 para dispersar 38 millones 836 mil dólares que Pemex pagó como “cantidad en depósito” en la firma del contrato.

De ese monto, 27 millones 534 mil dólares terminaron en la cuenta bancaria del Fideicomiso F/470, el cual detenía todas las acciones de Fertinal menos una en prenda.

En esas operaciones, dos personajes allegados a Covarrubias y a Salinas Pliego jugaron un papel central, pues eran miembros del Comité de Instrucción del fideicomiso de Invex: Rodolfo Ramos Menchaca, titular de la notaría 117 en Guadalajara, Jalisco, y socio de Covarrubias, y José Luis Riera Kinkel, consejero suplente de Banco Azteca desde 2002 y director general de Finanzas Corporativas de Grupo Salinas en aquella época.

En el momento de la transacción, Covarrubias detentaba 2 mil 392 millones de acciones de Grupo Fertinal, tanto bajo su propio nombre como a través de dos empresas: Inmobiliaria Corporativa Las Cañadas, SA de CV, y una sociedad de papel incorporada en Londres llamada Westside Capital Markets, LLP., que a su vez está ligada a una compleja estructura offshore conformada por compañías en Luxemburgo, Bélgica y Nueva Zelanda.

Dos sociedades de papel extranjeras vinculadas con Salinas Pliego –NPK Hol-ding, creada en Suecia, y Base Rock BVBA, en Bélgica– poseían otras mil 82 millones de acciones en el fideicomiso, la mayor parte de ellas de serie “A”.

Las acciones restantes se dividían entre socios menores de Grupo Fertinal: Carlos Guillermo Covarrubias Ibarra –el hijo del empresario– Ignacio Sierra Noriega, Ángel Ricardo Carmona Garduño, Anna Chiara Piffer Becciani de Covarrubias –la madre de Covarrubias–, así como Giancarlo Fustini Ventilari y Pablo Ignacio Duhart Aranzubia.

Desde abril de 2014, el presidente del consejo de administración de Grupo Fertinal era Everardo Joaquín Espino Guerrero –quien fuera abogado de compañías de Salinas Pliego– y el presidente suplente era Enrique Gutiérrez Flores, entonces socio de Espino en el despacho Espino & Gutiérrez y en Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.

Hoy, en el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador Gutiérrez Flores dirige el área fiduciaria de Banobras.

La pista Peña Nieto

Prófugo de la justicia y acorralado por la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya publicó una carta abierta el lunes 10 en la cual anunció que no se presentaría ante el juez, pero reiteró su disposición a “colaborar” y “manifestar la verdad histórica” sobre los hechos de corrupción que se le imputan.

“Aclararé que funcionarios del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga con las consecuencias que haya para cualquier persona”, expuso el exdirector de Pemex, mientras su abogado, Javier Coello Trejo, insitía en que citaría a comparecer a Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso en un hipotético juicio.

El martes 18 El Universal informó sobre la denuncia que un “informante” interpuso ante el Departamento de Justicia y la Comisión Bancaria y de Valores de Estados Unidos, según la cual la compra-venta a sobreprecio de Fertinal se concretó mediante al pago de un soborno a Peña Nie-o operado a través del fideicomiso F/470.

“El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción mediante el soborno (a Peña Nieto) que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer, pagó utilizando el fideicomiso F/470 que se creó para formalizar la operación de compra-venta. Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno”, dijo el denunciante, citado por el periódico.

Esta denuncia contiene al menos un error factual: el fideicomiso fue creado en octubre de 2006 –nueve años antes de la operación de compra-venta– para concentrar las acciones de Grupo Fertinal y asegurarse de que la empresa reembolsaría sus deudas a las sociedades vinculadas con Salinas Pliego. Por lo tanto, no fue creado “para formalizar” el Proyecto Kimora.

El mismo martes 18 en su cuenta de Twitter el exmandatario priista rechazó “categóricamente” las “falsas imputaciones” en su contra, y añadió: “No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

Al día siguiente, Pedro Joaquín Coldwell, quien como secretario de Energía presidió el Consejo de Administración de Pemex durante la operación de compra-venta de Grupo Fertinal, se deslindó de cualquier irregularidad y exhortó la FGR a que lo cite a comparecer.

“Las decisiones que tomamos los ex-consejeros, en este caso concreto, fueron como es la práctica, a partir de avalúos y dictámenes que presentó la administración de Pemex, realizados por firmas internacionales establecidas en el país, de reconocido prestigio que acreditaban el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compra-venta de dicha empresa”, expuso Joaquín Coldwell en una carta.

Sin embargo, en enero pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su informe 492-DE que el Consejo de Administración “tuvo conocimiento, en el periodo de compra, de las deficientes condiciones operativas y financieras” en las que se encontraba Fertinal, y a pesar de ello aprobó su adquisición a sobreprecio.

“Las consultoras Strategy& y PricewaterhouseCoopers, SC (PWC), habían identificado que Fertinal, antes de ser adquirida, presentaba un rendimiento sobre capital (ROE) en niveles mínimos o por debajo de los comparables, situación que se debía a la baja rentabilidad de la empresa en los últimos años”, planteó.

Los desfalcos de Covarrubias

Covarrubias también envió una carta al periódico El Universal, en la cual insistió en que nunca conoció a Peña Nieto ni a Lozoya, echó la culpa a Pemex por el estado actual de la empresa y dio a entender que el “informante” interpuso la denuncia porque tiene pleitos legales con él, aunque no lo identificó.

Y abundó: “Pareciera que dichos señalamientos podrían obedecer a tácticas de distracción por algunas otras personas o grupos y por los defensores de Emilio Lozoya, como una estrategia para escalar e internacionalizar el asunto, así como para tratar de debilitar mi reputación y posición jurídica en otros asuntos donde estamos enfrentados con estos últimos.

“El comprador de Fertinal recibió una empresa productiva eficiente, sana y exitosa; hoy su estado es muy distinto al que fue entregado. Lo que hizo (Pemex) se equipara a la compra de un automóvil en perfecto estado para desvalijarlo, sacarlo a la calle, provocar un choque y culpar al vendedor del lamentable estado del vehículo.

Meses antes, en su informe 492-DE, la dio una versión radicalmente distinta a la del empresario: tras analizar los estados financieros de Pemex Fertilizantes, determinó que el “crédito mercantil” de Fertinal –es decir, el valor de su “marca”– valía 4 mil 007 millones de pesos menos de lo que pagó Pemex. Dicho de otro modo, hubo un sobrecosto de 188 millones de dólares.

La ASF también señaló que Pemex debería inyectar otros mil 190 millones de pesos en Fertinal en los próximos dos años para que sus plantas operen normalmente, ya que en 2017 hubo “fallas mecánicas, maquinaria obsoleta, bajo inventario de insumos y un paro programado más extenso por remplazos de piezas”.

En otras palabras, y retomando la metáfora automovilística de Covarrubias, la ASF determinó que Pemex adquirió una chatarra por el precio de una camioneta del año.

En febrero pasado, Proceso reveló que Covarrubias desfalcó cientos de millones de pesos del patrimonio de Grupo Fertinal, que Pemex terminó pagando cuando adquirió la empresa. Sus maniobras implicaron, entre otros, la compra de un jet privado Gulfstream G150 nuevo por 13 millones 874 mil dólares, así como el desvío de 106 millones de pesos meses antes de la compra.

Un anexo del contrato de compra-venta también muestra que Covarrubias no sólo era accionista de Grupo Fertinal: entre 2012 y 2015 cobró a cuatro filiales de la empresa por la “prestación de servicios profesionales” al menos 2 millones 800 mil dólares, lo cual pudo ser irregular, según el mismo documento.

El anexo incluye estos pagos de servicios profesionales como parte de las “contingencias en materia fiscal” de Fertinal, y plantea que “en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales, éstas podrían asimilar a salarios los pagos efectuados a Fabio Covarrubias Piffer y solicitar el entero de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (…) la autoridad podría cuestionar la deducción de dichos pagos”.

En septiembre de 2016 prescribió el plazo que tenía el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar esta irregularidad, por lo que se repartió 1 millón de dólares a través del Fideicomiso F/470.Westside Capital Markets LLP, su sociedad de papel incorporada en Londres en 2004 –y que Covarrubias controlaba mediante una sociedad de Nueva Zelanda llamada Fanzom Limited– reportó en sus estados financieros no auditados de 2015 un ingreso de 45 mil 445 libras por la venta de 26.6% de acciones que esa sociedad poseía en Fertinal.

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Álvaro Delgado

Gertz Manero: Firme, el caso contra Lozoya… y otros prominentes peñanietistas

Funcionarios de Pemex durante la gestión de Peña. Foto: Especial

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostiene que el caso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin está firme. No obstante, en entrevista con Proceso advierte que si comete un error lo asumirá; pero si es de un juez, él lo hará público. La investigación de la planta de Agronitrogenados, dice, no es la única sobre la corrupción al más alto nivel. Y adelanta que siguen otros casos emblemáticos, como el de Odebrecht, en el que presuntamente también están implicados Lozoya y Peña Nieto.

(Proceso No. 2222)

 

 

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Álvaro Delgado

Además de Emilio Lozoya Austin, el fugitivo exdirector de Pemex, su hermana Gilda y Alonso Ancira Elizondo, el empresario detenido en España, la Fiscalía General de la República (FGR) va contra otros prominentes personajes del gobierno de Enrique Peña Nieto implicados en la compra-venta de la planta chatarra de fertilizantes que le causaron un millonario daño patrimonial al país.

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Mathieu Tourliere

Ramírez Cuéllar: sería “vergonzoso” no sancionar a Peña Nieto

Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya. Foto: Octavio Gómez

A decir del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, la sanción de una década de inhabilitación a Emilio Lozoya, por omisión en su declaración patrimonial, puede ser el principio de un golpe contundente a la impunidad. Para el legislador, la participación del exdirector de Pemex en las tramas criminales de Odebrecht y OHL, así como en los daños patrimoniales en las recompras de Agronitrogenados y Fertinal, apunta hacia Peña Nieto como “el director de una orquesta criminal”.

(Proceso No. 2221)

 

 

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Mathieu Tourliere

La inhabilitación de 10 años, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Emilio Lozoya Austin por omitir al menos una cuenta bancaria en su declaración patrimonial mientras dirigía Pemex, representa “sólo el inicio” de “un golpe contundente a la impunidad” que debe llegar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, estima Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

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Héctor Tajonar

Impunidad institucionalizada

(Proceso No. 2088)

 

Héctor Tajonar

 

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Héctor Tajonar

La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar que el mandatario y sus allegados sean juzgados por actos de corrupción durante los próximos nueve años está a punto de consumarse. La operación “blindaje presidencial” pretende cancelar la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) –y, en consecuencia, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)– mediante argucias legales y componendas partidarias a fin de imponer una impunidad institucionalizada en beneficio del selecto grupo que presuntamente integra la cima de la corrupción política del país.

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